Una diputada oficialista propuso que el Estado se quede con una participación en las empresas a las que asiste por la pandemia

Fernanda Vallejos, además, aseguró que las compañías que “operan offshore o fugan divisas” deberían quedar excluidas de la asistencia económica que otorga el Gobierno

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La diputada Fernanda Vallejos junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner
La diputada Fernanda Vallejos junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner

La diputada oficialista Fernanda Vallejos planteó este domingo que si el Estado continúa ayudando a grandes empresas sería “razonable” que obtenga a cambio “una participación en el capital” de esas compañías.

La economista comenzó un largo hilo de Twitter señalando que la situación extraordinaria causada por la pandemia “demanda una fuerte capacidad de respuesta del Estado”.

Ante la emergencia sanitaria, consideró, el Gobierno tiene dos opciones: “aplicar una política de transferencia de ingresos de carácter universal o asignar los recursos únicamente a quienes cumplen con ciertos criterios”. Como es sabido, el oficialismo optó por el segundo camino.

En esa línea, la diputada aseguró que el hecho de que varios grupos económicos que han solicitado ayuda estatal para pagar sueldos “han protagonizado distintos episodios de fuga de capitales” o tienen “sede en guaridas fiscales” vuelve necesario que el Gobierno revise los criterios utilizados hasta el momento para otorgar fondos de ayuda.

Según explicó, resulta “injusto” que empresas que cuentan con recursos propios y tienen “probada capacidad” para afrontar los salarios de sus empleados soliciten ayuda estatal.

Esos recursos, que no “alcanzan para todos”, deberían ser destinados prioritariamente a las jubilaciones, a ampliar la cobertura o el monto del IFE o a la asistencia a las empresas en verdaderas dificultades.

Por eso, Vallejos propuso un criterio básico de exclusión que sería negarle la ayuda a todas las empresas “que operan offshore, fugan divisas y evitan tributar lo que les corresponde al fisco argentino”. Incluso, adelantó que presentará un proyecto de ley para complementar los criterios ya establecidos.

Finalmente, agregó que si el Estado decide subsidiar a los grandes grupos “sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”.

La semana pasada, el Gobierno decidió extender los beneficios del Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP) al mes de mayo, por lo que se acreditará por segundo mes consecutivo el auxilio a empresas privadas mediante el pago de la mitad de casi un millón de salarios y la reducción de contribuciones patronales, como medida para paliar los efectos de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Así quedó establecido por la Jefatura de Gabinete mediante la Decisión Administrativa 765/2020. De esta manera, el pago se realizaría el cuarto día hábil de junio, como ocurrió este mes con la ayuda para los sueldos de abril. La Anses transferirá a las cuentas de los trabajadores, en forma directa, un monto para cubrir el 50% del sueldo de bolsillo: la asignación no podrá ser menor a un salario mínimo (16.875 pesos) ni mayor a dos (33.750 pesos). El mes pasado, accedieron al beneficio 1.627.940 trabajadores de 158.731 empresas de menos de 800 empleados.

Hoy trascendió que el gobierno lanzará en los próximos días un “Plan de Auxilio, Capacitación e Infraestructura” para el sector turístico al que ya asignó $ 3.900 millones pero que el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, pretende engrosar con más fondos. El plan consta de tres “Fondos” con el que pretenden alcanzar a unas 2.000 empresas y a 20.000 trabajadores del sector, según un documento preliminar al que pudo acceder Infobae.

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