Armando Caro Figueroa: “Hoy, sin estabilidad, la flexibilización laboral sería dañina para los trabajadores”

“La flexibilización laboral tenía un cierto sentido en otra época de la Argentina porque había estabilidad monetaria, cambiaria y de precios, pero hoy, sin esa estabilidad, intentar flexibilizar el mercado laboral sería dañino para los trabajadores y no sería equitativo”. El que lo dijo es Armando Caro Figueroa, que en los años noventa era la encarnación del demonio para el sindicalismo porque quiso llevar adelante la flexibilización laboral y hoy, de regreso desde hace casi dos décadas a su Salta natal, donde trabaja como abogado, cuenta como una suerte de reivindicación que muchas de sus propuestas, algunas de las cuales quedaron plasmadas en leyes, son las promueve el gobierno de Alberto Fernández para proteger a los trabajadores en esta pandemia.

Es uno de los principales expertos en temas laborales del país y sus propuestas quedaron injustamente asociadas a la reducción de los derechos de los trabajadores. Esas ideas para favorecer el empleo tienen inspiración socialdemócrata: tras el golpe de Estado de 1976, se exilió en España y allí fue asesor de la UGT, la central obrera cercana al socialismo, y luego volvió al país en 1984 y fue subsecretario y secretario de Trabajo de Raúl Alfonsín (recomendado por el jefe del PSOE). De nuevo en Europa, asesoró a los ministros de Trabajo de Felipe González. Y en 1993, ya definitivamente de regreso a la Argentina, fue ministro de Trabajo de Carlos Menem, titular de la AFIP, vicejefe de Gabinete de la Alianza y candidato a vicepresidente de Domingo Cavallo en 1999.

Caro Figueroa es un gran crítico del modelo sindical argentino, único en el mundo y diseñado por Juan Domingo Perón, que tiene como eje el sistema de personería gremial, otorgada por el Estado al sindicato más representativo por rama de actividad. Esa potestad le otorga derechos exclusivos para intervenir en la negociación colectiva y administrar sus propias obras sociales, entre otros “privilegios” que rigen en forma monopólica y que los diferencian de los sindicatos con simple inscripción, que tienen menos derechos y carecen del decisivo “poder de lapicera”. Sin embargo, algunos fallos de la Corte Suprema de los últimos años han equiparado los derechos de los sindicatos simplemente inscriptos respectos de los que tienen personería.

En diálogo con Infobae, el ex ministro hace un análisis de las medidas adoptadas por el Gobierno en la emergencia, cuenta qué priorizaría hoy en una reforma laboral y opina sobre los cambios en el mundo del trabajo durante la pandemia.

“Hoy todo está cambiando -afirmó Caro Figueroa-. Crece el desempleo total o parcial por las suspensiones y también están cambiando las condiciones de trabajo, con el teletrabajo y las modificaciones en materia de salud laboral. Y también hay cuestiones de negociación colectiva que están cambiando, aunque ya habían empezado a modificarse cuando comenzó el gobierno de Fernández y los sindicatos admitieron que se postergaran las paritarias, algo impensable que no hubiera podido ni sugerir un gobierno no peronista. También hay una cierta descentralización forzada de la negociación colectiva, aunque las cúpulas sindicales se resistan. De hecho, la crisis económica y el aislamiento están obligando a que la empresa empiece a negociar con sus delegados o con la seccional local del sindicato. Todo esto está cambiando el viejo panorama, pero quienes se benefician con este modelo centralista lo van a defender. La centralización, desde el punto de vista estrictamente legal, no va a cambiar. Porque tampoco se lo propone cambiar el gobierno actual. El modelo de sindicato único con monopolio de la negociación colectiva se va a mantener.”

-¿Y la continuidad de este modelo sindical, centralizado y dependiente del Estado, hace que en una crisis tan grave como la actual mejore o empeore el grado de protección de los trabajadores?

-Por lo pronto, no lo mejora. Las cúpulas sindicales están a la defensiva para que no se toquen los pilares del modelo de sindicato único con personería ni los viejos convenios colectivos de 1975. Ahora, incluso con los efectos tremendos de esta crisis, el sindicalismo argentino no se muestra como una herramienta eficaz al servicio de los trabajadores para defender el empleo ni el poder adquisitivo ni un Estado de bienestar. Una crisis como ésta puede ser una oportunidad para que los trabajadores reflexionen sobre si este modelo sindical les sirve o no. Aunque también hay cúpulas empresariales que prefieren este modelo antes que el que permite una mayor libertad sindical y democracia interna. Este es un viejo tema de la Argentina desde hace 50 o 60 años.

-¿Por qué lo prefieren?

-Porque hay una especie de consenso estratégico entre la gran patronal argentina, sobre todo la del sector industrial, y la cúpula de la CGT: los empresarios no tocan el modelo de personería gremial ni de obras sociales, mientras que los sindicatos no tocan el modelo proteccionista que les permite a las empresas mantener una posición dominante en el mercado interno.

-Ese consenso del que habla, ¿incluye también no tocar los convenios colectivos de trabajo que fueron pactados mayoritariamente en 1975, es decir, en el siglo pasado?

-Esa es la tercera pata del pacto no escrito entre la UIA y la CGT. ¿Para qué se tocan únicamente los convenios? Para actualizar la escala salarial. Esto significa que el poder de dirección en la Argentina se mantiene casi intacto porque las condiciones de trabajo, el derecho a la información, el derecho a la participación y los comités de higiene y seguridad están en manos de la patronal. Distinto a lo que sucede en Europa o en países como Uruguay, donde ese poder de dirección está compartido con el sindicalismo. Entonces, la patronal argentina dice “yo con ustedes hablo solamente de pesos”, y por eso cuando hay estabilidad monetaria los dos sectores no saben para dónde moverse porque no hay de qué hablar. Cuando hay inflación, ambos respiran. Hay que tironear por el 8 o el 10 por ciento, pero decidir las condiciones de trabajo, las jornadas y su distribución, es facultad de la empresa. Eso no es bueno para la salud del sistema de producción argentino ni para luchar contra las desigualdades del sistema laboral, pero sí es bueno para que la cúpula sindical encuentre argumentos para decirle al trabajador que defiende el poder adquisitivo aunque luego, cuando haga las cuentas, no siempre resulte victorioso, y es bueno para el sector patronal porque dice “no les damos el derecho a la información, sólo pactamos la escala salarial”. Hay sectores más modernos que han logrado establecer unidades de negociación más productivas y es probable que a la salida de la crisis los empresarios se animen a negociar otras cuestiones con los sindicatos.

-De todas formas, por más que el gremialismo se abroquele en la defensa del modelo sindical, la impresión es que no puede evitar que haya sindicatos nuevos o dirigentes de sus propias filas que desafían el poder monopólico de las cúpulas.

-La novedad es que la crisis de empleo, salario y de condiciones de trabajo que estamos viviendo está forzando no sólo a que la vieja izquierda tradicional, la familia leninista, impugne el modelo sindical, sino que son los propios delegados, comisiones internas o seccionales de sindicatos de provincias o de alguna región los que están abriéndose camino y pactando suspensiones remuneradas o haciéndose cargo de controlar las condiciones de salud laboral, por ejemplo. Hay una especie de descentralización sindical de facto.

-Hay ideas que usted desarrolló cuando fue funcionario de Raúl Alfonsín o de Carlos Menem por las que fue muy criticado, como la flexibilización laboral. ¿Cree que sigue siendo necesaria una reforma de ese tipo?

-No me gusta defender lo pasado porque hubo cosas buenas, regulares y malas, pero muchas de aquellas instituciones que quedaron y que no pudieron ser derogadas, como la Ley de Empleo, el Seguro de Desempleo, el Procedimiento Preventivo de Crisis y el mismo artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Todo aquel instrumental que sonaba exótico en los años 90 hoy fue lo único que tuvo a mano el Gobierno para organizar las relaciones laborales en la emergencia. Ahora, una vez superada la emergencia, ¿volverá todo a la misma normalidad o habrá cosas que habrá que cambiar? Eso da para una discusión muy profunda. El mundo está debatiendo los problemas de la localización industrial, es decir, qué se va a producir en qué sitio. Algo que se cerró de alguna manera en los años 90 y ahora se esta reabriendo en Estados Unidos y en Europa, y según sea el resultado de ese debate habrá que ver si los sistemas laborales se adaptan o no y bajo qué condiciones. En la Argentina de aquel tiempo la flexibilidad tenía un cierto sentido porque había una estabilidad monetaria, cambiaria y de precios. Hoy, sin estabilidad, intentar flexibilizar el mercado de trabajo sería dañino para los trabajadores. No sería equitativo. Hay que repensar la forma de repartir las cargas.

-Si tuviera que hacer una reforma laboral hoy, ¿por dónde empezaría?

-A la distancia, ya que afortunadamente estoy lejos de la actividad política, lo primero que habría que hacer es resolver el tema de las obras sociales. Un sistema que hay que poner dentro de un sistema integrado de salud que atienda a todos por igual. No puede ser que un sindicato único con personería gremial administre los recursos de trabajadores que no están afiliados. Además, habría que democratizar cualquier injerencia del mundo sindical en las obras sociales. Lo segundo sería federalizar el sistema laboral de manera tal que el interior no siga expulsando mano de obra hacia el Gran Buenos Aires y desertice otras zonas. Es una gran trampa que se hizo en los años 40, cuando con un país totalmente diferente en su producción industrial, tenía cierto sentido la centralización. Hoy, eso no existe más. La federalización del sistema laboral, sindical y de negociación colectiva es imprescindible.

-El reclamo de libertad sindical suele ser visto por el poder político y económico como una puerta de entrada a la izquierda en los gremios. ¿Una mayor democracia interna favorece a los dirigentes combativos?

-El argumento de esas cúpulas políticas y empresariales es que si dejan que avance la libertad sindical, en lugar de tener sindicatos pacíficos y dialoguistas van a tener a la izquierda revolucionaria que va a quebrar la paz social. Es un argumento falso y, además, la experiencia comparada indica que allí donde existieron libertad sindical y democracia sindical las organizaciones obreras tendieron a una actitud de moderación y de conflicto pero dentro del orden constitucional. No es cierto que la libertad sindical haga trotskista a la mayoría de la clase obrera. Es un argumento para impedir que haya sindicatos libres en la Argentina.

-Hay quienes creen que algunos dirigentes son combativos cuando están lejos del poder. Una adaptación del famoso “Teorema de Baglini” al mundo sindical. ¿Coincide en que el ejercicio del poder modera las actitudes?

-Sí, cuando el dirigente sindical es responsable del empleo, las condiciones de trabajo o el salario, abandona la posición extrema porque va a tener que responder a sus trabajadores si firmó bien o no, o si la huelga que alentó estaba bien conducida. En cambio, en los sindicatos se dividen los roles. Hay algunos que pactan cualquier cosa, bajo la mesa incluso, y hay otros sindicatos de izquierda que contestan desde afuera. Es un sistema que existe en la Argentina y que es una ficción porque no genera los niveles de paz social que serían normales. La libertad sindical es un mandato de la Constitución Nacional y habrá que pasar por esa experiencia como muchos países: en España, cuando se suponía que después de los sindicatos franquistas venía el trotskismo, llegaron los sindicatos eurocomunistas o socialdemócratas y las cosas funcionaron razonablemente bien. Hoy, el poder real que tienen esos sindicatos es todavía superior al que tiene cualquiera de los gremios argentinos.

-¿Qué opina de las medidas que tomó el Gobierno en materia laboral durante la pandemia?

-Me parece que desnudan la precariedad del Estado de bienestar argentino. No teníamos en el momento en que comienza la emergencia sanitaria un sistema de seguridad social en condiciones de garantizar salarios, casos de suspensiones y despidos o un seguro de desempleo adecuado. No tenemos nada. Lo que hizo el Gobierno es trasladar ese costo enorme al sistema empresarial, que debía seguir pagando los salarios y las cargas sociales aun cuando el trabajador no cumpliera sus tareas y después ideó un sistema para ir subvencionando en parte ese especie de impuesto que está pagando el sector patronal. No se puede hacer un balance porque las medidas que está tomando el Gobierno, como el salario complementario o el IFE, no llegan a sus beneficiarios con eficacia con la que pudo haber imaginado. En el Norte eso se ve claramente porque las medidas que se diseñan en Buenos Aires tardan en llegar o no llegan nunca a la pequeña empresa local. En una situación similar, los países europeos apelaron a su sistema de seguridad social, con el Fondo de Garantía Salarial y el Fondo de Desempleo, y pudieron crear un sistema de prestaciones girando contra un fondo colectivo de seguridad social. Acá no hubo esa posibilidad y lo que está por verse es si ese dinero que invirtió el Gobierno para subvencionar los salarios fue suficiente, bien aplicado y no provocó un desorden mayor en la cuentas estatales.

-La CGT está obsesionada con reflotar un comité de crisis para consensuar medidas económicas. Alberto Fernández sigue prometiendo crear un Consejo Económico y Social. Usted estuvo cerca de los Pactos de la Moncloa y en la Argentina siempre se toman como modelo. ¿Hay posibilidades de que alguna vez se consolide el diálogo social en el país?

-Soy partidario de la búsqueda de consensos, pero pensar ahora en la Argentina que la salida de la crisis va a quedar en manos de las corporaciones, es soñar. Las corporaciones, tanto la sindical como la patronal-industrial, no están en condiciones de tomar las medidas que hace falta para salir de la crisis porque esas cúpulas tienen ese pacto que no van a traicionar ni romper que es sostener el modelo tal como está. Además, los Pactos de la Moncloa fueron entre los partidos políticos, no con los sindicatos, que, además, estaban en contra de esos acuerdos. Aquí lo que necesitamos es una acuerdo político con las fuerzas partidarias para ponerse de acuerdo en las instituciones que deben resolver el futuro del país, las cuestiones económicas y el reparto de las cargas que necesitamos definir. Más que en Pactos de la Moncloa, si uno busca un cierto modelo es posible pensar en lo que Perón llamó el Consejo Nacional de Posguerra, con expertos y políticos, para buscar las medidas que la Argentina necesitaba para salir de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Un Consejo Económico y Social no es el adecuado para resolver las grandes cuestiones que tiene el país porque la nueva normalidad no se va a parecer en nada a la vieja normalidad. Porque las condiciones de producción y de reparto de los poderes y de los recursos que se están discutiendo en el mundo hacen insuficiente un consenso obrero-patronal.

-Más lejos parecemos estar de un acuerdo político.

-No les veo a los dirigentes una actitud de búsqueda del consenso. El odio sigue siendo todavía una ley que rige la política en Buenos Aires y los núcleos más pujantes del país. Los políticos creen que hay que arrojar piedras al tejado del otro y que siempre hay otro que es culpable de lo que pasa. No hay ninguna vocación para hacerse cargo de compartir responsabilidades. Eso se ve hasta en cuestiones simbólicas donde cada uno tiene un ídolo, como Ramón Carrillo en estos días, por ejemplo, que inmediatamente se transforma en el antiídolo del otro. Eso me parece una muestra de subdesarrollo político lamentable que ya nos perjudicó mucho como país y nos va a seguir perjudicando. Si bien necesitamos un consenso político estructural, de largo aliento, eso requiere una especie de reconversión intelectual y moral de la clase política argentina. Tienen que olvidarse de las querellas minúsculas que solo apuntan a conservar el poder y a excluir a aquel que tiene la desgracia de ser opositor. Eso nunca fue bueno y ahora es pésimo.

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