La CGT sigue sin encontrarle la vuelta a su relación con Alberto Fernández y la reunión de este jueves en la UOCRA simbolizó el momento tan incierto de la central obrera, en el que siente que no puede decodificar a un gobierno de su mismo signo político.
Tras cuatro horas de intenso debate, podría decirse que el saldo principal fue que la central obrera le pedirá al presidente Alberto Fernández que reactive un comité de crisis que ya fue existe, pero que se reunió apenas tres veces en un mes y medio. O que le solicitará la prórroga de una prohibición de los despidos y suspensiones que el primer mandatario ya anunció.
Pero el contacto presencial de la conducción cegetista con el resto del consejo directivo, más el agregado de algunos invitados, fue ideado por el tándem que conforman el cotitular Héctor Daer y los “independientes” (Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri) para amortiguar las inesperadas críticas que surgieron al acuerdo UIA-CGT para suspender trabajadores y, a la vez, de mostrarse abroquelados ante lo que interpretan como ataques de los que quieren desgastar su poder (léase Hugo Moyano).
Más que la actitud del jefe camionero, previsible, molestaron particularmente los cuestionamientos públicos del taxista Omar Viviani y del ferroviario Sergio Sasia, dos aliados, hasta ahora, de la coalición que maneja la central.
Sin embargo, el encuentro de una veintena de dirigentes sindicales, todos afectados por los efectos económicos de la pandemia, terminó siendo catártico y convirtió el malestar interno en un compendio de quejas contra el Gobierno. Uno por uno, los gremialistas relataron sus penurias. Por lo escuchado, todo empeoró desde que, hace 15 días, mantuvieron su último contacto mediante una videollamada. Los sindicatos siguen en apuros para pagar los sueldos de sus empleados, la baja abrupta de la recaudación desfinancia aún más las obras sociales y, para colmo, la ayuda del Gobierno no llega o lo hace a cuentagotas.
Por momentos, uno de los más desencantados parecía Daer, el más albertista por su amistad con el Presidente. Sobre todo cuando recordó que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, frenó la exención del pago del transporte público a los trabajadores de Sanidad, algo que el sindicato anunció dos veces a sus afiliados porque había sido avalado por el ministro de Transporte, Mario Meoni.
Otro dato impactante revelado por un encumbrado dirigente fue que el 40% de las empresas en crisis no pudo acceder al programa estatal que ayuda a pagar la mitad de los sueldos. Por eso un colega se animó a decir en voz alta: “La atención al problema sanitario no puede llevar a descuidar los problemas económicos”. Una definición que acumuló adhesiones entre los presentes, aunque le apunta al corazón de la estrategia de Alberto Fernández, que ha priorizado la salud y no el aspecto socioeconómico.
Las coincidencias gremiales, sin embargo, se terminaron cuando se comenzó a hablar de las obras sociales y se hizo un resumen de las gestiones de la CGT destinadas a garantizar el envío de fondos estatales. En ese momento, uno de los sindicalistas se quejó del criterio adoptado para distribuir entre las obras sociales el último envío de $4.000 millones que la Superintendencia de Servicios de Salud dispuso para compensar la deuda en concepto de tratamientos de alta complejidad.
Lo que siguió fue un desfile de quejas que apuntaron a la CGT porque, pese a haber logrado modificar una resolución de la Superintendencia que repartió esos fondos de manera “discrecional”, el resultado final tampoco conformó a la mayoría.
El tándem Daer-Independientes que maneja la CGT se comprometió a consensuar con todos los díscolos los próximos repartos de dinero que proponga la Superintendencia (ya lo habían prometido el mes pasado), pero quedó flotando la sensación de que el tema de las obras sociales es uno de los que más problemas generará para asegurar la convivencia pacífica de la dirigencia sindical.
Sobre todo porque, más allá de ese dinero que corresponde a una deuda del Estado que se va saldando de a poco (en febrero eran $15.000 millones y hoy bajó a unos $10.000), lo que todos los sindicalistas necesitan es que el Gobierno cumpla su promesa de dictar un DNU que disponga una multimillonaria ayuda adicional a las obras sociales para cubrir la caída en la recaudación.
Ya pasaron dos semanas desde que el ministro de Salud, Ginés González García, confirmó que estaban elaborando el DNU y todavía no hay noticias de esa norma que saldrá al salvataje de las obras sociales en rojo. Algunos ya piensan que ese auxilio nunca llegará.
El acuerdo UIA-CGT, que en los papeles parecía que iba a desatar una tormenta interna en la reunión de la UOCRA, terminó luego con respaldos unánimes por parte de la veintena de presentes. Había sido criticado públicamente por Viviani y por Sasia, pero en la reunión de anteayer el primero estuvo ausente con aviso y el segundo no insistió en sus cuestionamientos.
Después de todo, lo que Viviani y Sasia pusieron en discusión con sus críticas es que, según la impresión que comparten otros dirigentes, la CGT se ha transformado en una estructura manejada con puño firme por un grupo de cinco o seis dirigentes que no informan ni consultan a sus colegas. De todas formas, ante el peso de la crisis económica y la depresión por la falta de contención gubernamental, nadie pudo explicar por qué la central obrera es hoy un grupo de presión sin capacidad de presión.
El símbolo del momento que vive la CGT lo dio involuntariamente Gerardo Martínez, uno de los espadachines de la conducción cegetista, que ya no sabe qué hacer para que el Gobierno auxilie a la actividad de la construcción para salir de una crisis casi terminal. El líder de la UOCRA habla y se mueve fluidamente entre los funcionarios, pero no logra medidas concretas para reactivar a su sector y, sobre todo, para reanudar las actividades en el AMBA (en el resto del país comenzó a despabilarse la obra pública).
Esa misma tarde, Martínez no fue a un acto en la quinta de Olivos y prefirió enviar a un representante: allí se anunció la puesta en marcha de un plan de viviendas que fue promocionado por el Gobierno con bombos y platillos, pero, en realidad, no beneficiará a los trabajadores de la industria, formalizados, sino que está destinado a beneficiarios de planes sociales y cooperativas.
Ese tipo de desencantos acrecientan el malestar contra el Gobierno y son los que ayudaron a que en la reunión de la CGT en la UOCRA se pudiera sellar la paz interna. Temporaria, seguramente, pero cimentada por la insatisfacción ante un poder político que no resuelve en tiempo y forma una de las peores crisis del aparato sindical en toda su historia.
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