Cristina Fernández de Kirchner podrá volver a decir que fue protagonista de otra primera vez en Argentina: si todo sale como está en sus planes ella, que fue la primera presidenta electa y reelecta y que en 2019 fue electa Vicepresidenta, conducirá en el Senado el debate para la sanción de dos leyes con votación en forma remota. Impulsó el sistema Sergio Massa desde Diputados y avanzó con el consenso sobre dos proyectos que allanaron el camino parlamentario tras varios cortocircuitos entre oficialismo y oposición. En paralelo la Vicepresidenta jugó un juego al que no teme y casi disfruta: se embarró en un planteo judicial ante la Corte para lograr aval a la metodología de sesión virtual. Ambos salieron airosos y buscarán repetir esta semana. Diputados tendrá una nueva sesión ‘mixta’ el miércoles. Para el jueves 21 a las 14 se convocará a los senadores.
La principal oposición, Juntos por el Cambio, insiste en pedir sesiones presenciales. El acuerdo a distancia habilita la presentación de todo tipo de proyectos en la Mesa de Entradas pero sólo el tratamiento en el recinto de aquellos vinculados con el COVID-19, la pandemia y el impacto del aislamiento social y obligatorio.
En su discurso de cierre el miércoles casi de madrugada Mario Negri, jefe del interbloque opositor, advirtió: “Para los debates más importantes pendientes esperamos que los colegas puedan volver a sentarse en el recinto. Porque el debate parlamentario rico es cara a cara. El Parlamento es control, es comisiones a pleno, es donde se pide un juicio político o expone el Jefe de Gabinete”. Repiten el argumento los diputados y senadores de ese bloque opositor que al menos lograron que una representación de 40 legisladores de distintas provincias y partidos participe de los debates en el recinto o desde sus despachos.
El oficialismo, sin embargo, avanza con habilidad en iniciativas que eviten rozar la grieta. Incluso el Frente de Todos postergaría una semana más la presentación del llamado impuesto a la riqueza que ya tiene redactado el diputado Carlos Heller por indicación de Máximo Kirchner. “Temas conflictivos con esta modalidad no”, avisaron desde la bancada contraria. Se respeta para mantener la paz parlamentaria.
El miércoles 13, al inicio de la sesión de Senado y luego en la de Diputados, se aprobaron por unanimidad los respectivos protocolos para la modalidad a distancia. Eso incluye la votación remota también en las comisiones que deben discutir y emitir dictámenes sobre los proyectos a tratar. El uso del token y firma digital quedó legitimado.
Bajo ese paraguas protector de la pandemia seis comisiones sesionarán entre lunes y martes en Diputados, por lo menos dos lo harán en forma conjunta en el Senado, y además se convocó a la constitución de una comisión especial para avanzar en la fórmula de cálculo de las jubilaciones.
Con cinco meses de demora y a un mes del vencimiento del plazo estipulado en la ley de Solidaridad, diputados y senadores integrarán una Bicameral en cuya primer reunión estará el subsecretario de Seguridad Social, Luis Bullit Goñi. La convocatoria la hicieron el presidente de la Comisión de Previsión Social de Diputados, Marcelo Casaretto (Frente de Todos), y el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni.
Fuentes del Gobierno aclararon a Infobae que deberán tener en cuenta el contexto de una economía destrozada, con indicadores mucho más pesimistas que los que había en diciembre cuando se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria y determinó que debía acordarse una nueva en el transcurso de los siguientes seis meses. Para cumplir el plazo sólo quedan 30 días.
Del debate y análisis del nuevo índice de actualización de los haberes previsionales, ahora establecidos por decreto presidencial, participarán Casaretto como presidente de la Comisión de Previsión Social de Diputados; su vice el radical Alejandro Cacace; el presidente y vice de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos) y Luciano Laspina (Pro), y sus pares del senado Carlos Caserio (Frente de Todos) y Esteban Bullrich (Pro). También el presidente y la vice de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el pampeano Daniel Lovera (Frente de Todos) y la radical María Belén Tapia (UCR).
De acuerdo con la Ley 27.541 deberán revisar “la sustentabilidad económica, financiera y actuarial” y proponer “al Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales”. La modalidad será virtual.
Para el lunes ya fue convocado un plenario de las comisiones de Salud y Presupuesto con el objetivo de analizar la “Ley Silvio” que obtuvo media sanción en Diputados. Su autor, Eduardo ‘Bali’ Bucca, insistió ante Infobae con la urgencia que requiere esa ley: “Tenemos que evitar que haya enfermos y fallecidos en el sistema de salud”. De hecho con prevención, equipamiento y capacitación, tanto del personal como de instituciones médicas, no sería necesaria la segunda ley que establece pensiones para los familiares de fallecidos de ese sector. Silvio Cufré, enfermero de San Vicente, se convirtió en la primera víctima fatal entre el personal de salud después de que lo obligaran a asistir a su lugar de trabajo.
Si este lunes hay dictamen de comisión, como se supone que habrá, la “Ley Silvio” podría ser aprobada por unanimidad. Ya tuvo consenso en la cámara baja y se replicaría en la cámara alta. La segunda ley que podría sancionarse en forma remota es la eximición del pago de Ganancias para el personal esencial, tanto de salud como de seguridad. Incluye pensiones para familiares de trabajadores que se contagien en el ejercicio de la profesión. Sin embargo es casi simbólica ya que la mayoría del personal, por su nivel salarial, no llega al piso para pagar ese impuesto.
En Diputados en cambio se avanzará durante el lunes y martes en varias comisiones en paralelo. El consenso, sin embargo, se empezó a tejer en distintas charlas en el despacho de Massa donde se reunieron jefes de todos los bloques. Por el interbloque de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo, que preside el del PRO, le pasó al presidente de la Cámara y a Máximo Kirchner, presidente del bloque del Frente de Todos, una lista con 27 proyectos del espacio que acordaron con Negri y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica. En varios había coincidencias con iniciativas del oficialismo y se designaron delegados para trabajar en los cambios que habiliten el consenso. Incluso hay diputados opositores trabajando en línea con un par de ministros.
La agenda parlamentaria incluye las tele recetas o recetas digitales, la Ley de Economía del Conocimiento, la Ley de Educación Telemática y la Ley de Sube Nacional. Todas tienen un foco en el coronavirus.
Del paquete de proyectos el más polémico es el que refiere a la economía del conocimiento y que fija un sistema de promoción impositiva y un fondo de creación de start up tech. Para destrabar una iniciativa que se había estancado hubo varias reuniones de todos los bloques, Massa y el ministro de Producción Matías Kulfas. El texto está casi cerrado pero no completamente. Hay objeciones del bloque Unidad y Equidad Federal que preside José Luis Ramón e integran fuerzas provinciales y también de la izquierda. El oficialismo lo defiende: aseguran que ayudará a recuperar empleo. Ritondo aseguró a Infobae que “es el único sector que puede generar 100.000 empleos y el ingreso de divisas”
También el proyecto de la misionera Flavia Morales, que es de profesión docente, fue acordado con el ministro de Educación Nicolás Trotta y con varios bloques aunque aún genera observaciones entre algunos diputados y los dos diputados de la izquierda. Hay margen, aseguran en el Congreso, de modificar un artículo o varios. La clave es que la Ley de Educación prohíbe la modalidad por teleconferencia y al menos ese artículo es el que se pretende modificar.
En el caso de la instrumentación de la tarjeta SUBE en todo el país, también hubo aval del ministro de Transporte Mario Meoni, cercano a Massa, y charlas con los gobernadores. De todos modos aún resta el OK final del ministro de Economía, Martín Guzmán. La mayor traba es que la ley modifica el gasto del área en $3300 millones y mantiene por 120 días la excepción del pago de pasaje para los trabajadores esenciales.
La crónica del trabajo en voz baja evidencia una dicotomía: más allá de las peleas en los medios y en las redes sociales, o de las chicanas en el recinto, el fatídico virus habría obligado a la política a encontrar un rumbo de consenso que se mantendrá siempre y cuando no aparezcan proyectos conflictivos.
Ocurrió incluso el jueves en la ciudad de La Plata, donde a pesar de las culpas que el presidente Alberto Fernández cargó sobre las espaldas de María Eugenia Vidal, tanto los diputados de Juntos por el Cambio que responden a la ex gobernadora como los del Frente de Todos consensuaron varios proyectos. En la primera sesión remota que presidió el lomense Federico Otermin y les dieron media sanción a la regulación del funcionamiento de geriátricos en el marco de la Emergencia, con protocolos específicos de prevención; suspensión de ejecuciones por deuda en créditos hipotecarios, prendarios y contratos de locación; y la declaración de la Emergencia de Género. Incluso se ratificaron todos los decretos firmados por Axel Kicillof en el marco de la pandemia. Hasta votó a favor el diputado y ex subsecretario vidalista Alex Campbell, el mismo que horas antes había salido a responderle al Presidente en el nombre de Vidal.
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