En el marco de las excarcelaciones masivas que se registraron en los diferentes departamentos judiciales de la Provincia, el bloque de Juntos por el Cambio en el Senado bonaerense busca activar el funcionamiento de los Jurados de Enjuiciamiento a Magistrados a través del sistema de videoconferencias, hoy paralizados por el aislamiento social dispuesto por el gobierno nacional y provincial en el marco de la pandemia del Covid-19.
La semana pasada, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunciaba que instruiría a la oficina de Atención a las Víctimas, creada por ley en el ámbito del Congreso, para que que le dé impulso a juicio político a los jueces que procedan a la liberación de delincuentes sin darle vista, previamente, a las víctimas.
“Aquellos jueces que no den vista a la parte, a la victima del delito y que procedan a la liberación de delincuentes, van a ser pasibles de inicio de juicio político por parte del cuerpo de abogados de la Oficina de Victima del Congreso”, aseguraba el diputado en declaraciones a Radio La Red.
Hoy, el sistema de enjuiciamiento previsto por la ley está suspendido por la pandemia ya que en su reglamento no se prevén las sesiones virtuales. “El Consejo de la Magistratura, la Cámara de Diputados y Senadores, o la misma Suprema Corte de Justicia, son ámbitos institucionales que están funcionando a través de las nuevas tecnologías. Pretendemos que con el sistema de enjuiciamiento ocurra lo mismo porque la situación que se está viviendo por la liberación de presos es muy delicada”, remarcó Juan Pablo Allan, autor de a iniciativa junto a Nidia Moirano.
“Lo que está pasando es que muchos familiares o las propias víctimas realizan denuncias contra los jueces que sacan a presos de manera indiscriminada, pero esas denuncian no llegan a nada porque no está funcionando el sistema de enjuiciamiento. Debemos avanzar en ese sentido”, agregó.
En este marco, un pedido de juicio político contra el juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca Claudio Brun, acusado por presunto mal desempeño de sus funciones, fue presentado formalmente en las últimas horas por la abogada María Fernanda Petersen, con el respaldo del Observatorio de la Víctima de Delitos que depende de la Cámara de Diputados.
Se trata del magistrado que había concedido el beneficio de arresto domiciliario un hombre que, en 2015, había sido condenado a siete años de prisión por el abuso sexual a una menor con retraso madurativo, y que, durante el último fin de semana, tras el rechazo que cosechó su resolución, dispuso que volviera al penal en el que se encontraba alojado.
El pedido de juicio político en su contra fue presentado anoche ante el Consejo de la Magistratura bonaerense y se constituyó en la primera que realizará el Observatorio, que funciona en la órbita del Congreso y cuenta con el respaldo de Massa. El planteo se formalizó en representación de G.N.S., una adolescente discapacitada que en 2008 fue abusada sexualmente, con acceso carnal, por un hombre que fue sentenciado a cárcel, informaron fuentes parlamentarias.
Voceros parlamentarios señalaron que pedirán la suspensión preventiva del juez mientras se sustancia la investigación sobre su conducta en el Consejo de la Magistratura.
La presentación, a la que accedió Télam, le adjudica al magistrado haber incumplido sus funciones al “omitir notificar y oír a la víctima antes del resolver que un condenado por violación de una menor sea trasladado a su casa con prisión domiciliaria” y que la familia de la chica “se enteró por los medios”.
A través del escrito, la abogada especificó que Brun “violó el artículo 5 de la Ley Nacional de Víctimas que se aplica en todo el país al ser de orden público” y que por tratarse "de un abuso a una joven, también se violó la ley 26.485 de “Protección Integral de las Mujeres”.
Asimismo, afirma que el juez omitió notificar y oír a la víctima antes de resolver que un condenado por violación de una menor sea trasladado a su casa con prisión domiciliaria, no se constituyó en el penal ni tomó contacto real con la situación y sólo dispuso su traslado a su domicilio.
“Es preciso destacar que de la propia resolución surge a todas luces que no se encuentra controlado por el sistema de monitoreo electrónico hasta tanto no finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, lo que pone en un situación de peligro y gravedad a la víctima”, precisa el escrito.
En la presentación, la abogada afirma que “existe una clara violación de los deberes propios a su cargo, puesto que el magistrado no ha realizado una aplicación razonada del derecho vigente a las circunstancias comprobadas en la causa”.
Los impulsores de la denuncia adelantaron que se espera que todas las víctimas, abogados y colectivos de víctimas tengan un modelo simple y bien fundado que les permita seguir el Leading Case (el caso líder o testigo) y hacer las presentaciones en cada caso donde se hayan operado libertades y beneficios irregulares.
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