La dilatada presentación del llamado impuesto a la riqueza amenaza la momentánea paz en el Congreso.
El jueves por la tarde hubo una muestra fugaz de las diferencias. Ya en sesión virtual la oposición intentó tratar sobre tablas el decreto presidencial 457 que permite al jefe de Gabinete reasignar partidas en el marco del COVID-19. El DNU tenía dictamen de comisión pero no estaba en el orden del día. Aunque sumó a nueve diputados de otros bloques, Juntos por el Cambio perdió la votación por 118 a 125. Si bien no había chances de lograr los dos tercios necesarios, podría haber obtenido una victoria simbólica en caso de haber convencido al bloque Unidad y Equidad que preside José Luis Ramón y al Interbloque Federal que lidera Eduardo ‘Bali’ Bucca, que acompañaron en cambio al Frente de Todos.
La ecuación dejó en evidencia la importancia de los “chicos” cuando los bloques mayoritarios no pactan.
Toda modificación impositiva debe pasar por el Congreso. Y todo nuevo impuesto debe tener como cámara de inicio la de Diputados. De los 257 integrantes de la cámara baja, 119 pertenecen al Frente de Todos. Juntos por el Cambio tiene 116; el Interbloque Federal tiene 11; la izquierda dos; el Movimiento Popular Neuquino una y Unidad y Equidad Federal, ocho. Los no oficialistas suman 138.
Máximo Kirchner y Carlos Heller aún no presentaron el llamado impuesto a la riqueza que gravaría los bienes personales que superen los $200 millones. Prometen hacerlo en el transcurso de la semana.
Un rápido sondeo de Infobae permite anticipar que la iniciativa podría aprobarse con condiciones y cambios siempre y cuando el oficialismo esté dispuesto a abrir una negociación. La cuestión es que las matemáticas no aplican 100% en política: también tiene que haber un acuerdo para que se discuta en comisiones y haya quórum en el recinto virtual, además de que el contexto no parece propicio para que el oficialismo avance con una estrategia de confrontación.
La respuesta entre los diputados de la oposición más dura, Juntos por el Cambio, es más o menos siempre la misma: “¿Qué proyecto? Yo no lo vi”. En una charla informal con Infobae el jefe del interbloque, Mario Negri, se negó a expresarse a favor o en contra. En su bloque hay diferencias internas respecto a la iniciativa y el gobernador Gerardo Morales se expresó a favor en el caso de que sea coparticipable.
“No sé si hay doble imposición, por ejemplo”, se atajó Negri sobre la importancia de conocer detalles más allá de lo que algunos llaman “el espíritu” del impuesto y resaltó que en las últimas dos semanas los legisladores han hecho “grandes esfuerzos por encontrar temas comunes”. Está convencido de que el debate sobre un nuevo impuesto generaría más roces que consenso.
Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, le transmitió a Sergio Massa su negativa a sentarse a discutir iniciativas conflictivas mientras se sesione en forma remota.
Massa, presidente de la Cámara, tampoco expresó su apoyo al proyecto y se mantiene distante: no parece querer generar una disputa después del reinicio de las sesiones y prefiere mantener un canal abierto con Negri, Ritondo y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica. Recordó en los pasillos del Congreso que el impuesto aún no se presentó y pidió en cambio poner el foco en una ley en la que coincide otra vez la mayoría parlamentaria: la llamada ley de economía del conocimiento para la que buscan un nombre que explique mejor sus beneficios. De eso habló por ejemplo con el ministro Matías Kulfas, y con la oposición: cómo renombrar una ley que esperan que genere condiciones para 180.000 nuevos puestos de trabajo y el ingreso de divisas en el marco de la pandemia. De hecho el proyecto, que ya tiene dictamen de comisión y podría debatirse esta semana en el recinto, fue elaborado a partir de iniciativas de varios diputados de distintos bloques.
La otra media sanción que Massa apunta a votar en la semana es la que habilitará la SUBE en todo el país y emprolijará el reparto de subsidios al transporte. En los primeros días se dijo que implicaría $3300 millones, pero ahora se habla de un ahorro de más del doble si a partir de los datos que blanquee el uso de la tarjeta sobrenúmero de pasajeros y frecuencias de los servicios, se rearma un esquema de subsidios distribuidos proporcionalmente.
En ese contexto la única señal a favor del impuesto extraordinario fue la reunión en Olivos en la que el presidente Alberto Fernández habló esta semana con Heller y Kirchner. Puntearon detalles de la iniciativa y hubo guiño presidencial a favor. Sin embargo, hay mensajes confusos. Fuentes del Frente de Todos admitieron que recién lo llevarán a Mesa de Entradas cuando decidan que se trate en comisión. Y el propio Heller admitió que no hay dificultades políticas para tratarlo pero sí técnicas, como los límites a un profundo debate que debería darse a la distancia y por Zoom. ¿Dirá lo mismo Cristina Kirchner, que el jueves abrió la sesión elogiando la fuerte discusión que protagonizaron los senadores Martín Lousteau y Carlos Caserio? Para ella fue la demostración de que a la distancia también se pueden discutir temas sin consenso.
Diputados y senadores más cercanos al pensamiento de la Vicepresidenta coinciden en la necesidad de avanzar. “Sería una herramienta muy justa que los que más tienen pongan más, hay multimillonarios que con poco esfuerzo podrían contribuir mucho”, respondió el senador Mariano Recalde.
Sin embargo, todas las fuentes consultadas señalaron que aún no hubo ni siquiera sondeos entre los bloques que podrían terciar a favor del oficialismo. Infobae hizo el conteo que permitiría anticipar un debate intenso pero con chances de aprobación.
Ya hay internamente conversaciones en cada bloque a partir de las informaciones periodísticas y las declaraciones de Heller que además de autor de la ley, por indicación de Máximo Kirchner, es presidente de la comisión de Presupuesto.
En el Interbloque Federal circula una propuesta que hizo Alejando ‘Topo’ Rodríguez, allegado a Roberto Lavagna. Tanto él como el jefe del grupo, Eduardo 'Bali’ Bucca, se habrían mostrado predispuestos a acompañar un impuesto extraordinario aunque sin dar una carta en blanco al Gobierno.
“Hace un mes y medio que hablan del tema y nunca vimos el proyecto. Si es un impuesto más a la clase media, no lo voto. Si, en cambio, el sentido es otro, lo que habrá que discutir es la finalidad de los fondos. Deben ir a sostener a las Pymes con créditos a tasa cero, a dos años de plazo y con seis meses de gracia. Es cuidar el trabajo y la producción nacional”, respondió a este medio Alejandro “Topo” Rodríguez, en su calidad de presidente del bloque Consenso Federal.
Bucca, por su parte, indicó que estaría a favor siempre y cuando el destino de lo recaudado sea la reactivación de la economía en la post pandemia. De todos modos es precavido y primero, aseguró, quiere verlo. En segundo lugar, analizar el destino. Su bloque a veces toma posturas comunes. Otras no: ya lo demostraron los cordobeses y también Graciela Camaño, que esta semana votó por tratar el DNU de la discordia.
En Consenso Federal, por ejemplo, no acompañarían el proyecto si se destina a subsidios o salarios. “Topo” Rodríguez hará una contrapropuesta que incluye una rebaja del IVA de un punto y medio porcentual a los bienes y servicios gravados con el 21% con lo cual se bajaría ese tributo a 19,5%. Y solicitaría destinar los fondos para créditos con tasa cero para las MiPYMES a devolver cuando pase la pandemia, a partir de diciembre o enero, cuando se prevé que podrían volver a producir normalmente.
Tampoco hablaron ni conocen el proyecto en el interbloque que preside el mendocino José Luis Ramón y que integran tres aliados del Frente de la Concordia Misionero, entre ellos Ricardo Wellbach. En principio aceptarían estudiarlo con el objetivo, aseguraron varios de ellos, de asumir una posición conjunta entre sus ocho integrantes. En general la opinión sería favorable.
Hay señales de algunos de ellos. Ramón, que había criticado el DNU 457, ayudó al oficialismo a bloquear su tratamiento y se ganó las críticas de Juntos por el Cambio y además ya se expresó a favor: “No lo veo mal", consideró. Del mismo interbloque, Luis Di Giacomo, diputado por Juntos Somos Río Negro, ya sentó públicamente su posición junto al senador nacional Alberto Weretilneck. Los rionegrinos resolvieron apoyar la presentación de un impuesto a la riqueza, al que consideran “justificable”, pero con condiciones: que sea “por única vez” y que sea utilizado exclusivamente con fines relacionados a la lucha contra el Covid-19. En tercer lugar pedirán que sea coparticipable “porque las provincias en la medida que están a cargo de la salud y seguridad están teniendo gastos especiales y distintos”, explicó Di Giacomo. Además, no estarían en contra de la propuesta del bloque que comanda Bucca respecto a que se incluya en el concepto Covid-19 la ayuda a la reactivación económica.
Desde la izquierda, Nicolás del Caño ya presentó un proyecto de impuesto que alcanzaría a todas aquellas personas que hayan declarado bienes por $100 millones, unas 15.000 personas cómo mínimo. Tanto él como Romina del Plá insistirán con su propuesta y con regular la asignación específica. Pero podrían acompañar.
Hasta ahora todos los detalles que trascendieron fueron los que dio el diputado Heller: sería un impuesto extraordinario para quienes declararon bienes por más de $200 millones, unos 11.300 argentinos. La alícuota arranca en 2% y se aplicaría en forma gradual hasta un máximo de 3,5% para quienes declararon un patrimonio superior a $3.000 millones hasta el 31 de diciembre del año pasado.
Heller y Kirchner ya se reunieron dos veces con el presidente Alberto Fernández para analizar el proyecto. En la primera ocasión también estuvo el ministro de Economía Martín Guzmán.
Según los cálculos del autor de la iniciativa, se aumentaría la recaudación e $250.000 millones y $300.000 millones, unos 3.500 y 4.000 millones de dólares.
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