Coronavirus en Argentina: jueces, fiscales y abogados debatieron sobre la necesidad de reactivar el servicio de Justicia

Actores de la sociedad civil, integrantes del Poder Judicial y constitucionalistas debatieron sobre cómo reactivar el servicio de Justicia en el contexto del COVID-19. El encuentro virtual fue organizado por Poder Ciudadano, y participaron el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal del mismo fuero Diego Luciani; los abogados Roberto Gargarella y Andrés Gil Domínguez; la presidenta de Transparencia Internacional (TI), Delia Ferreira Rubio, y el presidente de Poder Ciudadano, capítulo argentino de esta organización líder en la lucha contra la corrupción, Hugo Wortman Jofre, también abogado.

Todos los expositores compartieron la preocupación por la “paralización del servicio de Justicia” a partir de la cuarentena obligatoria establecida por la pandemia y la “naturalización" de esta situación por la parte de la comunidad.

Wortman Jofre abrió el debate virtual y abierto al público al expresar su preocupación por “la manera en que la Corte Suprema obedeció al DNU originario del Poder Ejecutivo (que dispuso el aislamiento social obligatorio) y asumió su parálisis”. Rafecas y Gil Domínguez pusieron el acento en el “atraso estructural y tecnológico del Poder Judicial" y en la necesidad de pasar del “funcionamiento analógico” a uno digital para poder superarlo. En tanto Gargarella y Ferreira Rubio alertaron sobre los “riesgos” de las falta de controles a los poderes ejecutivos respecto de medidas excepcionales tomadas por la emergencia.

Déficits estructurales

“¿Por qué está paralizado el Poder Judicial? Porque no ha podido dar respuestas debido a que sus condiciones estructurales son deplorables. ¿Cómo va a volver la actividad plena si tenemos edificios con escaleras y ascensores atestados? Edificios sin siquiera baños o en condiciones deplorables, donde la lógica siendo siendo el expediente de papel, donde tenemos un sistema digital que ya era viejo cuando se compró, que tuvo problemas en la feria judicial en enero cuando la actividad era mínima”, enumeró Gil Domínguez.

“Es tan paradojal el ejercicio de la profesión de abogado que uno termina un escrito, lo firma, lo envía digitalmente al Juzgado que corresponde, y luego, debe imprimirlo y llevarlo presencialmente porque si no, no tiene ningún valor. En la Mesa de Entradas te lo sellan sin que lo miren”, describió. “Uno de los derechos que se deben garantizar es la digitalización, dejar atrás el pensamiento analógico y empezar a pensar las reformas que necesitamos bajo un pensamiento digital. Si no, nuestro Poder Judicial, no solo va a seguir atrasado y mostrando su miseria frente a la pandemia, sino también frente al futuro y al siglo XXI”, agregó este doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional.

Tras aclarar que intervenía en el debate como abogado, advirtió: “Desde una perspectiva más cotidiana, los abogados somos los principales operadores de poner en funcionamiento el Poder Judicial defendiendo los derechos de los ciudadanos. Y esta parálisis de la Justicia no ha sido vista por la sociedad con la gravedad que esto tiene. Está invisibilizada la tarea del abogado litigante, tanto en la faz de quién defiende derechos, como en lo que se refiere a ganarse la vida ejerciendo la profesión”, advirtió.

A su turno, el juez Rafecas reconoció que el fuero penal federal tiene algunas ventajas respecto de otros fueros, y destacó que, junto con otros colegas, se ha podido avanzar parcialmente en mantener la actividad. “Esto fue posible porque no tenemos tanto tránsito de abogados. Empleados y funcionarios estamos trabajando mayormente desde nuestras casas a través del escaneo del expedientes". Y consideró que, a futuro, "para evitar hacinamiento en la mesa de entradas, si podría organizar un sistema de turnos”.

El titular del Juzgado Federal Nº 3 lamentó que no se haya implementado aún el sistema acusatorio a nivel nacional, votado por el Parlamento en 2015. “Es importante porque hace un reparto más equilibrado de la aplicación de justicia entre fiscales y jueces, y además, favorece el paso de la cultura analógica a la digital. Hubiera sido muy distinto el panorama hoy de haber estado implementado a esta altura ya en todo el país. Solo se está aplicando en Jujuy y Salta”.

Cambiar la “cultura judicial”

Rafecas fue más allá de “los problemas técnicos, materiales, edilicios” de los Tribunales. “Tenemos otro problema, que es inmaterial: los prejuicios de los operadores del sistema de Justicia. Este mes y medio que llevamos de cuarentena me ha servido para remover algunos de esos prejuicios, en términos de confiar en el tratamiento a distancia de diferentes asuntos, en confiar en dejar el papel y pasar a lo digital, incluyendo la cuestión de la firma. Estamos con mis colegas avanzando con la firma digital y en tomar declaraciones de forma remota, transitando este cambio cultural en la Justicia”.

En este sentido, el candidato a procurador general del presidente Alberto Fernández advirtió que el Poder Judicial tiene que hacer "una fuerte inversión” en actualizar los sistemas operativos con los que funciona. “El sistema Lex 100 es muy lento y está muy atrasado. Al punto que si uno quiere usarlo en una computadora reciente, no puede, y tiene que pedirle al área de Informática que le instale un sistema operativo anterior para poder utilizarlo”, ejemplificó. No obstante, opinó que “no se trata de una cuestión presupuestaria” ya que se podría redestinar lo que se gasta en el manejo de expedientes en papel hacia la digitalización.

El “confort” de la falta de controles

Por su parte, Gargarella y Ferreira Rubio hicieron eje en los riesgos de que el Poder Ejecutivo “aproveche la emergencia” para pasar por alto los controles, incluidos el del Poder Judicial. “En las emergencias debemos siempre mantener sistemas de controles activos, contra el supuesto de que, como estamos en emergencia, debemos tomar decisiones rápido y el Poder Ejecutivo debe avanzar sorteando los controles. Por el contrario, necesitamos minimizar riesgos esperables”, señaló Gargarella.

Y alertó contra lo que denominó “la erosión democrática” y el riesgo de que las decisiones gubernamentales no sean escrutadas o confrontadas. “Los poderes ejecutivos van desarmando desde adentro las tuercas de los controles. Se sienten cómodos manejando la emergencia, van ganando un apoyo esencial, y no tienen el incentivo a movilizar a los otros poderes”.

Ferreira Rubio también destacó que, a diferencia de otras emergencias o catástrofes como el ébola en África o el huracán Katrina en Estados Unidos, “las irregularidades y actos de posible corrupción o conflictos de intereses se están reporteando en tiempo real, y no varios meses después”. Y por ese motivo, “es importante que los Tribunales funcionen para recibir esas denuncias”.

Esta doctora en Derecho dedicada a temas vinculados con la institucionalidad y la lucha contra la corrupción abogada cuestionó que el Poder Judicial haya “acatado una orden del Poder Ejecutivo sin mucha discusión (por el decreto que estableció la cuarentena, recogido en la acordada de la Corte Suprema del 20 de marzo), más allá de la discusión con el gremio por la protección de los empleados, que fue a rajatabla, todos a su casa, no como por ejemplo los empleados de los supermercados que siguieron trabajando con los recaudos necesarios”.

Varada en Berlín ya que no pudo retornar a Argentina por la pandemia, la presidenta de Transparencia Internacional hizo un repaso de cómo estaban funcionando los poderes judiciales en distintos países, a partir de un relevamiento de los distintos capítulos locales de la organización. “En líneas generales, en la mayoría de los países los poderes judiciales siguieron funcionando, de forma adaptada. Hay autorizaciones por medios digitales, audiencias a través de video y plataformas virtuales”, aunque admitió que “en muchos casos había mecanismos de digitalización ya en marcha que facilitaron el proceso”.

“En Alemania, por ejemplo, las demandas se presentaban presencialmente y luego el abogado chequeaba digitalmente su avance, y en algunos juzgados avisaban que se trabaja con staff reducido. Sí se suspendieron los juicios por jurados para proteger a los ciudadanos que debían participar. Y los plazos procesales en varios países han sufrido extensiones para resguardar los derechos de las partes involucradas, con algunas excepciones”, relató.

“Servicio esencial”

Los panelistas coincidieron en la definición de cuáles son los servicios esenciales que deben seguir funcionando en la emergencia, la Justicia lo es, y por eso es imprescindible que se retome su funcionamiento pleno.

“Se considera en todo el mundo a los supermercados un servicio esencial, y ahora se discute también si deben serlo las peluquerías. ¿Cómo puede ser que se considere como único servicio esencial del Estado al Poder Ejecutivo, y no el espacio para la oposición para la discusión y el control de las medidas, que es el Legislativo? ¿O al ámbito de control de legalidad que está en manos del Poder Judicial?. A esto hay que sumarle que no están funcionando como es debido organismos de contralor como la AGN y la SIGEN”, advirtió Ferreira Rubio.

Wortman Jofre reconoció que después de la primera acordada de la Corte -la 4/2020-, y luego de un reclamo del Colegio de Abogados, el Máximo Tribunal emitió otra acordada, la 9/2020, resolviendo que debían atenderse las cuestiones de los honorarios de los abogados y el pago de alimentos, y luego aprobó el uso de la firma digital en la 11/2020. “O sea, la misma Corte fue tomando conciencia de que la Justicia no puede continuar paralizada, o solo atendiendo lo urgente. Y varios Tribunales inferiores comenzaron a retomar parcialmente la actividad apelando a herramientas tecnológicas”, destacó.

Al respecto, mencionó el caso del fiscal Luciani, quien ya pidió retomar las audiencias de los juicios donde interviene. Fiscal ante los Tribunales Orales Federales, Luciani opinó en una breve intervención como invitado que debía hacerse “un mayor esfuerzo” para que la Justicia retome su funcionamiento pleno por tener "una función esencial” para la gente. “Podemos esperar a la Corte, pero los operadores también podemos tomar la iniciativa con las herramientas con las que contamos. ¿Por qué no hacer una audiencia de probation vía virtual? ¿O las audiencia de los juicios en marcha por esta vía”, se preguntó.

Gargarella, en esa línea, coincidió: “Nada impide a los Tribunales activarse del mismo modo que ha demostrado la Corte que cuando quiso decidir sobre un tema, se reunió en forma virtual y resolvió el planteo presentado por Cristina Kirchner”, sobre la legalidad de la sanción de leyes en reuniones virtuales del Senado.

Invitado a preguntarle a los panelistas, Sebastián Pilo, co-director ejecutivo de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), observó que el avance hacia la digitalización podría dificultar el acceso a los sectores más carenciados y con menos posibilidad de resguardar sus derechos.

La respuesta llegó de parte de Gil Domínguez. “Si bien no hay condiciones igualitarias en términos de acceso a Internet, que debería ser considerado un derecho humano, hay un dato relevante y es que el 40% de la población que está en la pobreza, tienen una conectividad de 90%, aunque más no sea con teléfono celular y a menor velocidad”.

Y en este sentido agrego: “El COVID-19 puede ser como el tema de (la banda musical) Pink Floyd: tener su lado oscuro en términos de excepciones y pérdida de libertades, y a la vez, un lado luminoso, y es que la pandemia ha acelerado los tiempos. El Poder Judicial no se va a poder hacer más el distraído con la digitalización, y el ejercicio liberal de la profesión de abogados va a bajar sus costos”.

Propuestas

Entre las propuesta para volver a un funcionamiento pleno de la Justicia, se destacó la de Rafecas referida a la posibilidad de reeditar la experiencia de la Comisión Interpoderes, creada por la Corte Suprema en 2008 e integrada por miembros de distintos poderes del Estado, para coordinar esfuerzos y resolver las dificultades en la sustanciación de los juicios de lesa humanidad, después del fallo “Simón”, que declaró inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final.

“Funcionó por seis años, y fuimos resolviendo una enorme cantidad de planteos con una eficiencia notable. Esa experiencia podría ser relevante para cristalizar unas posible solución”, observó este juez federal. La sugerencia fue recogida por Wortman Jofre, quien dijo que la propondrán desde Poder Ciudadana a las autoridades.

En esa línea, y tomando el ejemplo del fallo de la Corte en relación a la consulta de la vicepresidenta respecto del funcionamiento virtual del Senado, Gargarella llamó a dejar de lado “una idea antigua” de "concebir a los poderes como compartimentos estancos, con una separación estricta, en la que ninguno puede tocar al otro”. Y señaló: “Ahora, en la era democrática, tenemos que volver a concebir una relación diferente de colaboración mutua basada en la conversación entre poderes”.

Para esta jurista y sociólogo, “sigue predominando la lógica de no colaboración" entre poderes. “La Corte perdió una gran oportunidad para repensar de otro modo la colaboración y conversación entre poderes”. Y agregó que el debate sobre qué hacer con la superpoblación carcelaria y el riesgo de un contagio masivo sería “otro buen ejemplo de un diálogo que podría darse, pero que hasta ahora no sucedió”.

Sobre el final, Ferreira Rubio reiteró que “no hay que esperar a la digitalización perfecta para hacer funcionar a pleno la Justicia" en el marco de la pandemia. "Si es un servicio esencial, tendrá que funcionar al máximo con lo que hay. Utilicemos todas las herramientas disponibles, con las medidas de protección adecuadas. No hay ningún motivo para que la Justicia esté parada”.

La moderación del panel estuvo a cargo de la doctora en Ciencias Sociales y especialista en comunicación Adriana Amado, y contó con una audiencia, también virtual, de unos 200 participantes durante la hora y media que se extendió la charla.