Al falso abogado Marcelo D’Alessio lo juzgará el mismo tribunal que lleva el juicio contra Cristina Kirchner

El mismo tribunal que tiene en sus manos el juicio oral contra Cristina Kirchner, Julio De Vido y Lázaro Báez, por las obras que recibió en Santa Cruz el empresario kirchnerista, tendrá también otro debate sobre el que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta pusieron especial atención: las acusaciones contra el falso abogado Marcelo D’Alessio y los vínculos entre la justicia y el mundo de inteligencia, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

Se trata de una de las causas que pesan sobre el falso abogado. Es la causa que se inició en Comodoro Py 2002 a fines de 2016, impulsada por el empresario Gabriel Traficante y que recién se activó cuando en 2019 la figura de D’Alessio fue vinculada al fiscal federal Carlos Stornelli y el caso de los cuadernos. Mientras tanto, en Dolores, el juez Alejo Ramos Padilla ultima los detalles para enviar a juicio oral una primera parte del expediente que se abrió en Dolores y que concentra la causa principal contra D’Alessio, dos ex policías, un ex espía y dos fiscales: Stornelli y Juan Ignacio Bidone, entre otros.

En Comodoro Py, en cambio, el juez Luis Rodríguez llevó adelante la denuncia por extorsión que radicó Traficante contra D’Alessio. A principios de abril, el fiscal Eduardo Taiano promovió llevar a juicio a los que ya estaban procesados: D’Alessio, el suspendido fiscal de Mercedes Ignacio Bidone, el ex espía Rolando Barreiro y el agente de la AFI Claudio Álvarez.

D’Alessio se opuso diciendo que no se le había ampliado la declaración indagatoria con la que buscaba mejorar su situación. El pedido de indagatoria había sido formulado a principio de marzo, cuando el fiscal Taiano ya evaluaba el cierre parcial de la causa. La querella de Traficante, en tanto, también se opuso: dijo que la investigación no estaba completa y que todavía quedaba pendiente resolver la situación procesal del periodista Daniel Santoro, indagado en la causa en febrero pasado. En tanto, Álvarez como Barreiro aceptaron llevar el caso a juicio oral, y Bidone no opinó.

El 30 de abril, en una resolución a la que accedió Infobae, Rodríguez resolvió avanzar hacia la etapa de juicio oral. Explicó que ya hacía un año que D’Alessio estaba preso en esta causa, “en estos tiempos de emergencia sanitaria originados por la aparición del COVID-19”.

En su fallo, Rodríguez dijo que había que apurar los trámites sin dilaciones, basándose en la causa de Walter Bulacio, el chico que había ido a un recital de Los Redonditos de Ricota y murió en una comisaría en 1991. El caso Bulacio llegó a juicio oral 22 años después, tras sortear cierres de la causa y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado por la detención arbitraria del menor y no haber sancionado a sus responsables hasta entonces. Al comisario Miguel Angel Espósito lo condenaron en 2013 por privación ilegal de la libertad a tres años de prisión en suspenso. “Son los órganos estatales los que tienen a su cargo el deber de asegurar que el proceso se desarrolle normalmente y sin dilaciones indebidas”, dijo Rodríguez, citando a la Corte Suprema en esa causa.

Traficante, un ex despachante de Aduanas, denunció a D’Alessio a fines de 2016 por extorsión. Según dijo, D’Alessio, vecino suyo en el country Saint Thomas de Canning, le había pedido dinero para ayudarlo en la causa de la mafia de los contenedores, el escándalo que se había iniciado a comienzos de la gestión macrista con una denuncia contra el entonces jefe de la Aduana Juan José Gomez Centurión y que luego terminó metiendo preso al cuñado de Julio De Vido, Claudio Minnicelli.

Traficante dijo que D’Alessio le avisó que estaba imputado en esa causa que llevaba el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky. Le explicó que era un agente de inteligencia y que tenía contactos con el poder judicial y los medios. Que podía ayudarlo, pago mediante. Como pruebas de lo que decía, le mostró un listado de llamadas entrantes y salientes que había hecho, y otros datos personales.

Esos datos, se sabría después, habían sido obtenidos gracias a un pedido con carácter de urgente que hizo formalmente el fiscal Bidone en la causa del triple crimen de General Rodríguez, en base a un informe de inteligencia firmado por Claudio Álvarez, contactado a través de Barreiro –que ya se había alejado de la AFI-. Según Traficante, D’Alessio le advirtió que dos autos lo estaban siguiendo y que su nombre iba a salir en los medios si no pagaba.

“D´Alessio para ejercer la intimidación en el hecho enrostrado, se valió de información obtenida a través de una persona de nombre Gladys Fabiana Fernández y el conocimiento de información privilegiada de publicaciones periodísticas, valiéndose de una relación con Daniel Santoro, lo que también utilizaría para ejercer el engaño y la presión ilícita que afectara a Gabriel Traficante”, dice la acusación.

A la hora de elevar la causa a juicio, el juez remarcó que “pese al aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, y la feria extraordinaria declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, la Cámara Federal de Casación Penal estableció el protocolo necesario para que las causas en las que hubieran personas privadas de su libertad pudieran avanzar hacia la etapa de debate oral y público.

Y subrayó: “Este tribunal en todo momento ha velado por la seguridad y el bienestar de Marcelo Sebastián D´Alessio durante su tiempo de encierro con motivo de este expediente”. “Resultan sorpresivos los calificativos empleados por el Dr. Claudio Fogar en su presentación, en cuanto a la supuesta situación de tortura y de chaleco de fuerza químico que le impidieran a su asistido deponer ante el Tribunal con anterioridad, siendo que de las presentaciones realizadas en este expediente con anterioridad nada se dijo al respecto -afirmó Rodriguez-. En efecto, las eventuales medidas que pueda proponer tanto el encartado D´Alessio, como cualquiera de sus consortes de causas, pueden ser diligenciadas ante el tribunal de juicio sin mengua alguna al derecho de defensa de los encausados”.

El tribunal de juicio sorteado es el Tribunal Oral Federal 2. Se trata del mismo tribunal que tiene a su cargo el juicio oral contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner y Lázaro Báez, en otros, por haber favorecido con medio centenar de obras en Santa Cruz al dueño de Austral Construcciones. Para la hoy vicepresidenta, ese juicio es una muestra del “lawfare” en su contra que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri para llevar adelante un acuerdo con el FMI y le recomendó a los jueces poner atención a la AFI y a la “causa Dolores”. El presidente Fernández también dijo que la causa Dolores eran una demostración de los vínculos entre la justicia y los organismos de inteligencia y anunció un “Nunca Más”.

En la causa Dolores, el capítulo de la denuncia de Traficante es sólo uno de las presuntas extorsiones por las que fue procesado D’Alessio y otros. En abril pasado, tal como informó Infobae, el fiscal Juan Pablo Curi pidió que enfrenten el banquillo Marcelo D’Alessio, los ex policías Ricardo Oscar Bogoliuk y Norberto Aníbal Degastaldi, el ex agente de inteligencia Rolando Hugo Barreiro, el fiscal de Mercedes suspendido Juan Ignacio Bidone, el asesor en comercio exterior Carlos Alberto Liñani y Eduardo Ariel Menchi, quien se movía como custodio del falso abogado.

A criterio del fiscal, los procesados que integran la nómina para ser elevados a juicio formaron “parte en una asociación ilícita, de manera estable en el tiempo y mediante una estructura organizada en la que cada uno tenía un rol definido que estaba dispuesto a ejecutar cuando fuese necesario” . Desde esa banda, se sostuvo, llevaron delante “múltiples planes delictivos” relacionados con “maniobras extorsivas y coactivas con el fin de obtener réditos económicos de forma ilegítima o procurar que las víctimas prestasen declaración de un modo direccionado en el marco de alguna causa judicial o, bien, ante algún periodista o en algún medio de comunicación”. La banda, sostuvo, funcionó desde mediados de 2016 hasta febrero de 2019, cuando D’Alessio fue detenido.