A poco más de un año de los asesinatos del diputado nacional Héctor Olivares y de su asesor y amigo Miguel Yadón, el juez que tiene a cargo la investigación del ataque ocurrido el 9 de mayo de 2019 en la plaza de Congreso, dio por clausurada la etapa de instrucción y la fiscal ya prepara el requerimiento de elevación a juicio de los nueve imputados que tiene esta causa.
De esta manera, próximamente podrían ser juzgados los presuntos responsables del crimen que terminó con la vida del funcionario riojano y del legislador de la UCR, que falleció unos días después de la balacera en el Hospital Ramos Mejía, en el barrio porteño de Balvanera.
Luego de que la Cámara del Crimen confirmara casi en su totalidad el último auto de procesamiento que dictó en diciembre, el juez en lo Criminal y Correccional 16, Mariano Iturralde, le envió los 37 cuerpos -7.400 fojas- del expediente a la fiscal Estela Andrades, quien ahora trabaja en la redacción de lo que será el pedido de juicio oral para los procesados.
A un año de este doble asesinato que conmocionó al país por el sitio donde ocurrió y quiénes fueron las víctimas, al punto que al principio se especuló con un “atentado a la democracia” o con algún tipo de “venganza personal”. Sin embargo, Iturralde llegó a una conclusión distinta.
“El homicidio debió necesariamente responder al placer derivado de desahogar el instinto de matar sin motivo, o más bien por motivos banales, tales como probar el arma”, escribió el magistrado en el expediente, donde también destacó que es “difícil encontrar calificativos para tamaño desprecio a la vida humana”.
El hecho ocurrió durante la mañana del 9 de mayo del año pasado, cuando el diputado Olivares y su asesor Yadón se encontraban realizando actividad física en las inmediaciones del Congreso, algo que hacían de forma habitual antes de iniciar sus jornadas laborales.
De acuerdo con la investigación, cerca de las 6:50 de ese día, al pasar por segunda vez delante de un automóvil Volkswagen Vento que estaba estacionado detrás de un micro, desde el vehículo les efectuaron varios disparos.
Como consecuencia del ataque, Yadón cayó muerto de tres disparos –uno en cuello, otro en axila y el tercero en la pelvis-, mientras que Olivares recibió un tiro en el abdomen que lo dejó herido de gravedad y fue internado de urgencia.
El hombre fue intervenido en dos oportunidades, pero tenía comprometidas las funciones del páncreas, hígado y colon. Además, había perdido mucha sangre, tenía una falla renal y complicaciones respiratorias. Finalmente, el diputado falleció a las 19:25 del 12 de mayo, luego de tres días de agonía.
Los dos únicos detenidos en la causa, imputados como coautores del hecho, son los primos Juan Jesús Fernández, de 43 años, y Juan José Navarro Cádiz, de 26, ambos de la comunidad gitana. Están acusados de “doble homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y por placer, así como también por el empleo de un arma de fuego, en concurso real con portación de arma de guerra”, que prevé una pena de prisión perpetua.
Según el expediente, ellos fueron los autores del ataque no sólo porque todo el derrotero, desde que llegaron a la plaza hasta que escaparon, quedó grabado en videos de 80 cámaras de seguridad de la zona que fueron recopilados y analizados por detectives de la División Homicidios de la Policía Federal, sino también porque en sus indagatorias, los primos reconocieron haber estado en el auto con el arma homicida, una pistola Bersa Thunder calibre .40 con mira láser, aunque se echaron la culpa uno a otro respecto a quién fue el ejecutor de los disparos.
En su última declaración, durante una reconstrucción realizada en febrero pasado en la plaza Congreso, Navarro Cádiz reconoció por primera vez que el arma era suya, pero dijo que fue su primo quien la manipulaba cuando él estaba agachado consumiendo cocaína y escuchó las detonaciones.
En cambio, Fernández siempre se mantuvo en sus dichos y contó que esa madrugada, mientras estaban consumiendo alcohol y cocaína dentro de su auto, su primo le dijo que tenías ganas de matar a su suegro y, desde el asiento del acompañante, extrajo un arma de la nada y comenzó a efectuar disparos apuntando con ambas manos y frente a su cara.
La pericia del barrido electrónico comprometió en este punto a Navarro Cádiz, ya que detectó restos de la deflagración del disparo de un arma de fuego en su mano izquierda y en tres de sus prendas: una campera, un buzo y un jogging.
La causa dejó procesados a otros siete imputados, aunque todos por delitos menores y sin prisión preventiva: las hermanas María Rosa Cádiz Vargas y María Argentina Cádiz Vargas, madre y tía respectivamente de Navarro Cádiz, junto a Juan Jesús Fernández Cano, hijo de Fernández, quedaron procesados por “tenencia de arma de guerra”.
A ellos se los acusa de haber retirado el arma homicida que había quedado tirada dentro del auto Vento de Fernández, en el garage de Bartolomé Mitre 1444, y trasladarla hasta la casa de Navarro Cádiz donde se secuestró.
También quedaron procesados por “tenencia ilegal de armas” halladas en los allanamientos en sus casas, la esposa y el padre del presunto tirador, Rocío Michel Montoya y Miguel Navarro Fernández, respectivamente, y Luis Cano, allegado a los imputados.
El noveno acusado que irá a juicio por “tenencia y suministro ilegal de armas de fuego” es Luis Felipe Quevedo, un vendedor de antigüedades de la ciudad bonaerense de Tandil que fue la persona que le vendió a Navarro Cádiz la pistola del doble crimen.
En tanto, Estefanía Fernández Cano, hija de Fernández, primera detenida de la causa y sobre quien se tejieron una serie de especulaciones respecto a una posible relación con alguna de las víctimas -algo descartado por la investigación-, quedó sobreseída en el último fallo de la Cámara del Crimen.
El recuerdo de sus compañeros
A un año del crimen, varios referentes de la UCR y de todo el arco político recordaron al fallecido diputado en las redes sociales y reiteraron el pedido de Justicia para condenar a los responsables del ataque.
Las autoridades del radicalismo incluso organizaron un homenaje virtual para el aniversario de su muerte y se comunicaron por videoconferencia entre ellos y con los familiares y amigos de Olivares. De este encuentro participaron dirigentes como Ernesto Sanz, Mario Negri, el senador Julio Martínez, el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, la titular del PRO Patricia Bullrich y el abogado Ricardo Gil Lavedra, entre otros.
“A un año del fallecimiento del diputado Héctor Olivares participé del acto homenaje que realizaron sus familiares y amigos/as. Nos comprometimos a implementar el año próximo la ley de su autoría para que estudiantes de tercer año prometan lealtad a la Constitución Nacional”, anunció el actual ministro de Educación, Nicolás Trotta.
Para participar a la distancia de este homenaje virtual, el ex presidente Mauricio Macri escribió una carta para la familia del diputado, al que calificó como “un hombre recto, de convicciones y sin dobles discursos”, en la que pidió recordarlo como “un gran luchador y defensor de las instituciones”.
En tanto, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnolli, a través de su cuenta oficial de Twitter compartió una foto del legislador nacional y aseguró que está “siempre" en su "recuerdo”.
“Hace un año nos dejaba el querido Héctor Olivares. Lo conocí mucho en nuestra cruzada por la defensa por la vida. Un hombre de enormes convicciones, y de quien recuerdo y destaco su tenaz compromiso por la democracia en La Rioja. Mi recuerdo y mi abrazo fraterno para su familia”, escribió, por su parte, la senadora Silvia Elías de Pérez.
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