El Gobierno les dará más poder a los piqueteros para evitar la protesta callejera durante la pandemia

El incremento de contagios de COVID-19 en las villas miseria y el impacto negativo que generó la cuarentena en los sectores vulnerables encendieron las alarmas del gobierno nacional, que entiende necesario avanzar en un plan de contención social destinado no solo a dar respuesta alimentaria rápida sino también un esquema de salida laboral hacia el futuro inmediato.

De aquella promesa de dar mayor ayuda social que lanzó el presidente Alberto Fernández a los movimientos sociales hace un mes en la quinta de Olivos, donde les dijo “ustedes son mis ojos”, en los barrios hasta ahora se potenció no solo la cantidad de contagios en los barrios populares sino también los niveles de pobreza por los efectos del aislamiento social.

En este contexto, tanto el Presidente como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el de Producción, Matías Kulfas, comenzaron a reforzar los programas de atención a los sectores vulnerables en dos tiempos. Uno para paliar en lo inmediato la situación alimentaria de millones de personas que viven debajo de la línea de la pobreza y otro para encauzar una salida económica a aquellas familias que más padecen la cuarentena.

La queja reiterada por la falta de alimentos a tiempo en las villas y las amenazas de distintos dirigentes de movimientos sociales para salir a las calles y avanzar con una ola de protestas alertaron al Gobierno. La sola posibilidad de que una multitud se congregue en las calles con riesgos elevados de contagio de COVID-19 hace temblar al Ejecutivo. Y por eso hará lo imposible para evitarlo.

“Sabemos que muchas familias están al límite de la paciencia quebrada y que hay que actuar de inmediato”, expresó un allegado al ministro de Desarrollo Social.

La advertencia también la deslizó el ministro de Salud, Ginés González García, ante Infobae durante una recorrida que hizo por el barrio de Longchamps en Almirante Brown para inaugurar un hospital modular. “El contagio en las villas es terrible por las condiciones en que se vive. Y el aislamiento es mucho más difícil de controlar. Nosotros cuidamos a todos pero con los más vulnerables estamos ayudando con más detenimiento”, dijo el ministro.

La entrega de la Tarjeta Alimentar, los planes sociales y la Asignación Universal por Hijo (AUH) no parecen alcanzar para atender el aumento exponencial de población vulnerable que pasó a la pobreza extrema al ritmo vertiginoso de la pandemia.

Para dar respuesta inmediata a todos estos reclamos y evitar una mayor debacle económica post cuarentena, el Gobierno ajustó los siguientes mecanismos de ayuda social:

Descentralización de compras. Desde el Ministerio de Desarrollo Social se pondrá en marcha en estos días un esquema de descentralización en la compra de alimentos para que la comida llegue rápido y en cantidad a los barrios. Luego del escándalo de sobreprecios se estableció un esquema más transparente y centralizado que contempla muchas barreras burocráticas. Pero con la lentitud del sistema, el Gobierno entendió que la ayuda alimentaria no estaba llegando a tiempo a la población vulnerable. Esta fue una queja reiterada de movimientos sociales alineados a la Casa Rosada como el Movimiento Evita o Barrios de Pie como aquellos más combativos como la CCC o el Frente 17 de Octubre.

De esta manera, tanto Cafiero como Arroyo decidieron avanzar ahora en un esquema de descentralización de las compras: los alimentos los obtendrán los movimientos sociales, los intendentes, las provincias e incluso las parroquias. “La idea es que haya un control estricto, pero a la vez que las compras se hagan en cada lugar para evaluar las necesidades reales de la gente y llegar rápido con la ayuda”, explicó un funcionario de la Jefatura de Gabinete.

El Estado controlará las compras descentralizadas de movimientos sociales, intendencias o iglesias en cada jurisdicción. Según explicaron en la Jefatura de Gabinete, la idea es continuar respetando la lista de precios máximos de compra de alimentos y al mismo tiempo adecuar mejor y más rápido las pautas nutricionales de cada comunidad en situación vulnerable.

En las últimas semanas, los movimientos sociales se quejaban porque en los barrios llegaban muchos cajones con arroz o fideos pero no había aceite o salsa para cocinarlos. Mucho menos verduras o frutas para mejorar la dieta alimentaria. Con la compra descentralizada, el Gobierno cree que la ayuda alimentaria será más directa y eficaz.

Se mencionó que desde la Coordinadora de Barrios de la Economía Popular (UTEP) le sugirieron a Arroyo imponer la ley de abastecimiento para exigir a los productores a entregar mercadería a tiempo y con precios del mercado. Pero en el Gobierno por ahora desecharon esta propuesta.

Comedores y merenderos. En este mismo esquema destinado a potenciar la ayuda alimentaria en los barrios más humildes para paliar la crisis en la pandemia, el Gobierno reforzará la ayuda en los comedores escolares con las viandas y en los 3.000 merenderos distribuidos a lo largo del país. La idea se complementa con los convenios con cooperativas y movimientos sociales para abrir más merenderos. También se le pidió al Ministerio de Defensa potenciar la presencia del Ejército tanto en el conurbano bonaerense como en los barrios del Gran Rosario, Córdoba y Tucumán para asistir en la entrega de alimentos. Se trata de potenciar la ayuda de reparto logístico en lugares críticos como lo viene haciendo el Ejército en los municipios de Quilmes, Moreno, La Matanza y San Martín.

Fondo de Economía popular. El Ministerio de Desarrollo Social ya está armando el andamiaje de un Fondo de Economía Popular, que tendrá un presupuesto inicial de 20.000 millones de pesos para generar la producción en pequeña escala por parte de los movimientos sociales y cooperativas en los barrios. La idea de este fondo es ofrecer créditos no bancarios a tasas del 3% anual para la compra de herramientas, máquinas e insumos en los rubros de la industria textil, el reciclado, la construcción, la producción de alimentos y la economía del cuidado. Arroyo está convencido de que esta es “la salida más potable” para aquellos sectores marginales que quedarán duramente golpeados tras la pandemia.

Por su parte, los movimientos como la CTEP, Barrios de Pie e incluso el Movimiento Evita plantearon en su momento que ese fondo de economía popular sea mayor. Se habló de un presupuesto de hasta 100.000 millones de pesos. Pero por ahora deberán contentarse con los $20.000 millones iniciales.

Tierras del Estado. En plan de recuperarse de la crisis con mano de obra y trabajo genuino muchos movimientos sociales plantearon al Gobierno la necesidad de trabajar las tierras del Estado en desuso. “Hay miles de hectáreas que el Estado no usa y que los movimientos sociales podríamos producir en alimentos”, dijo a Infobae Nahuel Beibe, secretario de la Corriente Nacional Martín Fierro, una organización alineada con el kirchnerismo puro. Esta propuesta no es la misma que una reforma agraria con incautación de tierras al sector agrario privado, en los términos que planteó en su momento Juan Grabois. Se trata simplemente de sacar provecho de las tierras estatales que no se usan.

Esta propuesta ahora está en estudio en el seno del Gobierno. Desde el Ministerio de Desarrollo Social admitieron que se trabaja en el análisis de la creación de un “Banco social de tierras” para darle productividad a terrenos en desuso que por ejemplo hoy tienen las Fuerzas Armadas o las distintas líneas de Ferrocarril.

Viviendas populares. Esta semana el presidente Alberto Fernández puso en marcha el plan de construcción y refacción de viviendas que destinará 28.992 millones de pesos para reactivar la economía en medio de la pandemia del coronavirus. La inversión está destinada a construir unas 5.500 viviendas en 2020, así como a refacciones de hogares a través de préstamos y a mejoras de infraestructura en barrios precarios, de acuerdo con un comunicado del Gobierno. La idea es que la mano de obra de estas viviendas surja de los movimientos sociales y la llamada economía popular. El tema generó un fuerte malestar en el gremio UOCRA de la construcción. Pero desde el Gobierno aseguran que ese plan apunta a contener a sectores muy vulnerables.

Seguí leyendo: