La Justicia, sin cuarentena: las causas que se activaron en medio de la pandemia del coronavirus

A casi dos meses del inicio de la cuarentena obligatoria, la Justicia comienza a reactivar gran parte de las causas con impacto político que habían quedado detenidas por la pandemia e incluso dar impulso a otras que se generaron durante el aislamiento. La política, mientras tanto, no es ajena a esos movimientos, como lo demostró la Oficina Anticorrupción avisando su baja de la querella de una causa contra Cristina Kirchner y sus hijos, y desde la oposición acusando a su titular, Félix Crous; o la secretaría de Derechos Humanos pidiendo por el arresto domiciliarios de algunos presos, como Ricardo Jaime y Martín Báez.

Mientras tanto, una denuncia salpica al jefe de Gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta por la compra con sobreprecios de 1600 barbijos vencidos a una empresa que no tenía antecedentes. Y el juez Sebastián Casanello procesó a un grupo de empresarios de las firmas IECSA e ISOLUX, a las que se asocia con el macrismo. Si bien la feria extraordinaria sigue hasta el 24 de mayo, la Corte Suprema de Justicia dispuso que puedan tramitarse la mayor cantidad de expedientes posibles, pese a las condiciones que impuso el coronavirus. Infobae repasó qué está pasando en los expedientes.

Juicios

Los tribunales orales que juzgan causas de corrupción fueron noticia en los últimos días porque buscan reactivar esos procesos en el medio de la feria judicial y con algunos problemas para hacerlo, sobre todo en los procesos más grandes. Para poder darle soporte tecnológico a los juicios, el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó el jueves un convenio con ARSAT para avanzar en el desarrollo de una plataforma digital. “Ya se está trabajando y hay cierta urgencia. Nuestra idea es que en 15 días pueda estar”, le dijo a este medio uno de los consejeros que trabaja en el tema.

El Tribunal Oral Penal Económico 1 reanudará el martes el juicio oral al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray por las presuntas irregularidades en la importación en 2006 de un auto diplomático para la oficina comercial de Taiwán. El juicio había comenzado a principio de marzo, quedó suspendido por el coronavirus y como restaba el último tramo culminará por videoconferencia. “Tal vez en dos o tres semanas esté terminado”, adelantó a Infobae una fuente judicial. El martes declararán dos de los cuatro testigos que le quedan al caso. Luego serán los alegatos de las partes y finalmente el veredicto.

El Tribunal Oral que juzga el caso de la obra pública, en el que está acusada la ex presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el que tiene el caso por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez preguntaron si están dadas las condiciones tecnológicas para retomar los procesos por videoconferencia con un gran número de participantes: 50 conexiones en el caso de la obra pública. El juicio por la obra pública está en el inicio de las declaraciones de testigos y el de Báez cerca de su cierre. La AFIP y la Unidad de Información Financiera ya pidieron condena para el empresario y otros acusados, como sus cuatro hijos, y el juicio se suspendió en el alegato de la Oficina Anticorrupción. Aún no alegó el fiscal Abel Córdoba.

El caso tiene la premura de reiniciarse porque uno de los 24 acusados está preso. Es Martín Baéz, uno de los hijos de Lázaro arrestado desde febrero de 2019. La Secretaría de Derechos Humanos había pedido la prisión domiciliaria para el joven Báez, pero el TOF 4 lo rechazó. Ahora, el tema fue apelado a Casación. Lázaro Báez también está preso, pero no por la causa de la ruta del dinero K, sino por otras investigaciones derivadas de ese expediente. El TOF 4 ya recibió la elevación de las causa “M&P” y “El Entrevero”. Lázaro está en la cárcel por la primera de esas causas y en la segunda se le concedió el arresto domiciliario

El caso de Amado Boudou mereció un capítulo aparte. Condenado a cinco años y diez meses por la causa Ciccone, su defensa tiene en apelación un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. El 8 de abril el ex vicepresidente kirchnerista logró irse a su casa con arresto domiciliario. Su amigo, José María Núñez Carmona, que estaba en grupo de riesgo, no consiguió la misma suerte. Las dos decisiones estuvieron en manos de Daniel Obligado, que actuó como juez de ejecución del Tribunal Oral Federal 4. Sin embargo para el caso de Boudou, Obligado ni siquiera le consultó al Ministerio Público antes de resolver. El fiscal Marcelo Colombo apeló la decisión y hasta la consideró nula, pero Obligado postergó ese trámite para cuando terminara la feria. Días atrás, sin embargo, con la ampliación de temas que habilitó la Corte Suprema, Obligado concedió el recurso. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación escuchará esta semana los argumentos para decidir si Boudou debe volver a la cárcel.

Otros juicios también se “movieron” durante la pandemia, pero no porque se hayan reactivado las audiencias sino por los planteos que realizaron las “partes” y que tuvieron repercusión política.

El más relevante fue la presentación que hizo la Oficina Anticorrupción en los casos de Hotesur y Los Sauces, unificados en el Tribunal Oral Federal 5, en el que están acusados Cristina Kirchner y sus hijos Máximo -diputado nacional- y Florencia, entre otros. Allí, la OA, que depende de Presidencia, desistió de continuar como querellante, que es el rol de acusador privado.

Si bien en términos procesales la presentación tiene pocas consecuencias porque la acusación está en manos del fiscal Diego Velazco y, por ahora, la UIF permanece como acusador privado, lo cierto es que la decisión de abandonar la causa cobró un alto voltaje político. Por el rol que había tenido la OA en tiempos de Mauricio Macri, con Laura Alonso a la cabeza, impulsando causas contra el kirchnerismo y por la implicancia que tiene que el organismo se retire de la causa que es la más sensible para la Vicepresidenta, porque es en la que está implicada su hija, quien -según dijo- se enfermó por la persecución judicial en su contra. El titular de la OA, Félix Crous, un ex fiscal que integró Justicia Legítima, fue ahora denunciado penalmente por la oposición.

También el ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime activó el juicio que se inició en su contra en abril del año pasado por presunto enriquecimiento ilícito y otros casos, como la compra de trenes chatarra a España y Portugal y el expediente del Belgrano Cargas. La semana pasada su defensa pidió la nulidad del juicio en su contra. ¿Por qué? Porque dos de los jueces del Tribunal Oral Federal 6 que escucharon el debate hasta ahora -José Martínez Sobrino y Julio Panelo-, se jubilaron y por la nueva ley de retiro judicial ya no tienen estatus judicial para continuar en el juicio. El tribunal habilitó la feria judicial para tratar el planteo y les pidió opinión a todas las partes del juicio para luego resolver. Además, Jaime se arrepintió de haber desistido de su recurso e insistió ahora con el pedido de apelación domiciliaria, en medio del coronavirus. En redes sociales, defendió con fotos los trenes traídos de Portugal, alentado por la esposa de Julio de Vido, Alejandra Minnicelli, que le reclamó “no callarse nada” para que salga “toda la verdad del lawfare”.

La causa de los llamados “cuadernos de la corrupción” tuvo, en silencio, algunos movimientos. El Tribunal Oral Federal 7, a cargo del proceso, todavía no estableció la prueba que se analizará en el juicio ni la fecha de inicio. Sin embargo, en medio de la pandemia, habilitó la feria para tratar algunos planteos de los empresarios procesados. Es que las empresas involucradas en el caso que tienen sus cuentas embargadas y no podían pagar sueldos, impuestos y otras obligaciones. “Pidieron que se levantan las medidas cautelares. En algunos casos se aceptó los planteos y en otros no”, le explicó a este medio una fuente judicial. La Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, tenía en agenda antes del aislamiento obligatorio una audiencia para tratar cuestionamientos a decisiones del fallecido juez Claudio Bonadio, pero la convocatoria se postergó por la pandemia.

Mientras tanto, el caso D’Alessio también se mueve en cuarentena. Es que, por un lado, las acusaciones contra el falso abogado que había hecho el empresario Gabriel Traficante ya llegaron a juicio y el caso estará en manos del Tribunal Oral Federal 2, el mismo que sustancia el debate oral contra la ex Presidenta por obra pública. Pero además, en Dolores, el fiscal Juan Pablo Curi ya pidió mandar a juicio a D’Alessio junto a dos policías, un ex espía, el fiscal suspendido Juan Ignacio Bidone y otras dos personas por entender que formaron una asociación ilícita destinada a espiar y a extorsionar. Ahora, las defensas deben dar sus opiniones y el juez Alejo Ramos Padilla decidir si manda esta parte a juicio oral. Queda pendiente aún la revisión de los procesamientos firmados contra el fiscal Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro, entre otros planteos hechos ante la Cámara Federal de Mar del Plata aún no resueltos.

Las causas que nacieron durante el coronavirus

El coronavirus ha generado sus propias causas. No tienen que ver con la violación de la cuarentena sino con investigaciones penales frente a compras hechas por el Estado de cara a la pandemia. Una de ellas salpica al Gobierno de Alberto Fernández, otra al de Horacio Rodríguez Larreta, pero las dos apuntan a sobreprecios e irregularidades. La primero es por la adquisición de alimentos para los sectores más vulnerables de parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Daniel Arroyo; la segunda, por compras de barbijos en el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

La causa por la compra de alimentos está a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y del fiscal Guillermo Marijuan. Las empresas involucradas fueron allanadas y también se hicieron procedimientos en el Ministerio en busca de documentación. La Procuración de Investigaciones Administrativas sigue analizando: además de los precios por el aceite y las lentejas, ahora están bajo la lupa los contratos por fideos, harina y mermelada, azúcar y puré de tomates. La denuncia es por fraude a la administración pública, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

Por su parte, el fiscal de la ciudad Maximiliano Vence investiga la compra de los barbijos por parte del gobierno porteño. El fiscal hizo procedimientos en las empresas y en el Poder Ejecutivo en busca de información. Quien era subsecretario de Administración del Sistema de Salud, Nicolás Montovio, renunció al cargo y se presentó en la Justicia: dijo que no hubo estafa al Estado. Su versión quedó bajo análisis de los investigadores que siguen recolectando pruebas.

Otro expediente que se abrió en esta etapa fue para investigar los dichos de la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa. La magistrada dijo en una entrevista radial que durante el gobierno de Mauricio Macri había recibido presiones de parte de un funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación en diciembre de 2015 para analizar el caso del Memorándum con Irán. La vicepresidenta Kirchner se encargó acusar en las redes sociales a Juan Mahiques, ex subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y actual fiscal general de la ciudad de Buenos Aires.

Cuando Figueroa dijo a Infobae que no había mencionado a Mahiques, fue el senador Oscar Parrilli, mano derecha de la ex jefa de Estado, que instó a Figueroa a decir quién la presionó y anunció que pediría la nulidad de la causa por el Memorándum, que ya está elevada a juicio oral, sin fecha aún de inicio.

Diputados del Frente de Todos presentaron una denuncia penal para que se investiguen los dichos de la jueza. El fiscal federal Ramiro González, que tiene delegada la causa, habilitó la feria judicial para investigar el caso. Si bien el tema no es de los establecidos para tramitar en esta etapa, el impacto del caso fue suficiente impulso para hacerlo, indicaron a Infobae fuentes judiciales. También señalaron que el fiscal ya pidió las primeras medidas de prueba y esta semana recibió el audio de la entrevista a Figueroa en el programa “Toma y daca”, de la radio AM 750 y que, luego del análisis de sus dichos, la jueza será citada a declarar como testigo. Las fuentes precisaron que será a través de un pliego de preguntas porque, en su rol de magistrada, tiene la facultad de declarar por escrito.

Los otros expedientes que se movieron

La ex Presidenta está acusada de Memorándum con Irán, el expediente que nació con la denuncia de Alberto Nisman en enero de 2015 y en donde se denunció el encubrimiento para los sospechosos de haber volado la mutual judía, un atentado que en 1994 mató a 85 personas. Ya no tiene allí prisión preventiva, porque cayó en diciembre pasado, pero el caso se encuentra ante el Tribunal Oral Federal 8. La prueba todavía aún no fue despachada. Sin embargo, la figura de Ronald Noble, el ex jefe de Interpol, sigue entre tironeos en la causa.

Es que, tal como reveló Infobae en diciembre pasado, la defensa del procurador del Tesoro Carlos Zannini pidió tomarle declaración testimonial cuanto antes porque nunca pudo ser escuchado en la causa. Sus dichos, públicos, demostrarían -a criterio de las defensas- que nunca estuvieron en peligro de caer las alertas rojas y se caería toda la hipótesis de la causa. Sin embargo, un tramo de la causa quedó en instrucción -antes en manos del juez Bonadio, hoy en las de Marcelo Martínez De Giorgi-. Y allí Zannini pidió frenar un pedido de informes sobre Noble, en donde se lo investiga como presunto imputado. El juez Martínez De Giorgi rechazó ese planteo teniendo en cuenta que Zannini ya no era ya parte de la instrucción. Ahora, la defensa apeló ante la Cámara Federal, que responderá en los próximos días.

La causa por la muerte de Alberto Nisman, el fiscal que llevó adelante esa denuncia contra CFK, no tuvo grandes avances. La Cámara Federal confirmó una decisión del juez Julián Ercolini que había apelado la defensa del técnico informático Diego Lagomarsino. ¿El motivo? El análisis sobre unos teléfonos secuestrados en la casa de Lagomarsino y la potestad del fiscal Eduardo Taiano para seleccionar la prueba encontrada en ese lugar, en vez de que fuera el juez. “No van a encontrar nada, pero cuestionamos que sea el fiscal, que es una parte en el proceso, y no el juez el que analice los papeles privados de las personas (en este caso el celular)”, indicaron a Infobae en el entorno de Lagomarsino.

Una resolución que generó atención en el mundo político y empresario fue la que firmó esta semana el juez Sebastián Casanello, al procesar a los directivos de las constructoras IECSA e Isolux, junto a dos ex funcionarios kirchneristas, por las irregularidades en una licitación “amañada” para construir dos centrales termoeléctricas. Entre ellos están Héctor Sánchez Caballero, mano derecha del empresario Ángelo Calcaterra; y de Juan Carlos De Goycoechea, ambos procesados en el caso cuadernos. Ahora, los empresarios apelaron sus procesamientos y el tema quedó a estudio de la Cámara Federal.

Las llamadas causas Odebrecht también se sacudieron en estos días. Tras recibir los resultados de unas pericias que faltaban, Casanello decidió cerrar la investigación por las presuntas coimas que se pagaron para la ampliación de dos plantas potabilizadoras. Le giro el expediente “Odebrecht-Aysa” al fiscal Federico Delgado para que opine si hay que elevar el caso a juicio. Allí están procesados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, el ex secretario de Obras Públicas José López, y empresarios como Aldo Roggio, Carlos Wagner y Tito Biagini. En tanto, el caso “Odebrecht-Gasoductos” también tuvo novedades en estos días: la Cámara Federa reabrió una investigación contra De Vido y el ex secretario de Energía Daniel Cameron, por presuntos sobreprecios en uno de los tramos de la obra.

La Cámara Federal también tiene a estudio una serie de procesamientos, entre los que aparece el ex secretario de Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez y otros por presunto lavado de dinero; y el del empresario Cristóbal López por supuestas irregularidades en la construcción del acueducto Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia. López está siendo juzgado, junto a Ricardo Echegaray, en la causa conocida como Oil Combustibles. Ese juicio también se suspendió por el aislamiento. Por el momento no hubo planteos para reanudarlo, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

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