Ricardo Jaime está preso y cumple una condena por su responsabilidad en la Tragedia de Once y por otros dos casos de corrupción. Desde diciembre pasado –antes de la pandemia de coronavirus– solicita su detención domiciliaria.
El pedido de 2019 se basó en sus problemas de salud, en un intento de suicidio producto de la situación de encierro y porque no había quien cuidara a su madre anciana. Fue rechazado por el Tribunal Oral Federal 2 donde se realizó el juicio por la Tragedia de Once. La condena de Jaime fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y en 2018, cuando ese tribunal rechazó el recurso extraordinario para ir a reclamar contra la sentencia en la Corte, los imputados comenzaron a cumplir la condena. Para entonces Jaime llevaba algo más de dos años de detención con prisión preventiva por otro caso de corrupción.
Ante la pandemia de coronavirus, Jaime reiteró el pedido de prisión domiciliaria debido a su edad –65 años– y por considerar que integra los llamados grupos de riesgo. Cuando el Tribunal Oral Federal 2 le rechazó el pedido apeló ante la Casación. En ese trámite, el ex secretario de Transporte del kirchnerismo consiguió el apoyo del gobierno nacional. A solicitud de Jaime, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como amicus curiae para pedir la prisión domiciliaria. El 21 de abril pasado la Sala III de Casación rechazó la pretensión de Jaime y determinó que el primer ex funcionario kirchnerista en admitir haber cobrado coimas seguirá cumpliendo su condena en la Unidad 31, pabellón 1 de la cárcel de Ezeiza.
El 29 de abril pasado, ante el fracaso de la gestión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el rechazo a su pedido de prisión domiciliaria, Jaime le ordenó a su abogado que desistiera del recurso extraordinario para que la Corte revise la decisión de Casación.
Así se manifestó en la cuenta de Twitter (@ricardojaime_ok) que manejan sus familiares. “Mi abogado el día de la fecha presentará en los Tribunales federales y C.F.C.P un escrito solicitando dejar ‘sin efecto el pedido de prisión domiciliaria’ por razones de salud y por estar en grupo de riesgo #COVID-19”. En otro tuit señaló cuál iba a ser su postura de ahí en más: “Voy a sostener y defender mi total inocencia en la Tragedia de Once. Agradezco el acompañamiento el acompañamiento a la SDHArgentina (la secretaría de Derechos Humanos) y al Gobierno nacional. #Verdadyjusticia”. En aquel tuit arrobó al presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, entre otros.
Pero parece haberse arrepentido, ya que días después su abogado, Claudio Trugman, volvió a pedir al Tribunal Oral Federal 2 que le otorgara la prisión domiciliaria al ex secretario de Transporte que ejerció su cargo entre 2003 y 2009.
Pero ahora en el nuevo pedido, al peligro de contagio de coronavirus suma como argumento una supuesta persecución ideológica padecida por Jaime durante el macrismo.
El abogado traduce lo que viene diciendo Jaime desde hace unos meses cuando se declaró “preso político” y hace manifestaciones en medios de comunicación afines a su militancia en el kirchnerismo. Y acusa a Marcos Córdoba, el motorman que conducía el tren el día de la Tragedia de Once, de haber provocado el choque mortal.
El abogado señaló: “La ideología siempre está. Nunca es mayoritaria pero pretende la hegemonía sobre todas las demás. Puede proponer verdades o mentiras. Un grupo ideológico toma el poder del Estado y desde ahí, por la fuerza, la alienación colectiva o la razón, según el tenor de la ideología, se impone al resto de la sociedad que pensará, dirá y actuará según los dictados de esa ideología hegemónica”.
Y abundó: “El razonamiento jurídico que llevó a encerrar a Jaime desde el 3/04/2016 se apoyó en la ideología hegemónica. Convengamos que las resoluciones judiciales se tomaron en el contexto de un clima mediático sostenido por los principales diarios del país, mediante la actividad de periodistas y políticos identificables con el pensamiento hegemónico de la época”. Jaime fue detenido el 2 de abril de 2016 por orden del juez Julián Ercolini en la causa en la que se investigaba –ahora llegó a juicio– la compra de trenes chatarra en España y Portugal.
Para concluir con su nuevo pedido de domiciliaria el abogado del ex funcionario kirchnerista sostuvo: “La pandemia nos coloca en otra perspectiva. Desde ésta, Jaime es potencial portador del virus, puede contagiar a otro y en la cárcel tal posibilidad sería catastrófica. Esta defensa pide que continúe la ejecución de pena en prisión domiciliaria. ¿Cuál es el perjuicio para el interés del Estado? ¿Acaso tiene potestad la querella para oponerse o Jaime para renunciar a una medida que favorece la preservación de la salud y de la vida de la población carcelaria y del resto de la población vinculada a la misma? Corolario. Los jueces no son indiferentes a las ideologías, en algunos casos es de conocimiento público. Pero los jueces en sus sentencias deben aplicar el derecho a las circunstancias comprobadas de la causa”.
En septiembre de 2013 Jaime había sido condenado por robar pruebas en un allanamiento. En abril de 2014 fue procesado por enriquecimiento ilícito por el juez Sebastián Casanello. Y en octubre de 2015 –cuando aún no se sabía si Mauricio Macri o Daniel Scioli iban a presidir el país– fue condenado en un juicio abreviado porque admitió que había cobrado coimas de empresarios a los que debía controlar. Todas estas investigaciones se desarrollaron mientras el kirchnerismo estaba en el poder.
Un detalle: el abogado de Jaime insistió en que su defendido debe cumplir su condena en prisión domiciliaria en la casa de su hija Julieta. Esa casa, situada en Carlos Paz, fue comprada por dinero ilegal obtenido mientras Jaime era funcionario público. Así quedó probado en la instrucción de la causa y en ese sentido se avanza en el juicio oral y público por enriquecimiento ilícito, ahora suspendido por la pandemia de coronavirus.