Un juez aceptó tratar el pedido de más de 100 abogados para que se restablezca de manera total el funcionamiento de la justicia, limitado por las medidas sanitarias dispuestas para la pandemia del coronavirus. Antes de resolver, el magistrado le pidió opinión al Gobierno Nacional y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los dos organismos demandados por los letrados.
Un grupo de 166 abogados presentaron el 6 de mayo un amparo colectivo en el que pidieron que la justicia sea declarada como una “actividad esencial” y que vuelva a funcionar de manera plena baja la modalidad de teletrabajo.
El caso quedó a cargo del juez federal en lo contencioso administrativo federal Santiago Carrillo que habilitó la feria judicial para tratar el caso. El magistrado dispuso el viernes pasado que antes de resolver deben opinar sobre el planteo del gobierno de Alberto Fernández y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Le dio tres días para enviar su postura.
Desde el 20 de marzo, cuando el Poder Ejecutivo implementó el aislamiento obligatorio, la Corte Suprema se sumó a la medida y dispuso una feria extraordinaria. Mediante la acordada 6/20 dispuso que se tramiten los casos urgentes que no admitan demora -como los pedidos de las personas detenidas-, limitó la presencia de personas en los tribunales, que en los juzgados trabaje el personal indispensable y habilitó la resolución de casos por medios tecnológicos.
Cada vez que el gobierno extendió la cuarentena, el máximo tribunal dictó una nueva acordada en la que ratificó el modo de trabajo de la justicia agregando cada vez nuevas funciones para realizar.
Pero un grupo de abogados entendió que después de dos meses de trabajo limitado se debía volver a un funcionamiento pleno a través del teletrabajo. Explicaron que la justicia es un servicio esencial y que el parate les significa un perjuicio económico.
“A estas alturas no brindar el Servicio de Justicia con regularidad resulta un auténtico disparate, que vulnera derechos constitucionales y supralegales, que por este amparo se buscan proteger. Es por ello que se solicita que el Poder Ejecutivo Nacional dicte en forma urgente un decreto de necesidad y urgencia que incorpore expresamente a la justicia como actividad esencial”, sostiene el amparo al que accedió Infobae.
Los abogados señalaron que “muchas actividades esenciales del Estado se continúan prestando normalmente” y enumeraron el sistema de salud, las fuerzas de seguridad y todas las estructuras del Poder Ejecutivo. Agregaron que “el sector privado tampoco está absolutamente limitado, muy por el contrario”. “Hasta algunos, por brindar un servicio esencial como los Bancos, fueron obligados a abrir sus puertas durante los fines de semana. Aparte de los Bancos, el periodismo y el sector agropecuario están exceptuados del aislamiento, personal de las empresas de servicios públicos también, toda la cadena de producción y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad funciona, las ferreterías están abiertas, el personal de mantenimiento y jardineros, los porteros de edificios, entre otros, y hasta en el último Decreto se ha exceptuado a los talleres mecánicos, gomerías y librerías”, señalaron en el amparo encabezada por la abogada Andrea Contreras.
Los letrados explicaron que la limitación laboral en la que se encuentran les genera problemas económicos. Señalaron que no están cobrando honorarios y que a pesar de eso no fueron alcanzados por ninguna de las medidas de ayuda económica y que deben seguir pagando los impuestos que tienen por su profesión además de los costos de alquiler de una oficina y todos los gastos que eso tiene.
A eso se suma que, a diferencia de los integrantes del Poder Judicial, los abogados no están exceptuados de cumplir el aislamiento.
Así pidieron la inconstitucionalidad de las acordadas de la Corte Suprema que fijaron la feria judicial extraordinaria y que mediante una medida cautelar -que es una medida de rápida tramitación- “el inmediato restablecimiento de la prestación del servicio de Justicia mediante la urgente, inmediata y definitiva implementación, puesta en funcionamiento y aplicación de las modalidades de “teletrabajo” en el ámbito de la Justicia Nacional”.
A la presentación inicial se sumaron otros abogados que hicieron llegar su adhesión al juzgado.
Como primera medida, el juez habilitó la feria judicial para tratar el caso. “Torna procedente la habilitación de feria, toda vez que la demora impuesta por el receso extraordinario judicial en la tramitación de estos actuados entraña un riesgo cierto e inminente de frustración de derechos que no podrían encontrar una protección oportuna en el caso de tener que esperar el transcurso de la feria judicial”, explicó.
Y el viernes pasado el juez Carrillo le pidió al gobierno y a la Corte Suprema que opinen sobre el amparo. Lo hizo porque la ley de medidas cautelares establece que se le debe pedir a la autoridad pública un informe sobre la demanda en su contra.
El magistrado les dio al gobierno y a la Corte Suprema tres días para responder. Luego de eso el magistrado quedará en condiciones de resolver.
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