Legisladores de Juntos por el Cambio pidieron el juicio político de Víctor Violini, el juez que permitió la liberación masiva de presos con la excusa del coronavirus

Legisladores de Juntos por el Cambio pidieron el juicio político al juez Víctor Violini, integrante del Tribunal de Casación bonaerense, al acusarlo de haber cometido “graves faltas, irregularidades e ilegalidades que demuestran que debe ser destituido, habida cuenta que ha incurrido en mal desempeño en el cargo”. En el pedido sostienen que el magistrado ha “concretado graves irregularidades en el ejercicio de su función” y “ha desoído el mandato legal que inspira su desempeño”.

Violini quedó en la mira luego de que hiciera lugar a un habeas corpus colectivo en favor de libertades y arrestos domiciliarios de presos bonaerenses, en medio del coronavirus. La Suprema Corte de Justicia bonaerense revocó este lunes el habeas corpus colectivo que había dictado el 8 de abril pasado Violini en el Tribunal de Casación y dispuso que la situación de cada detenido sea “reencauzada” para que sea el juez competente el que lo analice.

El pedido fue firmado por legisladores de las diferentes vertientes que intengran la coalición de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. El pedido lo firmaron Juan Pablo Allan (PRO), José Andrés De Leo (Coalición Civica), Claudia Rucci (Peronismo) y Sandra París (UCR).

La denuncia es por “mal desempeño en el cargo” y con el fin de que “se proceda a su destitución, previa suspensión o apartamiento preventivo del cargo”. En el documento destacan que “resulta inaceptable que el denunciado ejerza el cargo que actualmente desempeña, ya que su continuidad afecta de manera directa los intereses de la sociedad y perjudica al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires en su conjunto”.

“Decidimos avanzar en un pedido de Jury al juez Violini que a nuestro entender reúne todas las causales para ser destituido de su cargo. Mal desempeño de sus funciones, la comisión de delito de Prevaricato, y una clara intención de aprovechar una situación de excepción, producto de la pandemia, para ordenar personalmente la liberación de violadores , asesinos e integrantes de bandas delictivas”, aseguró el senador bonaerense Juan Pablo Allan en diálogo con Infobae.

Los legisladores consideraron que “el accionar ilegal del Juez Víctor Violini no sólo afecta la correcta administración de justicia", sino que también "su incorrecto e ilegal desempeño funcional derivó en la libertad de imputados, consagrándose así la impunidad de graves conductas”.

Además, sostienen que según lo que se encuadra en el art. 21 -incisos d, e, i, ñ y r- de la ley 13661 cometió las siguientes faltas: “incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, cometió graves irregularidades en los procedimientos a su cargo y perpetró acciones de parcialidad manifiesta todo lo cual implican defección de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la magistratura”.

“Se torna imperioso suspender y luego destituir al denunciado para evitar que continúe cometiendo las conductas disvaliosas descriptas y para que, finalmente, responda políticamente por su mal desempeño en el cargo, que tanto perjuicio y daño ha causado a la comunidad y a las instituciones democráticas”, indicaron en el escrito.

“Ha incumplido con los deberes inherentes al cargo; ha cometido graves irregularidades en los procedimientos a su cargo y ha realizado actos de parcialidad manifiesta, que lo inhabilitan para continuar detentando el cargo de juez penal, y ‘como tal’ de deciros fundamental de cuestiones que hacen a la violación de los bienes jurídicos más preciados de esta comunidad”, indicaron en el texto.

Consideraron que Violini " ha ejercido de manera infiel sus deberes oficiales" y que “carece o ha perdido aptitud para el ejercicio del cargo de Juez de la Casación”, como así también “ha cometido abusos y excesos funcionales, situación que impone la apertura del proceso de responsabilidad política, para que rinda cuenta de su actuación”.

“Afectó la independencia de los Jueces inferiores en la toma de decisiones mediante su ostensible violación del derecho vigente, vulnerando el orden jurídico dispuesto por la Constitución Nacional y la de la Provincia de Buenos Aires”, aseguraron. En esa línea afirmaron que fue “negligente en el tratamiento del habeas corpus y con su actuación incompetente cercenó la posibilidad de poner atención a los casos que efectivamente se encontraran en situación de riesgo, atentando contra la finalidad de la acción deducida por los Defensores Generales agravando la posibilidad efectiva de determinar y resolver los casos de riesgo que presenta la superpoblación carcelaria”.

“Ha incumplido con los deberes inherentes al cargo mediante una flagrante violación al principio de juez natural del proceso, así como en la incompetencia del Tribunal de Casación Penal para entender en el habeas corpus colectivo en forma originaria", aseguraron los legisladores en el documento.

En la primer semana de abril Violini consideró aceptables los argumentos de los 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires, quienes exigieron mediante un habeas corpus la liberación de un grupo de reclusos considerados “población de riesgo”, tanto en cárceles como en comisarías, en donde la principal razón esgrimida fue el posible ingreso del coronavirus a los penales provinciales.

Unos pocos días antes, el 30 de marzo pasado, permitió que los reclusos del Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB) tuvieran celulares en los penales provinciales. También les otorgó ese beneficio a quienes están alojados en las comisarías. Cinco días después de aquella decisión, la diputada de Juntos por el Cambio Carolina Píparo denunció que fue amenazada por las redes sociales por Carlos Moreno, uno de los condenados por haberla baleado en el 2010 durante una salidera bancaria en La Plata.

El de los legisladores es el segundo jury contra Violini. Ayer la agrupación Usina de Justicia también solicitó el juicio político al acusarlo de “incompetencia, negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los deberes de su cargo”. “El temerario obrar del Juez Violini es una causal que amerita su remoción como Magistrado de la Cámara de Casación Penal, ya que con su decisión ha lesionado un adecuado servicio de justicia”, afirmaron.

La agrupación que dirige la filósofa Diana Cohen Agrest -cuyo hijo fue asesinado en un asalto- recordó que para resolver esta cuestión se convocó a Coriolano, a otra defensora, al fiscal Carlos Altuve y a los funcionarios de Política Criminal dependiente del Ministerio de Justicia Lisandro Pellegrini y al subsecretario del Ministerio de Seguridad Darío Ruiz, pero “no se ha convocado ni escuchado a asociaciones representantes de los derechos de las Personas Víctimas de Delitos”.

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