Con el voto de de los consejeros del kirchnerismo, más el del juez Alberto Lugones y el académico Diego Molea –también cercanos al Gobierno nacional–, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó la desestimación de cuatro denuncias contra el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por mal desempeño.
El titular del Juzgado Federal Nº 6, y uno de los históricos de Comodoro Py, había sido denunciado por su presunto enriquecimiento patrimonial y su vinculación con inmuebles millonarios, viajes en aviones particulares de empresarios, la supuesta recepción de sobresueldos y por su actuación en la causa del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el presunto pedido de una coima al principal acusado en esa causa, Omar “Caballo” Suárez, para otorgarle la prisión domiciliaria. En ese último expediente, el magistrado había dispuesto el procesamiento y detención del ex titular del sindicato portuario, quien luego lo denunció en el Consejo.
Las denuncias fueron presentadas, además, por el consejero y diputado del PRO Pablo Tonelli, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López y el ex perito contador de la Corte Suprema Alfredo Popritkin. Como Mas Vélez consideró que las causas eran conexas, acumuló los cinco expedientes y tomó medidas de prueba en los últimos diez meses. Se libraron oficios a los organismos públicos como la AFIP, el Renaper, al Banco Central y a la Dirección Nacional de Migraciones, entre otros.
El dictamen desestimatorio original había sido presentado por el consejero y abogado radical Juan Pablo Más Vélez el año pasado, pero no llegó a ser votado en la reunión de la Comisión del 14 de diciembre, la última antes del cambio de gobierno. En ese momento se acordó su postergación pese al intento del entonces oficialismo de aprobarla.
Como Mas Vélez dejó de ser parte de esta Comisión, su dictamen fue tomado por la otra abogada que pasó a integrar este cuerpo, la abogada marplatense Marina Sánchez Herrero, también de origen radical. Sin embargo, Mas Velez pidió sorpresivamente ayer el retiro de dictamen. Ante esa situación, en la reunión virtual de esta mañana, Molea anunció que la nota había sido presentada fuera de término, y se quejó de las “presiones” de medios de comunicación para que la desestimación no fuera aprobada y, finalmente, anunció que haría suyo el dictamen desestimatorio para someterlo a consideración.
Pese al pedido de Sánchez Herrero de que necesitaba más tiempo para leer los cuatro expedientes acumulados, ya que recién pudo acceder a su totalidad hace cinco días, Molea forzó la votación en la reunión de hoy, la segunda que se desarrolló en forma remota. La desestimación contó, además de con su voto, con los del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, la senadora Inés Pilatti de Vergara y la diputada Vanesa Siley, ambas del kirchnerismo, y el apoyo de Lugones, el actual presidente del Consejo y representante de la lista Celeste, la más cercana al Gobierno nacional. En total sumaron 5 sobre los 9 integrantes de la Comisión.
Solo se opuso Tonelli, mientras que se abstuvieron la senadora radical Silvia Giacoppo, el juez Juan Manuel Culotta y la propia Sánchez Herrero. Todos la fundamentaron en el pedido de Sánchez Herrero de contar con más tiempo para leer todo el expediente antes de expedirse.
La desestimación será votada por el pleno del cuerpo en la próxima reunión, según se acordó en el plenario de hoy que se realizó a continuación de la reunión de Acusación.
Desestimaron denuncias contra Ramos Padilla padre
También la Comisión y luego el plenario del Consejo acordaron desestimar los expedientes contra el juez Juan Ramos Padilla, quien fue denunciado en 2017 por los diputados del PRO Waldo Wolff y Lucas Incicco por el tono y contenidos de los polémicos tweets que publicó desde su cuenta personal por “manifestaciones en medios de comunicación digital de índole agraviante, indecorosa, de manifiesto contenido político partidario”.
A esta denuncia se acumuló luego otra del juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Daniel Molinari, y el diputado Wolff amplió luego su denuncia por “amenazas coactivas” a su persona también a través de Twitter.
El debate en la Comisión y en el plenario estuvo atravesado por los límites de la libertad de expresión de los magistrados y la exigencia de “decoro”, “prudencia” e independencia político partidaria que les cabe por su función.
La denuncia contra el magistrado surgió por una profusa serie de opiniones del juez en redes sociales en contra de otros jueces, políticos y periodistas. En concreto se trata de 56 tweets posteados por el padre del juez federal Alejo Ramos Padilla que incluyen un apoyo a un mensaje del ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Para justificar la presentación contra Ramos Padilla frente al Consejo de la Magistratura se apoyó en la Ley 24.937, que establece que los jueces pueden ser sancionados por la Magistratura debido a “las faltas a la consideración y el respeto debido a otros magistrados”. Las sanciones pueden ser una advertencia, un apercibimiento o una multa de hasta el treinta por ciento de sus haberes.
En discusión estaban dos dictámenes, uno del oficialismo y otro de la oposición, uno desestimatorio y otro que proponía citar al juez para que haga su descargo.
El del diputado Tonelli proponía convocar al actual integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 29 de la Capital Federal por el artículo 20 del Reglamento del organismo, bajo la acusación de haber incurrido en “faltas disciplinarias” por sus expresiones desde su cuenta de la red social que justificarían la aplicación de sanciones disciplinarias contra el magistrado, padre del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. La citación a un magistrado en el marco de un expediente abierto en su contra es equivalente a una indagatoria en una instancia penal. "Propuse citarlo para que ejerza su derecho de defensa”, explicó Tonelli a Infobae.
El diputado de PRO –que fue recusado por Ramos Padilla sin éxito– consideró que esos mensajes implicaron actos que “perjudican el servicio público”, “deshonran al país” y la “investidura pública", por considerar que justificarían la aplicación de sanciones disciplinarias contra el este juez del Tribunal Oral en lo Criminal Correccional nro. 29 de Capital Federal.
La senadora del Frente de Todos Pilatti Vergara, en tanto, propuso la desestimación de la denuncia por considerar que del examen de los tweets escritos y difundidos por Ramos Padilla “se desprende su contenido político, y su espíritu crítico hacia diferentes personalidades de los ámbitos político y judicial, pero no surge de los mismos vinculación alguna, directa o indirecta, con causas que tramiten ante el Tribunal a su cargo”.
La senadora chaqueña fundamentó su dictamen en el antecedente del juez Alfredo López, citado por Ramos Padilla en su descargo, en el que el Consejo de la Magistratura desestimó in limine una denuncia por manifestaciones de contenido claramente político, que alcanzaban a ex funcionarios públicos, legisladores y –particularmente– jueces de la Nación.
Finalmente, salió votada en la Comisión por mayoría la propuesta de Pilatti de Vergara. Solo se opusieron Tonelli y Giacoppo, en tanto que Sánchez Herrero se abstuvo.
En el plenario del Consejo que se realizó a continuación, se aprobó también por una mayoría de 9 votos sobre la desestimación de las denuncias contra Ramos Padilla padre. A rechazo de Tonelli y Giacoppo, se sumó el de Juan Pablo Mas Vélez, y la abstención de Sánchez Herrero.
Seguí leyendo: