El diputado nacional por el Frente de Todos Leopoldo Moreau, integrante del Instituto Patria y muy cercano a Cristina Fernández, convocó para esta tarde a las 14 a reunión de la Comisión Bicameral de Inteligencia. La intención del oficialismo es avanzar con una fuerte denuncia contra la gestión anterior: en línea con la presentación judicial de la interventora de la Agencia de Inteligencia, Cristina Caamaño, sostienen que durante el gobierno de Mauricio Macri “hubo un sistema de espionaje y de extorsión” que tuvo como epicentro las oficinas de 25 de Mayo 35.
Moreau preside desde mediados de marzo la Bicameral Permanente de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. Creada por la Ley 25.520, la comisión fiscaliza el accionar de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Tiene otra particularidad: se reúne en forma reservada y no pública como en cambio ocurre con casi todas las demás comisiones. Por lo tanto, en el marco del COVID-19 y el aislamiento social, no puede sesionar en forma remota porque los debates no pueden subirse a la red ni transmitirse a través de ningún sistema. Por eso la cita a los 14 integrantes del cuerpo es para una reunión presencial que tendrá lugar en el Salón Delia Parodi de manera de resguardar la distancia social y la seguridad sanitaria.
El temario es amplio. Lo más importante sin embargo se deriva de dos hechos ocurridos en los últimos días. Primero, la denuncia de Cristina Caamaño, ex jueza integrante de la agrupación Justicia Legítima, que requirió a la Justicia investigar tanto a Gustavo Arribas como a Silvia Majdalani, ex director y subdirectora de la AFI. Como interventora del organismo denunció la instrumentación de una red de presunto espionaje ilegal a personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y policías durante el gobierno de Cambiemos. Aportó información de un disco rígido y hasta solicitó la indagatoria del ex presidente Mauricio Macri de quien dependía el organismo.
En ese contexto no sorprendió en el Congreso que Moreau citara a la Bicameral. Ayer además otro kirchnerista, el diputado santafesino Marcos Cleri, presidió la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo y sometió a un nuevo debate y firma de dictamen para declarar la invalidez de dos decretos de necesidad y urgencia que ya habían sido tratados y sobre los que incluso se había dictaminado. Ambos se referían al traspaso de las escuchas telefónicas del ámbito de la Procuración General a la Corte y a dos jueces de Cámara. La oposición sostuvo que no era reglamentario, y senadores y diputados del PRO y la UCR abandonaron (en los hechos, se desconectaron) la reunión que se desarrollaba en forma remota.
Moreau también avanzará sobre la AFI macrista. Le pidió ayer a Caamaño una copia de su presentación judicial. Está convencido de que hubo un sistema de espionaje y persecución contra la oposición, contra Cristina Kirchner y contra aliados y hasta referentes propios. Según la información de la interventora de la agencia de inteligencia, se apuntaba a políticos, sindicalistas, periodistas y hasta dicen que se colaboraba con periodistas para que pusieran en la agenda pública algunos temas. Deberán discutirlo, analizar si es información que se pueda probar y en tal caso iniciar una investigación en una subcomisión ad hoc que, si consigue pruebas, presentaría una denuncia penal.
El kirchnerismo busca probar que hubo un área de contrainteligencia y un Departamento Legal en la AFI para impulsar causas judiciales en tribunales. Cristina Kirchner fue quien más denunció haber sido víctima de este esquema.
Aseguran además que las fuerzas políticas que tenían en la mira, aunque no las únicas, eran el partido Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella; el PJ de Buenos Aires y, entre otros, el PJ de La Matanza. Algunos de esos datos fueron recogidos de supuestos mails espiados en los últimos cuatro años.
“Se violó la ley de inteligencia”, es el comentario más suave que se escucha en la dirigencia del entorno kirchnerista.
El otro hecho que señalan en el oficialismo como clave es la denuncia que la semana pasada hizo, ante algunos miembros de la comisión, un ex agente y ex funcionario del Ministerio de Defensa macrista, por lo que lo señalan como “arrepentido” de la gestión anterior. Se trata de José Luis Vila, ex subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa durante la gestión de Oscar Aguad. Vila fue agente de la ex SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) durante más de una década y hasta aportante en la campaña de Macri en el 2015.
El miércoles pasado el ex funcionario de Cambiemos denunció lo que ya había denunciado ante la Justicia, que hubo espionaje ilegal, y además dijo haber sido víctima él mismo de ese esquema y de hechos de intimidación. En la puerta de su casa, denunció, se halló un artefacto que hizo explotar la división de Explosivos de la Policía Federal. Dicen que Vila tenía cuentas pendientes con Arribas, que lo desplazó de la SIDE a Defensa y prescindió de su experiencia a favor de Majdalani.
En la agenda de la Bicameral también está previsto analizar el cambio en el manejo de fondos de la AFI (el presidente Alberto Fernández anunció que los gastos reservados se utilizarían en la lucha contra el hambre) y la bancarización de los agentes cuyos haberes fueron blanqueados. También se considerarán algunos oficios enviados a distintos jueces con denuncias sobre la violación de la Ley de Inteligencia.
“Hay una decisión política de no dejar estos hechos en la impunidad”, respondieron a Infobae distintas fuentes al ser consultadas sobre el avance tanto en dos bicamerales como en la Justicia contra la gestión de Macri. Y recordaron que en su discurso de asunción y en la Asamblea del 1 de marzo Alberto Fernández anunció que avanzaría sobre la deuda contraída en la gestión anterior y sobre “el sistema de espionaje y extorsión”. “Eso funcionó en la AFI en connivencia con la mesa judicial”, señaló un dirigente que suele defender a Cristina Fernández de Kirchner.
La Bicameral tiene catorce integrantes. Además de su presidente, Moreau, por el oficialismo la integran varios kirchneristas que podrían encuadrarse entre los de 'paladar negro’. Están los diputados Rodolfo Tailhade; Eduardo Valdés y Blanca Osuna, y los senadores Sergio ‘Oso’ Leavy; Martín Doñate; Oscar Parrilli (ex titular de la AFI) y Gerardo Montenegro, que participa en el Frente de Todos en nombre de los legisladores santiagueños que responden al aliado Gerardo Zamora. Por Juntos por el Cambio además del vice de la comisión, Juan Carlos Marino (la presidió antes que Moreau), están los senadores Oscar Castillo y Pamela Verasay y los diputados Cristian Ritondo, Sebastián García de Luca y el radical José Cano. En los números son ocho oficialistas y seis representantes de la oposición.
Las últimas dos semanas el Frente de Todos y Juntos por el Cambio consensuaron una agenda de temas para debatir en el recinto. Incluso el jueves pasado en el Senado se aprobaron las primeras tres leyes en forma remota y por unanimidad. No parece ser esta la semana de los acuerdos. Más bien, todo lo contrario.
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