Coronavirus en Argentina: la Legislatura porteña aprobó la ley de Emergencia Económica

La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó la ley Emergencia Económica y Financiera, una norma que le otorga una serie de herramientas al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para enfrentar a la pandemia de coronavirus. Entre otras atribuciones, el Jefe de Gobierno podrá reasignar de partidas, determinar la continuidad o no de programas no esenciales y de contratos de bienes y servicios.

El proyecto, que fue negociado durante dos semanas entre el oficialismo y la oposición, fue aprobada con 38 votos de los bloques de Vamos Juntos, Partido Socialista, UCR-Evolución, Consenso Federal y GEN. En tanto, 21 legisladores del Frente de Todos, Autodeterminación y Libertad y el Frente de Izquierda votaron en contra. Además, fue aprobado un proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

La iniciativa inicial había sido tratada en la Comisión de Presupuesto, donde recibió algunas críticas de bloques opositores y aliados semanas atrás, que derivó en importantes modificaciones al proyecto. Uno de los puntos más cuestionados y que finalmente fue suprimido estaba relacionado con un artículo que le permitía al gobierno de Rodríguez Larreta escalonar el pago de los salarios de los trabajadores del Estado porteño con el argumento de la falta de liquidez en las cuentas públicas.

“Estamos ante una emergencia económica, social y sanitaria extraordinaria y la recaudación tributaria de la Ciudad de abril cayó casi el 40% en términos reales. Por lo tanto, es necesario establecer un marco para que el Ejecutivo pueda reasignar partidas, priorizar los servicios esenciales para atravesar la pandemia y al mismo tiempo que la Legislatura cumpla con su rol”, defendió la iniciativa el legislador Juan Francisco Nosiglia (UCR-Evolución) durante el debate legislativo en el recinto.

La sesión se llevó adelante mientras, a pesar de que rige el aislamiento social y obligatorio, en la puerta de la Legislatura militantes de partidos de izquierda, gremios docentes y residentes médicos protestaban contra la sanción de la ley. “Es indignante que en una ciudad con un alto nivel de recaudación, la primera respuesta del gobierno sea atacar a uno de los sectores más vulnerables, el de las y los trabajadores contratados y estatales”, dijo Manuela Castañeira, dirigente del Nuevo MAS, quien participó de la convocatoria.

El reclamo de los manifestantes ya había sido tenido en cuenta por quienes impulsaban la ley, y en ese sentido, el presidente de la Comisión de Presupuesto Claudio Romero (Vamos Juntos) calificó a la idea de pagar los salarios en cuotas como un “error” que fue “subsanado”. Y le recordó a la oposición que en la historia de la Ciudad esa medida la habían tomado un gobierno peronista, en 1992, y un gobierno progresista, en 2002.

Sin embargo, algunos referentes de la oposición señalaron que la ley no resguardaba a los empleados que están contratados bajo la modalidad de “contratos de locación de servicio”, lo que, según argumentan, pone en riesgo la estabilidad laboral de “cerca de 18 mil trabajadores”.

Despidos y prioridades, los ejes del debate

Durante las casi tres horas que duró el debate, no faltaron cruces sobre las responsabilidades de los gobiernos, las excepcionalidades dispuestas en momentos de emergencia, quiénes son los actores más perjudicados de la crisis y cuáles son las medidas necesarias para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia.

Claudio Romero (Vamos Juntos) fue uno de los encargados de ratificar la propuesta del gobierno porteño. “Nunca ninguna ley de emergencia tuvo tanto trabajo como esta ley”, resaltó, y aclaró que “no hemos previsto ningún despido, ninguna rebaja salarial". “La emergencia sanitaria nos pone en un doble desafío: la urgente necesidad de reorientar los recursos y de incrementar esa posibilidad en las áreas críticas, tales como la salud y el desarrollo humano; por el otro lado, enfrentar la brutal caída que estamos teniendo en los ingresos públicos”, agregó.

Por otro lado, también recibió críticas un aspecto de la norma que establece que, ante la posibilidad de reasignar partidas por encima de lo indicado en el marco normativo, ese aspecto no fuera complementado con mayores controles parlamentarios. La creación de una Comisión Especial de seguimiento de los gastos devengados por la pandemia propuesta por el oficialismo, junto a la obligación mensual de informar la modificación de las partidas ante la Comisión de Presupuesto, fue insuficiente a los ojos de la oposición.

“La ley de Emergencia del Ejecutivo no cumple con ninguna de las cosas que nosotros solicitamos en ese debate. Básicamente, no tiene un control serio", indicó en su intervención la legisladora María Rosa Muiños, del Frente de Todos. Por su lado, la parlamentaria Cecilia Segura señaló que la presidencia y la mayoría de esa comisión es nombrada por el oficialismo y aseguró que de esa forma se corre riesgo de “que termine siendo una comisión de convalidación de la impunidad”, en alusión a las irregularidades en las contrataciones porteñas como la ocurrida con la compra de barbijos vencidos y con sobreprecios.

También se destacaron las críticas a la concentración de todos los ingresos en una cuenta pública unificada y en el redireccionamiento de los fondos del juego que se destinan al Instituto de la Vivienda hacia otras áreas sensibles.

Por su lado, los bloques más pequeños se repartieron con votos divididos. La legisladora porteña Myriam Bregman (PTS) adelantó su tajante rechazo a la iniciativa: “Horacio Rodríguez Larreta concentra con esta ley todo el poder en si mismo, nos oponemos profundamente”. Y agregó: “Me pregunto qué pasa con la educación, con las escuelas cerradas. ¿No pueden ser una tentación para este super jefe de Gobierno? ¿No querrá meter la manito ahí?”, remarcó. Otro legislador del Frente de Izquierda, Gabriel Solano (PO) ratificó su opinión negativa sobre la sanción de la emergencia: “Somos opositores a este proyecto desde el primer día por lo que dice y por lo que no dice. No es cierto que no está en juego el empleo de los trabajadores, están en juego 18 mil puestos de trabajo; por ejemplo en el IVC el 70% de los trabajadores están contratados bajo locación de servicio”.

A su turno, Sergio Abrevaya (GEN) reconoció que una “ley de emergencia era inevitable en este contexto” y defendió su cambio de voto por la afirmativa, tras destacar la incorporación de la comisión de seguimiento y las otras modificaciones introducidas. “Quitamos algunos artículos como el del escalonamiento en el pago de sueldos y estuvimos de acuerdo en la posibilidad de que quienes en esta etapa hayan recaudado bien, como los bancos, puedan adelantar ganancias y ayudar a la Ciudad a financiar los gastos”.

El miércoles pasado, luego de que Juntos por el Cambio (JxC) diera dictamen de mayoría al proyecto, sin la firma de sus aliados de la UCR, el Frente de Todos hizo público su rechazo a la iniciativa y anunció que no acompañaría el tratamiento sobre tablas que el oficialismo buscaba realizar tan sólo un día después. La fuerza política alineada con el presidente Alberto Fernández defendió un proyecto alternativo que incorporaba a la Ley de Emergencia la protección de las actividades económicas más afectadas por el aislamiento, como restaurantes, hoteles, taxis, centros culturales y clubes deportivos, entre otros.

Además, el dictamen de minoría contemplaba un refuerzo para el programa Ciudadanía Porteña y la obligación de destinar recursos para atender situaciones de violencia de género. Y fijaba la obligación de convocar a la Auditoría General de la Ciudad a realizar un examen de las compras y contrataciones.

Finalmente, el oficialismo no necesitó de los votos del Frente de Todos para habilitar el tratamiento de la ley -ya que pasaron los 5 días hábiles desde la firma del dictamen- y, luego de las modificaciones, el proyecto fue aprobado con un margen holgado.

Al momento de presentar el proyecto, el ministro de Economía porteño, Martín Mura, había dimensionado la crisis de recaudación con una caída estimada de 80.000 millones de pesos en el año. La norma aprobada tendrá como plazo definido hasta el 31 de diciembre de este año y alcanza a los tres poderes del Estado porteño.

La sesión tuvo carácter mixto se realizó con la mayoría de los legisladores presentes en el Salón Dorado, mientras que los legisladores Maria Luisa Gonzalez Estevarena, Ofelia Fernández y Cristina García de Auerteneche participaron de manera remota por ser factores de riesgo al coronavirus o encontrarse imposibilitados por distintas afecciones.

Los puntos centrales de la ley de emergencia ecónomica

- Se faculta al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para llevar adelante la reasignación de partidas presupuestarias con el fin de atender tanto la emergencia sanitaria como los efectos que la situación económica produzca. Queda suspendido el tope del 5 por ciento fijado por la legislación y desde la oposición sostienen que habrá discrecionalidad total para manejar el 100% de los fondos.

- Eliminación o suspensión transitoria de afectaciones específicas, exceptuando aquellos beneficios sociales a personas.

- Revisión de programas no esenciales, suspendiéndose o postergándose todo programa o acción que no sea crítica ni indispensable en el marco de la lucha contra la pandemia. Al respecto, la oposición criticó la falta de especificidad en la medida, que podría aplicarse a cualquier programa sin distinción respecto de su importancia para actores en riesgo.

- Bonificaciones y descuentos de hasta un 30% en ABL y la Patente Vehicular para quienes abonen de forma anticipadas estos tributos. Desde la oposición se señaló que se beneficiarán de esto aquellos sectores de mayores ingresos, los que pueden afrontar de mejor manera la crisis.

- Suspensión de medidas cautelares y ejecuciones fiscales: La AGIP no iniciará estos procesos ni otros similares hasta el 30 de junio del 2020.

- Revisión de los contratos de bienes, servicios, obras y concesiones. Los incrementos de recursos que resulten de estas revisiones serán destinados reforzar acciones de la emergencia sanitaria, afirmó el Gobierno.

- Congelamiento de la planta de personal y de las estructuras de autoridades superiores. No habrá nuevas incorporaciones en ninguno de los tres poderes ni en el resto de los organismos alcanzados por la ley. Cada poder establecerá sus excepciones, por ejemplo, en las áreas de mayor criticidad como Salud.

- Suspensión de bonificaciones, premios e incentivos salariales, quedando exceptuados los que se otorguen en el marco de la prestación de servicios inherentes a la emergencia sanitaria.

- Tope al incremento de remuneraciones. Autoridades de entes descentralizados y empresas y sociedades del Estado no podrán incrementar aquellas remuneraciones que ya se encuentren por sobre la del Jefe de Gobierno, según equivalencias que se establezcan.

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