La decisión del titular de la Oficina Anticorrupción (OA) de dejar de ser querellante en dos causas de corrupción en las que está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, puso fin a la tregua política entre el oficialismo y la oposición, en el marco de la pandemia por el coronavirus.
El bloque de diputados de la Coalición Cívica presentó ayer un pedido de interpelación para su titular, Félix Crous. El requerimiento fue elaborado por Paula Oliveto y Juan Manuel López. Desde la CC advirtieron que la decisión de la OA –cuyo objetivo es luchar contra la corrupción– es de una “gravedad” por lo que citaron a Crous para “que informe verbalmente a la Comisión de Justicia de esta Cámara sobre los motivos que llevaron al organismo a su cargo a desistir de su rol querellante en las causas conocidas como ‘Hotesur’ y ‘Los Sauces’, que tramitan ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5″.
Garantizar la impunidad es el peor mal que se le puede hacer a nuestra sociedad
La decisión de la OA tiene un fuerte impacto político. Fue esa oficina, entonces liderada por Laura Alonso, en el gobierno de Mauricio Macri, la que más impulso la causa y ahora, con el regreso del kirchnerismo al poder y el fiscal Crous al frente, la que se baja.
Al mismo tiempo, la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, repudió lo sucedido. Para la legisladora, el accionar de Crous no respeta los parámetros republicanos y afecta a la institucionalidad del país.
“Garantizar la impunidad es el peor mal que se le puede hacer a nuestra sociedad”, explicó la parlamentaria luego de que ayer se conociera que la Oficina Anticorrupción dejó de ser querellante en la causa que acusa de corrupción a la Cristina Kirchner.
Asimismo, Ocaña agregó que “cualquier paso atrás en la búsqueda de la Verdad y la Justicia en causas de corrupción como estas implica un desmedro a nuestra democracia”.
En ese sentido, expresó además: “Nuestro temor respecto a la utilización de la pandemia vigente para intentar ocultar este tipo de resoluciones dado que todos los poderes, los medios de comunicación y la sociedad se encuentran atendiendo a los aconteceres producidos por el COVID-19″.
Ocaña señaló también que “la corrupción es uno de los mayores flagelos que afectan a las democracias contemporáneas ya que impacta de manera directa en la calidad de la gestión pública, y provoca a la vez un costo social, de corto y largo plazo, que afecta tanto al sector público como privado”.
La legisladora nacional subrayó que “el fenómeno de la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”.
Ocaña también lanzó una junta de firmas para que la OA de marcha atrás con la decisión.
Denuncia penal
La abogada Silvina Martínez, denunciante de las causas Hotesur y Los Sauces, pedirá en las próximas horas investigar penalmente a Crous por violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
“La decisión de la Oficina Anticorrupción va en consonancia con un plan de impunidad para que la ex presidenta quede libre de culpa y cargo”, sostuvo la abogada a Infobae. “La causa está paralizada desde el TOF 5, la OA deja de ser querellante, a nosotros nos apartaron de ser amigos del tribunal, se está evaluando levantar las medidas cautelares para devolverle las propiedades. Y mientras tanto se busca instalar la teoría del kirchnerismo de que son todas causas armadas producto del macrismo y los medios”
Según afirmó, “desde que Alberto Fernández y Cristina Kirchner ganaron las elecciones los jueces del Tribunal Oral Federal 5 han cambiado mucho el impulso de estas causas y han tomado medidas para favorecer a los Kirchner en una forma muy escandalosa". Señaló que si no se puede terminar con un sobreseimiento se buscará dilatar la causa hasta que prescriba.
En el escrito que se presentará hoy en tribunales, Martínez -que trabaja con la ex diputada Margarita Stolbizer- acusó a Crous porque la oficina está bajo la órbita de la Presidencia de la Nación, y por esa circunstancia, "al depender jerárquicamente de aquellos funcionarios a quien debe acusar en su rol de querellante en las causas mencionadas es que se decide abandonar los deberes a su cargo y retirarse de las querellas”.
En las últimas horas se conoció que La Oficina Anticorrupción renunció a ser querellante en las dos causas (Los Sauces y Hotesur) y así se lo hizo saber por escrito al Tribunal que tiene en sus manos los dos casos para llevar adelante un único juicio.
“El titular de este organismo ha decidido desistir del rol de querellante en la presente causa. Por lo tanto, se solicita a vuestras excelencias que se aparte a esta Oficina Anticorrupción de tal carácter, oportunamente asumido”, dicen dos escritos que se presentaron, uno en la causa Los Sauces y otro en la causa Hotesur, ante el TOF 5.
Luego de conocerse esta decisión, Juntos por el Cambio reaccionó con un fuerte comunicado. El polo opositor planteó que a través de la decisión de Crous se “consagra la impunidad de la corrupción de Cristina Kirchner”.
“Lo que estamos viendo no pude ser leído en forma aséptica, estamos frente a un plan sistemático para garantizar impunidad para aquellos que son investigado por corrupción”, analizó el escrito que lleva las firmas de Alfredo Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (PRO) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI) en sus roles de presidentes de las tres fuerzas que integran la alianza.
En este sentido, los líderes de Juntos por el Cambio recordaron el rol activo que mantuvo la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Mauricio Macri y lamentaron que el actual gobierno haya decidido una línea de funcionamiento que “va en contra de la inmensa demanda ciudadana por castigar a los corruptos y recuperar lo robado”.
El rol de la acusación en la causa Los Sauces y Hotesur, no obstante, sigue en manos de la fiscalía. Hay otra querella, la Unidad de Información Financiera, que habrá que ver si siguen los pasos de la OA. El caso está hoy en manos de los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg.
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