El Gobierno nacional aceptó realizar algunas modificaciones al software de la app CuidAR para reforzar la protección de los datos personales de los usuarios.
La aplicación que presentó el Ministerio de Salud tiene por objetivo la prevención y el cuidado de la ciudadanía frente a la pandemia del COVID-19. Desde su fecha de lanzamiento, el pasado 23 de marzo, ya suma más de 2 millones de descargas, entre los usuarios de iOS y Android.
La plataforma es un desarrollo público-privado que se llevó adelante desde Jefatura de Gabinete junto a la Cámara de la Industria Argentina del Software, ARSAT, el Conicet y la Fundación Sadosky, entre otras entidades.
Principalmente, permite a quien se la descargue realizar una autoevaluación de los síntomas de coronavirus, así como también tramitar y portar desde allí el certificado único de circulación, que deben tener quienes realicen tareas exceptuadas durante el confinamiento.
Si bien no es obligatorio descargarla y utilizarla, desde el Gobierno la impulsan y sostienen que es “la mejor herramienta para llevar el certificado de circulación”, que sí es obligatorio para todas las personas que volvieron a trabajar con las actividades que se reanudaron esta semana.
Tras el anuncio de su lanzamiento, desde la oposición manifestaron su preocupación por la cantidad de información personal que la app almacena y por el uso que podría terminar dándole el Gobierno. Una de los puntos de mayor conflicto era el uso de la geolocalización.
En ese sentido, el equipo técnico de ciberseguridad y políticas de datos de Juntos por el Cambio, conformado por Samanta Maida, Alberto Crovara y Juan Ignacio Belbis, y la diputada nacional Karina Banfi, se reunió el pasado jueves con la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, para acercarle varias inquietudes y objeciones respecto a la aplicación.
Desde el Gobierno insistieron en que, más allá de las declaraciones públicas del Presidente, el uso de la app no es obligatorio y acordaron que los datos almacenados serán eliminados luego de que culmine la situación extraordinaria dictada por la pandemia.
Según los expertos de la oposición, hasta el momento no habían sido “lo suficientemente claras las respuestas respecto de los protocolos de seguridad establecidos para el resguardo de los datos, algunos de ellos reconocidos como sensibles por la propia autoridad competente en el tema (AAIP)”.
Asimismo, los responsables de la aplicación se mostraron de acuerdo con la necesidad de reformular los Términos y Condiciones de la aplicación, así como rever los permisos respecto del acceso a ciertas funciones de los equipos móviles en los que se instala la aplicación (uso y registro de los datos de geolocalización) asumiendo que esta función debería ser opt-in y no opt-out. Es decir, la geolocalización será un dato personal que siempre necesitará para su utilización por parte del Estado el consentimiento previo e informado del usuario, según ley de protección de datos personales y nuestra Constitución.
“Las medidas de seguridad tanto a nivel técnico como organizativo cumplen los marcos normativos y certificaciones de seguridad reconocidos mundialmente, incluyendo ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, PCI DSS Nivel 1 y/o SOC 1, 2 y 3 según corresponda. Estas medidas están diseñadas para evitar el acceso no autorizado o la divulgación del contenido y cuentan con cifrado de todos los datos en reposo y en tránsito”, publicó el Gobierno nacional en la página del proyecto.
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