Tras un acuerdo político con el histórico presidente del Tribunal de Cuentas provincial, el gobernador Axel Kicillof avanza con un recambio de funcionarios en el organismo clave que se encarga de auditar las cuentas públicas bonaerenses.
La votación se realizará este martes y según detalla la resolución publicada el viernes 22 serán desplazados el actual secretario Legal y Técnico, Felipe González Barlatay; el secretario de Modernización y Fortalecimiento Institucional, Hernán Jorge González; el secretario de Auditorías Financieras y Proyectos de Inversión, Leonardo Di Pietro; y la Secretaria de Actuaciones y Procedimiento, María Florencia Vezzeti.
Los desplazamientos cuentan con el visto bueno del presidente del Tribunal de Cuentas, Eduardo Grinberg. Un hombre de extracción radical que ocupa ese cargo desde 1987, cuando llegó de la mano del exgobernador bonaerense Alejandro Armendáriz. Tanto el presidente como los cuatro vocales del organismo ejercen sus cargos en forma vitalicia.
A pesar de haber sido lo suficientemente hábil como para atravesar sin mayores problemas las diferentes gestiones peronistas y los cuatro años de Cambiemos, Grinberg fue denunciado por nepotismo y manejos irregulares.
Entre estos cuestionamientos se destacan la contratación de su esposa, Susana Klurfan (ahora jubilada), y de su hijo, Ignacio Grinberg. Este último actualmente se desempeña como Asesor General de Gobierno Adjunto, en la Asesoría General de Gobierno bonaerense.
“Es una situación de gravedad institucional porque Kicillof va a tener mayoría en el tribunal que lo debe controlar a él. Nosotros nunca tuvimos mayoría, nos controlaba gente de la oposición”, explicó a Infobae el ex funcionario de Vidal y actual diputado provincial Alex Campbell.
Además, criticaron que la medida sea anunciada un viernes “antes de un fin de semana largo” y sea votada el primer día después del feriado. “Abrir el tribunal en este contexto de pandemia solamente para poner gente del oficialismo es sospechoso. Va en contra de las instituciones y lo deja sin un contrapeso", resumió Campbell.
Los reemplazos impulsados por Kicillof serán Gonzalo Sebastián Kodelia, como secretario Legal y Técnico; María del Carmen Sabugal, en la Secretaría de Modernización y Fortalecimiento Institucional; Alejandro Daniel Alegretti, a cargo de las Relaciones Institucionales y Profesionales; y Jimena Alonso como secretaria de Auditorías Financieras y Proyectos de Inversión. Mientras que Marta Silvina Novello, actual Secretaria de Relaciones Institucionales y Profesionales, pasará a encabezar la Secretaría de Actuaciones y Procedimiento.
Estos cambios significan el retorno de dos funcionarios (Sabugal y Novello) que habían sido desplazados en 2019 durante la gestión de María Eugenia Vidal.
A pesar de las quejas del peronismo, en ese entonces ingresaron Felipe González Barlatay, que trabajaba como asesor en la Subsecretaría de Coordinación Administrativa bajo la órbita del jefe de Gabinete Federico Salvai, y también entró Leonardo De Pietro, que ocupó la Tesorería del partido PRO de la provincia de Buenos Aires entre 2018 y 2019.
Por aquel entonces, el presidente del organismo se opuso a las nuevas designaciones con el argumento de que los candidatos no reunían “las condiciones requeridas” para los cargos.
Ante la consulta de este medio, desde el Tribunal de Cuentas explicaron que “lo que se está haciendo es retrotraer una situación que fue violentada por ellos en 2019”.
Según explicaron, “Vidal desplazó a gente con 20 años de carrera en el organismo un par de semanas antes de las PASO”.
En la votación del martes, podría darse un empate entre los dos vocales que responden a Cambiemos, Gustavo Diez y Ariel Pietronave, y los dos del peronismo, Daniel Chillo, cercano a Sergio Massa, y Juan Pablo Peredo, que cuenta con el respaldo de Martín Insaurralde. De ahí la importancia de la negociación con el presidente del organismo Eduardo Grinberg, el único que puede inclinar la balanza hacia cualquiera de los lados.
Desde la oposición aseguraron que Grinberg acordó con Kicillof para recuperar control dentro del organismo y para resguardarse de un posible juicio político.
“Es un disparate, no hay ningún proceso contra el doctor Grinberg, ni en el Consejo de Jury ni en ningún lado. Hay una denuncia de una ONG que se basa en una nota periodística que fue una operación. No hay un expediente en la Secretaría de Jury”, contraatacaron fuentes oficiales.
El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires cuenta con un presupuesto que supera los $900 millones para examinar los gastos públicas de los 135 municipios y de los organismos provinciales.
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