Son hombres y mujeres que las 24 horas del día colaboran, desde sus puestos, para ganarle tiempo a la pandemia que ya mató a más de 300.000 personas en el planeta. El objetivo es “aplanar la curva” para darles tiempo a los sanitaristas a equipar los hospitales, elaborar mejores test para detectar de manera más rápida a los infectados con el SARS-CoV-2, o para que los científicos descubran una vacuna, también retroviral efectivo para curar a los enfermos. Desde hace exactamente dos meses, integran el comando unificado de seguridad que creó por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Federic. No son médicos, ni enfermeras ni camilleros. Se prepararon y capacitaron, sobre todo, para prevenir e investigar delitos complejos, para luchar contra el narcotráfico y las mafias; no para enfrentar a una pequeña pelotita de unas 70 millonésimas de milímetros que obligó a que en el mundo, miles de millones de personas se encerraran en sus casas.
Lo integran las cuatro fuerzas federales: Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). También lo conforman representantes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección de Inteligencia Criminal y el Comando Mayor Conjunto. Es un verdadero pelotón acompañado por civiles, que ya recibieron y analizaron las 10.447 llamadas al número 134 denunciando, por ejemplo, a los ciudadanos que después de volver del exterior de una zona endémica, no cumplieron con la cuarentena poniendo en riesgo a todo un edificio o parte de un barrio.
A 60 días de su formación en el marco de lo dispuesto por el presidente Alberto Fernández ante la emergencia sanitaria y la decisión de “incrementar las políticas de cuidado, prevención y mitigación del impacto del coronavirus” repasar algunos números quizás ayuden a revalorizar el trabajo diario y la elección de exponerse a una enfermedad que también afectó a un grupo de ellos.
Están afectados a estas tareas 42.600 efectivos de las fuerzas de seguridad desplegados en controles a lo largo y ancho de todo el país: 5.400 pertenecen a la Policía Federal Argentina; 17.000 son efectivos de Gendarmería; 15.100 son integrantes de Prefectura y 5.100 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Por día utilizan unos 1.400 vehículos y tienen vigentes más de 1.300 puntos de control.
La Policía Federal, realizó 75 traslados desde los aeropuertos de Buenos Aires hacia los 27 hoteles que Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño dispuso para aislar a los casos sospechosos por haber estado en contacto con algún enfermo de coronavirus, o haber regresado al país desde algún país con circulación viral. A esos lugares se les brinda cobertura las 24 horas.
Las PSA, junto al personal de Migraciones, recibió y controló más de 300 mil pasajeros. Recepcionó y clasificó unos 90.000 formularios de esos viajeros. Digitalizó más de 85.530 declaraciones juradas y colaboró en el traslado de casi 20 mil repatriados hacia distintas partes del país, desde Jujuy a Tierra del Fuego.
La Prefectura Naval Argentina, a través de un guardacostas ubicado a 240 kilómetros del Puerto de Buenos Aires controló a 123 buques y 2622 tripulantes de embarcaciones tipo portacontenedores, bulk carriers y tanques. También asistió a 8400 personas en el área de las islas del Delta del Paraná entregando 550.000 litros de agua potable.
A través de 228 micros también se trasladaron a los 9138 repatriados que ingresaron al país vía terrestre. 495 lo hicieron por el paso de Salvador Mazza Salta-Bolivia. Otros 736 lo hicieron por San Ignacio del Loyola Clorinda-Paraguay. Por el paso internacional Cristo Redentor Mendoza-Chile ingresaron otras: 1496 personas. Por Gualeguaychu Entre Ríos-Uruguay los hicieron 340. Por Paso de los Libres Corrientes-Brasil ingresaron otros 5880 repatriados.
Por el paso de Integración Austral Santa Cruz-Chile solo ingresaron 13 residentes en nuestro país. Por el paso fronterizo san Sebastián Tierra del Fuego-Chile, no ingresó ni una sola persona.
En cambio por el cerrado paso de Iguazú ingresó a la Argentina -también fue escoltado por las fuerzas de seguridad- el ex prefecto y represor Gonzalo “Chispa” Sánchez, capturado en Brasil y acusado de crímenes de lesa humanidad y de haber participado de los grupos de tareas de la ESMA que secuestraron y asesinaron al escritor y periodista Rodolfo Walsh en la última dictadura cívico militar. Ocurrió el pasado 13 de mayo por disposición del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
El ex integrante de Prefectura “era uno de los represores más jóvenes de la ESMA, y del temible Grupo de Tareas 3.3.2 de la Armada. Según se desprende de los testimonios que los sobrevivientes brindaron en la causa judicial contra “Chispa”, este integró el grupo operativo que emboscó al escritor y periodista el 25 de marzo de 1977 en el barrio de San Cristóbal, donde el autor de “Operación Masacre” e integrante de la organización Montoneros cayó asesinado tras resistir con una pistola calibre 22 con la que hirió a uno de sus atacantes.
Hasta el momento, los integrantes del comando unificado ya controlaron a 7.631.740 personas. De ese total, 79.669 personas cometieron infracciones por violar la cuarentena o por no tener los certificados al día para poder circular. 5.605.417 vehículos fueron controlados y 4.447 debieron ser secuestrados.
Durante los operativos que estas fuerzas realizan para colaborar en las acciones que se desarrollan contra la pandemia, los efectivos descubrieron grandes contrabandos, por ejemplo de cigarrillos que habían sido traficados desde Paraguay aprovechando el desabastecimiento que existe en el país ya que hasta hace menos de una semana las tabacaleras tenían prohibido fabricarlos.
En medio de la cuarentena y el aislamiento social y preventivo, las fuerzas de seguridad nacional -y también provinciales- capturaron durante los controles rutinarios por el COVID-19, a peligrosos delincuentes que hacía años estaban prófugos de la justicia, como uno de los sicarios de la banda de Los Monos en Rosario, acusado de asesinar de siete balazos a un policía.
Algunos de los números que valen la pena repasar y que marcan la presencia del Estado cuando se trata de colaborar en la lucha contra la nueva pandemia que tiene al mundo en jaque y que ya comenzó a golpear con más fuerza en la Argentina.