Alberto Fernández enfrenta una semana clave con un clima político enrarecido y una inquietante señal K

Cerca de Alberto Fernández aseguran que fue sorprendido por la movida de la Oficina Anticorrupción para dejar de ser querellante en las dos causas que más preocupan a Cristina Fernández de Kirchner. El impacto fue potente. Recreó la sospecha de un pacto inicial para liberarla de los casos por corrupción. La afirmación sobre la sorpresa presidencial, en boca de fuentes seguras, dice que no hay nada de eso pero expone de mínima y como contracara dramática la existencia de una interna creciente. Esa lectura es alimentada a la vez por otro elemento: la jugada de la OA tendría escaso sentido práctico pero enorme significado político. En cualquier caso, nada bueno como mensaje, externo e interno.

Los temas centrales que están a la vista de todos desaconsejarían sumar tensiones al panorama, pero lo realidad indica que la semana que asoma coloca al Presidente frente a decisiones de enorme peso y en un clima político enrarecido. De paso, la decisión de la OA, a cargo de Félix Crous –ex fiscal de recorrido como kirchnerista duro-, vino a oscurecer también el panorama para el anunciado reimpulso a la reforma judicial.

El aislamiento social para enfrentar el coronavirus –que ya viene exponiendo crujidos políticos- y la deuda –con pulseadas y vértigo frente al riesgo del default- casi coinciden en las fechas que pican la agenda inmediata. El viernes próximo está anotado como límite de negociación con los acreedores para evitar el precipicio, en medio del análisis de contrapropuestas y sin descartar definitivamente ninguna fórmula para cruzar ese límite. Y el mismo día, o durante el fin de semana, deberá ser definida la nueva etapa de la cuarentena.

Alberto Fernández había decidido hacer un ensayo para ampliar el temario. Decidió reanimar el proyecto de reforma judicial que había quedado congelado por la pandemia. Se verá cómo sigue, aunque sin precisión de fecha se dejó trascender que la iniciativa iría al Congreso ni bien afianzado el nuevo formato de sesiones. Sin apuro para su trámite pero como gesto de voluntad presidencial de ampliar el temario. Todo atado, por supuesto, a la evolución del virus, con cifras intranquilizantes en los últimos días y algunos síntomas de cálculo político que hasta ahora se intentaba disimular.

Esa iniciativa judicial es un punto destacado para Alberto Fernández desde su asunción –lo incluyó en sus principales discursos-, con la idea afianzar perfil propio de gestión. En cada presentación del tema, el Gobierno buscó a destacar que la reforma buscaría desarmar el poder de jueces federales, básicamente de Comodoro Py, y el entramado con servicios de inteligencia. Se trata de un circuito que sobre todo a partir del menemismo fue útil al poder político, pero con juego propio para negociar.

Siempre se dejó trascender que el texto corrió exclusivamente por el circuito presidencial, con nombres propios como garantía por trayectoria personal y de incontaminación kirchnerista: Marcela Losardo y Gustavo Beliz. Por supuesto, sucesivas cargas a favor de ex funcionarios kirchneristas detenidos en causas por corrupción –bajo la invocación del lawfare y con polémica sobre “presos políticos”- incomodaron más de una vez a la propuesta, aún sin ser conocido el texto en detalle.

En cambio, dos hechos sucesivos acaban de ilustrar un cuadro complejo cuyos trazos gruesos expresan la distribución de cargos para lograr equilibrios en el juego de poder constitutivo del oficialismo. Una gestión para lograr la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime ya había merecido la calificación de sorpresa en el círculo presidencial. Estuvo a cargo del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, de relación directa con CFK. Pasada la primera reacción, el planteo –luego rechazado por Casación- fue explicado como un paso a tono con indicaciones de la CIDH. Antes de esa explicación, el funcionario debió ir a Olivos a exponer esa línea argumental.

Ahora, la decisión de la Oficina Anticorrupción tendría escaso efecto real en el desarrollo, igual lento, de las causas. En cambio, es muy significativo su impacto político. Se trata de los casos Hotesur y Los Sauces, que involucran directamente a la ex Presidente y sus hijos. En medios oficialistas sostienen que la OA no debería haber actuado como querellante porque la acusación y el impulso de acciones penales correría exclusivamente por cuenta del Ministerio Público Fiscal. No es lo que opinan fuentes de la oposición también expertas en la materia.

Pero no es ese el nudo de la cuestión. Y aún si esas fueran esas las únicas o principales consideraciones, hay una cuestión relevante: el momento. Y se trata de un momento especialmente sensible, en sentido político y también social. El registro del cacerolazo por las excarcelaciones no es dato lejano ni menor.

El clima político ya venía complicándose en los últimos días. Los cruces del Presidente con la oposición pasaron de un palo genérico –apuntado a lo que el oficialismo considera el ala dura opositora, empezando por Patricia Bullrich- a María Eugenia Vidal, tratando de colocar fuera de todo a Horacio Rodríguez Larreta con cita específica y a los gobernadores en general. La carga contra Vidal, la incomodidad del jefe de gobierno porteño y el DNU que amplió el margen del Gobierno para manejar partidas presupuestarias terminaron unificando las respuestas de Juntos por el Cambio. Eso no elimina internas, pero ayuda a amortiguarlas.

En paralelo, Axel Kicillof y más abiertamente varios intendentes, la mayoría alineada con el kirchnerismo, expresó reparos por la característica de cierta apertura de la cuarentena en la Capital. Señalan el número de contagios en barrios populares y dicen que esa podría trasladarse como circulación al Gran Buenos Aires, donde por otra parte es visible una flexibilización de hecho.

Cerca de Rodríguez Larreta tratan de minimizar esos cuestionamientos, a los que consideran puro cálculo político. Dicen que las nuevas condiciones de cuarentena están sujetas a la evolución de los casos y la “responsabilidad” social. Y que el mayor número de contagios no es fruto de las últimas medidas, que recién cumplen una semana, sino del mayor número de testeos. En otras palabras, creen que el nivel del GBA quedará a la vista en la medida que se hagan controles en los barrios y centros de mayor riesgo –geriátricos, en primer lugar- y que las críticas actuales solo apuntan a consagrar un culpable externo, es decir, al otro lado de la General Paz.

Un dato es significativo en este cruce: la sensación de que lo más complicado está por venir. No lo desconoce el Presidente, que personalmente y por vía de Santiago Cafiero y Eduardo Wado de Pedro mantiene el contacto directo con Rodríguez Larreta y Kicillof. Nada aconseja batallas, pero se suceden a la vista de todos o en las sombras. Eso explicaría también las movidas que volvieron a poner el foco en los tribunales.

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