“La Comisión por la Memoria (CPM) es un organismo público autónomo y autárquico que promueve e implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos. Sus objetivos y líneas de trabajo expresan el compromiso con la memoria del terrorismo de Estado y la promoción y defensa de los derechos humanos en democracia”. Así se define el organismo que preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Creada en el 2000, la CPM tuvo un rol fundamental en los “juicios por la Verdad” pero lentamente fue ampliando sus actividades. El año pasado fue muy debatida su participación en el “Caso D’Alessio”, donde elaboró un informe analizando la actividad de varios periodistas. Y luego sumó atribuciones en las cárceles a partir de la puesta en funciones, en 2019, del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, del que forma parte la CPM. Ese organismo nacional tiene amplias facultades para realizar inspecciones a cualquier lugar de detención.
Pérez Esquivel preside la Comisión Provincial de la Memoria desde 2003, por la renuncia de la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien dio un paso al costado cuestionando el manejo de “fondos del pueblo” y denunciando que le falsificaron la firma en comprobantes “para solicitar dinero, sueldos onerosos para funcionarios del equipo técnico y la creación de organismos fantasmas que fueron financiados con dineros públicos”. Actualmente Pérez Esquivel comparte la presidencia junto a Dora Barrancos, ex directora del CONICET.
Los vice son Susana Méndez, ex coordinadora del equipo de educación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y el sindicalista Víctor De Gennaro.
Entre las autoridades también aparecen José “Pepe” Di Paola, más conocido como el padre Pepe, Ernesto Alonso, Ana Barletta, Nora Cortiñas y Carlos Sánchez Viamonte, entre otros.
En la crisis penitenciaria tuvo un rol protagónico el secretario del organismo, Roberto Cipriano Garcia, a partir de la filtración de un audio donde afirmaba que “el objetivo de la Comisión Provincial por la Memoria es trabajar por la liberación de la mayor cantidad de personas posibles”.
Cipriano García adjudicó la filtración a una “campaña sucia” y explicó que el mensaje era para “contener” a un grupo de familiares de detenidos en medio de la crisis sanitaria por la pandemia.
En su raid mediático para intentar explicar el audio, Cipriano García aseguró que la CPM “no es un organismo kirchnerista”. “Denunciamos a todos los gobiernos, a Ruckauf, a Scioli, a Vidal, y seguramente vamos a denunciar al actual”, expresó el abogado.
Con el actual gobernador Axel Kicillof, ya hubo un conflicto, casualmente por el tema de los presos en las cárceles bonaerense. En enero, la Provincia tuvo que salir a desmentir a la CPM y negó impulsar la liberación de hasta 15 mil presos. “El ministerio de Justicia y Derechos Humanos desmiente los dichos vertidos por miembros de la Comisión Provincial por la Memoria que hacen referencia a la liberación masiva de detenidos en las unidades penitenciarias bonaerenses”, aclararon en ese momento a través de un comunicado.
La tensión con Kicillof quedó latente. “Al gobierno provincial le pedimos la conmutación de penas y no lo hizo, el poder ejecutivo tiene que hacer algo para descomprimir la situación de las personas enfermas en las cárceles”, cuestionó por estos días el secretario de la CPM en una entrevista con Eduardo Feinmann.
El organismo que preside Pérez Esquivel tiene un rol activo en las cárceles, con la presentación de habeas corpus y denuncias permanentes sobre las condiciones de detención. Su protagonismo creció el año pasado desde la puesta en funciones del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, del que forma parte la CPM.
Sin embargo, este fin de semana, Pérez Esquivel publicó una carta abierta en la que responsabilizó a los jueces por las prisiones preventivas otorgadas a presos peligrosos y denunció que hay una “campaña contra el gobierno y organismos de derechos humanos” de parte de la oposición.
“No se trata de liberar a los presos/as, los jueces y el Poder Judicial tienen que determinar quiénes pueden tener detención domiciliaria y control social y quienes no, de acuerdo a la gravedad de sus delitos, edad, enfermedades y lo que los jueces determinen”, aseguró al hablar por la CPM.
La Comisión quedó en el centro de una polémica en la causa Dolores porque se encargó analizar los chats y comunicaciones del falso abogado Marcelo D’Alessio. El resultado final fue un paper de 200 folios en el cual la CPM señala a un grupo de periodistas por participar, junto al falso letrado de una “posible interacción de inteligencia ilegal” para realizar “acción psicológica” sobre la población. Nunca se pudo explicar por qué el juez Alejo Ramos Padilla eligió a ese organismo para esa tarea.
Una investigación de Infobae reveló que la Comisión Provincial por la Memoria maneja un presupuesto de más de $124.000.000 anuales y tiene unos 113 empleados, con sueldos que oscilaban, a fines del año pasado, entre los $28.000 y $96.000.
La rendición de gastos del organismo fue cuestionada en varias oportunidades por el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires.
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