En febrero el Gobierno nacional envió al Congreso una nueva ley de Economía del Conocimiento que reemplazaba a la de la gestión anterior. Sin poder tratarla en marzo por el COVID-19, paradójicamente fue la misma pandemia la que ahora le dio un nuevo impulso y, a pesar de un par de disidencias respecto de algún artículo, hubo unanimidad. Cerca de 70 diputados apoyaron el dictamen en reunión conjunta de las Comisiones de Comunicaciones e Informática y de Presupuesto y Hacienda. La iniciativa busca fomentar la industria del sector tecnológico, con exenciones impositivas que estimulen al sector y principalmente a las pymes.
Tras más de dos horas y media de debate, uno a uno los diputados se expresaron por la afirmativa y la votación a viva voz en una sesión telemática que duró casi 20 minutos. Acompañaron legisladores habitualmente enfrentados, desde los opositores Carmen Polledo, Karina Banfi, José Cano, Ezequiel Fernández Langan, Luis Petri, Luciano Laspina y Ricardo Buryaile a los oficialistas Carlos Heller, Gisela Marziotta, Marcos Cleri, Lucía Corpacci, entre las varias decenas que votaron a favor. La ley anterior, que no se pudo aplicar por la Emergencia Económica, también había sido votada de manera unánime.
El camino hacia la media sanción lo allanaron rápidamente en una charla política el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y el jefe del bloque del PRO Cristian Ritondo. De inmediato el interbloque de Juntos por el Cambio se puso a trabajar con funcionarios de esa cartera. Participaron los diputados José Luis Ramón, del interbloque Unidad y Equidad y autor de un proyecto sobre economía del conocimiento, y la radical Karina Banfi, vicepresidenta de la comisión de Informática y Comunicación, entre otros.
El plenario de las comisiones lo inició el presidente Pablo Carro, del Frente de Todos. La subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito, enumeró las modificaciones introducidas para alcanzar consenso. El objetivo, dijo, es que se “vuelva a generar empleo en sectores vulnerables”.
Un rato después se sumó el ministro Kulfas. “La mayor parte de los artículos se han mantenido”, aseguró sobre la ley de 2019 que no se aplicó. Y agregó que se impulsa la financiación a pymes, capacitación, una mirada de género, por ejemplo. “Buscamos promover mayor inclusión, tener un fondo específico para financiar a sectores pymes que muchas veces no acceden al financiamiento, a herramientas de capacitación. Es decir, poder generar un marco más general y también darles más certidumbre respecto al costo fiscal, a pensar en la estabilidad de los beneficios, en garantizar que las empresas que acceden a este beneficio y que cumplan con las condiciones de la ley tengan garantizado que en el plazo que dura esta ley van a poder seguir accediendo a estos beneficios que están claramente estipulados”, fundamentó.
A su turno, Banfi recordó que el proyecto de Cambiemos del año pasado era “una ley ideal”. “El trabajo que hicimos, planteando pautas que fueron aceptadas por el oficialismo, ha sido muy importante. Hay que acelerar este proceso, que va a crecer exponencialmente, porque estamos hablando también de respiradores, de telemedicina, de apps que facilitan la vida, de teletrabajo, hasta incluye la posibilidad de descubrir la vacuna para el coronavirus. Tenemos que apurarnos, nos corre la necesidad de un sector que quiere invertir en la Argentina”, advirtió.
Ingrid Jetter, del PRO, insistió en que las empresas “nos han pedido estabilidad jurídica”. Y desde La Pampa el diputado del Frente de Todos Hernán Pérez Araujo calificó la ley como “equitativa y solidaria" mientras destacó que “fortalece el federalismo” y elogió a los diputados que habían trabajado en la norma anterior. “Han hecho un aporte importante sin que haya significado un retroceso”, agradeció.
En el texto se establecen los límites de acceso a un régimen de promoción para aquellas empresas con una facturación total durante el último año del 70% en las actividades promovidas y de manera intensiva para incorporar conocimientos derivados de avances científicos y tecnológicos en sus productos, servicios o procesos productivos.
Para inscribirse en el registro, algunas empresas deberán cumplir al menos dos de los tres requisitos detallados, como mejoras continuas en la calidad de sus servicios, productos y/o procesos; inversiones en actividades de capacitación de empleados o destinatarios (con porcentajes según distintas categorías); e investigación y desarrollo.
En otros casos se solicitará acreditar exportaciones de bienes y/o servicios que surjan del desarrollo de alguna de las actividades promovidas.
Entre los cambios introducidos se sustituye el artículo 8 de la Ley N° 27.506 respecto a las contribuciones patronales. Los beneficiarios de la la nueva norma podrán convertir en un bono de crédito fiscal transferible por una única vez el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado. El incentivo se deberá aplicar al pago de los importes a abonar en carácter de anticipos y/o saldos de declaración jurada, en concepto de impuesto a las ganancias e impuesto al valor agregado, pero no podrá utilizarse para cancelar deudas anteriores.
A su vez se establecen incentivos adicionales: el monto del beneficio asciende al 80% cuando se trate de nuevas incorporaciones laborales, debidamente registradas, de mujeres; personas travestis, transexuales y transgénero; profesionales con estudios de posgrado en materia de ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; residentes de “zonas desfavorables y/o provincias de menor desarrollo relativo”; y personas que, antes de su contratación, hubieran sido beneficiarias de planes sociales.
Respecto del impuesto a las Ganancias, los beneficiarios de la ley tendrán una reducción del 60% tanto en las ganancias de fuente argentina como en las de fuente extranjera.
También se excluye a las empresas inscriptas en este régimen del pago de retenciones y percepciones del impuesto al valor agregado. Por otra parte podrán deducir del impuesto a las ganancias el monto equivalente a los gravámenes efectivamente pagados o retenidos en el exterior, en la medida en que dichos ingresos fueran considerados ganancias de fuente argentina.
El artículo 19 establece la creación del Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC), que se conformará como un fideicomiso de administración y financiero. Tendrán por objeto financiar actividades de capacitación y formación para fortalecer las actividades promovidas en la ley, apoyar inversiones productivas, financiar capital de trabajo, promover el desarrollo de empresas ambientalmente sustentables, fomentar la inserción comercial internacional de las empresas, las actividades de innovación productiva y nuevos emprendimientos. Las destinatarias serán las micro, pequeñas y medianas empresas y nuevos emprendimientos.
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