La historia que se cuenta en esta nota podría ser el guión de una ficción denominada “los negociados de la Argentina en pandemia”, pero está más cerca de una tragedia en la vida real. El 30 de marzo, el Gobierno de la Ciudad le compró a la empresa “E-ZAY SRL” 5 millones de barbijos. Fue una contratación directa por la emergencia sanitaria. Tres días después, sin consultar los antecedentes de esa firma ni recibir un solo barbijo, fueron transferidos por adelantado $162.350.000 (eran 170 millones menos los impuestos). Casi un 50% por ciento de los $340 millones comprometidos. La empresa beneficiada se dedica al rubro informático y al negocio de los call center. Recién en febrero se inscribió ante la AFIP para vender insumos médicos. Traducción: oportunistas que vieron la ocasión para hacer negocios. Pero no fueron los únicos.
Hasta el jueves, cuando Infobae reveló el escándalo, la Ciudad había recibido apenas 150 mil barbijos. La respuesta fue una denuncia penal por estafa. Muy tarde. En la cuenta bancaria donde ingresaron los $162 millones, quedan apenas $2 millones. El resto del dinero se escurrió a través de unas 40 transferencias, según pudo saber este medio en fuentes judiciales.
El escándalo arrancó el 30 de marzo, con la adjudicación directa a la firma E-ZAY. La resolución lleva la firma del ex Subsecretario de Administración del Ministerio de Salud, Nicolás Montovio, el único funcionario que renunció hasta ahora por la compra de barbijos N95 a la empresa Green Salud, del abogado Ignacio Sáenz Valiente.
El 2 de abril, según pudo saber Infobae, la Ciudad transfirió $162.350.000 a la cuenta bancaria de E-ZAY, una empresa que simplemente oficiaba de intermediaria y ya había acordado la compra de barbijos con otra firma denominada MEDINSUMO SRL, con antecedentes en el rubro sanitario pero ninguna venta a la Ciudad. La avivada le costó muy caro. Ese mismo día, le transfirió $60.500.000 a su proveedor pero los barbijos jamás llegaron.
Luego de negociar durante tres semanas, el 24 de abril, la empresa E-ZAY presentó una denuncia penal contra MEDINSUMO. Según esa presentación, que ingresó a través de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo de Horacio Azzolin, y terminó en el juzgado criminal y correccional 40 y en la fiscalía a cargo de Mónica Cuñarro, la empresa dedicada a la informática dice haber sido estafada.
La empresa MEDINSUMO fue creada en 2011 con dos socios, María del Carmen Guasti y Julián Jorge Fleitas, con un domicilio en la calle Carlos María Ramírez 1434, en Nueva Pompeya.
El objeto inicial de la empresa era la “compra, venta, importación, exportación, representación, consignación y distribución mayorista y/o minorista de drogas, especialidades medicinales, insumos hospitalarios, equipamiento médico, material estéril o descartable, productos de higiene personal, insumos de ortopedia, biomédicos, odontológicos, equipos e insumos de laboratorios”.
Sin embargo, según documentos que recibió E-ZAY con el logo de MEDINSUMO, el responsable de esa firma es Damián Andrés Nevi, un farmacéutico de 39 años con antecedentes laborales en una docena de farmacias pero sin empleos registrados desde 2016.
El 3 de enero, menos de un mes después de declararse el primer caso de COVID-19 en Wuhan (China), Nevi le habría comprado el 100% de las acciones de MEDINSUMO a José Luis Callejas Chavez, un médico boliviano que tiene registrada otra empresa de salud denominada “Callejas SRL”.
Con esos documentos, Nevi negoció durante dos meses con el fundador y actual apoderado de la empresa E-ZAY, Leandro Morbelli, quien ya encargó una copia de todo el intercambio de mensajes por Whatsapp a través de un perito informático reconocido en Tribunales.
La denuncia de Morbelli contra MEDINSUMO relata una serie de episodios confusos, que incluyen hasta un supuesto robo, en los primeros días de la cuarentena, cuando la circulación en las autopistas era escasa.
El primer episodio tuvo lugar en un galpón de la localidad de Ezeiza. El proveedor programó una cita con un representante de E-ZAY, pero nunca habría aparecido. Ahí comenzaron las excusas. Luego se pactó una entrega en un depósito de OCASA que tampoco se concretó. Nevi aseguró que le habían robado un camión en uno de los accesos a la Ciudad. Al día siguiente, se comunicó diciendo que ya había recuperado los barbijos y prometió devolver el dinero. La promesa nunca se concretó. En el último contacto, Nevi dijo que estaba en Rosario (Sante Fe) tratando de conseguir barbijos.
El Ministerio de Salud de la Ciudad no desconocía lo que estaba pasando. Santiago Costabel, a cargo de la Dirección General de Abastecimiento en Salud, habló e intercambió mensajes con los responsables de E-ZAY, que para ese momento ya habían cobrado casi $170 millones.
Costabel también aparece vinculado al primer escándalo de barbijos en la Ciudad. Como reveló Infobae, el expediente administrativo para comprar barbijos N95 a $3000 pasó por sus manos. Es más, una fuente a la que tuvo acceso este medio asegura que también vio la factura por esa operación que luego desapareció.
¿Cómo llegó Green Salud a vender barbijos? Todavía no apareció el responsable de esa intermediación en plena pandemia. Tampoco se sabe cómo aterrizó la empresa E-ZAY en el Ministerio de Salud. Pero el escándalo impactó de lleno en el gabinete de Horacio Rodriguez Larreta. En la oposición hablan de blindaje y reclaman que avance con más velocidad una investigación dentro de la Legislatura.
La firma E-ZAY nunca había vendido productos sanitarios. Desde 2015 se dedica a la comercialización, distribución, importación y exportación de equipos de informática. También había incursionado en el rubro de los call center. Recién en febrero de este año se inscribió a la AFIP para vender instrumental médico, odontológico y artículos ortopédicos.
Hay más. No tiene página web ni redes sociales. Y los dos teléfonos de contacto que presentó ante la Ciudad no funcionan. Además, registra varios cheques rechazados y deudas como empleador del año 2018.
Por el escándalo de los barbijos, hay un cruce de expedientes judiciales. El Gobierno de la Ciudad hizo una denuncia ante el fiscal porteño Maximiliano Vence, que está a cargo de todas las causas derivadas del COVID-19. Pero la empresa E-ZAY se adelantó con otra denuncia que está en manos de la fiscal Cuñarro. “La Justicia contravencional de la ciudad no es competente en estafas”, le dijo a Infobae.
A su vez, un juzgado federal de Morón investiga a uno de los involucrados en este caso por otra maniobra sospechosa con la compra de barbijos. En las próximas horas podría haber novedades en ese expediente.
Vence es el mismo fiscal que investiga la compra de los barbijos N95 que estaban vencidos. En ese expediente, ya hizo un descargo Nicolás Montovio, el funcionario que tuvo que renunciar y ahora está siendo investigado. Un dato curioso, el fiscal y Montovio trabajaron juntos en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Vence fue designado en 2016, durante la gestión de Martín Ocampo, en la Dirección General de Coordinación Operativa, y estuvo hasta marzo de 2018, cuando regresó al Ministerio Público. En esa época, Montovio cumplía funciones en ese mismo ministerio como enviado del jefe de Gabinete Felipe Miguel. Concretamente, participaba de una mesa junto a la Nación por los piquetes en la Ciudad. “Compartieron varias reuniones”, confirmaron ex funcionarios de esa cartera.
Volviendo al escándalo de los 170 millones, casi no hay rastros del dinero. Fuentes de la empresa E-ZAY confirmaron que hubo un pago a MENDISUMO de $60.500.000 y luego se hicieron transferencias a otras empresas para comprar barbijos y tratar de cumplir con el contrato. “La empresa compró 1 millón de barbijos, la Ciudad no los quiso aceptar en base a un dictamen de la Facultad de Medicina. El viernes se entregaron 200 mil más y hay un cronograma para seguir entregando”, argumentaron. También aclararon que la firma pagó un seguro de caución millonario.
En el Ministerio de Salud confirmaron a este medio que el viernes llegaron 200 mil barbijos, pero dijeron que están “sujetos a controles junto con el análisis de la documentación”. Sobre el millón de barbijos rechazados, las mismas fuentes explicaron que "no cumplían con los requisitos técnicos”.
El fiscal Vence congeló la cuenta bancaria de E-ZAY y se encontró con un saldo de apenas $2 millones. El resto del dinero fue a parar a varias empresas a través de 40 transferencias, confió una fuente judicial, lo que demostraría una intención para intentar licuar esos fondos.
Ademas, la Justicia investiga si hubo sobreprecios. E-ZAY le iba a cobrar a la Ciudad $68 por cada barbijo tricapa de la marca DIMEX logrando una enorme ganancia. El Observatorio del Derecho a la Ciudad había denunciado que la empresa fabricante de esos mismos barbijos, CINMOR SRL, le vendió esos insumos a la Ciudad a la mitad de precio. “La empresa hizo una estructura de costos, teniendo en cuenta todos los impuestos que hay en este tipo de compras al Estado, y la Ciudad lo aceptó”, argumentan desde la empresa.
En el gobierno porteño hay preocupación por las derivaciones políticas del escándalo. Rodríguez Larreta espera los avances de la causa judicial para tomar decisiones.
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