La CGT consiguió que el Gobierno modifique el reparto “discrecional” de $4.000 millones para las obras sociales

La CGT logró que se modifique de una manera más equitativa la distribución de $4.000 millones para las obras sociales que había dispuesto a fines de abril la Superintendencia de Servicios de Salud y que fue calificada de “discrecional” por varios sindicalistas.

Así lo revelaron a Infobae fuentes de la central obrera, que aseguraron que el titular de la Superintendencia, Eugenio Zanarini, accedió a replantear la resolución luego de haber recibido una carta de la CGT en la que se planteaban objeciones al criterio con el que se iba a distribuir ese dinero, que surge del Fondo de Redistribución que administra ese organismo y que salda una parte de los $15.000 millones que el Estado les debe a las obras sociales en concepto de reintegros por tratamientos de alta complejidad.

El malestar de algunos dirigentes gremiales se basó en que el reparto de los $4.000 millones beneficiaba a la obra social de los Camioneros en desmedro de otras que pertenecen a sindicatos más grandes o a obras sociales chicas que han crecido porque hicieron acuerdos con prepagas y sólo sirven de “vehículo” para que los trabajadores deriven hacia allí sus aportes.

Algunas de esas obras sociales que triangulan los aportes fueron las grandes beneficiadas en los últimos dos pagos de la deuda del Fondo de Redistribución en desmedro de entidades que tienen afiliados directos e importantes gastos relacionados con el sostenimiento de empleados, personal médico, pago de medicamentos y clínicas y sanatorios propios. “La plata que les dio Zanarini a algunas obras sociales termina beneficiando a las grandes prepagas”, coincidieron las quejas sindicales.

Por ejemplo, la obra social del Personal Superior de Mercedes Benz iba a recibir $24.281.387, mientras que a la obra social de la UOM, en cambio, le tocarían $25.154.100, pese a que los metalúrgicos tienen muchísimos más afiliados.

En marzo, el reparto de $2.800 millones también había enfurecido a varios sindicalistas: en esa oportunidad, a Camioneros le dieron $258 millones y relegaron a obras sociales de gremios más numerosos como la UOM, UOCRA, UATRE y Gastronómicos.

Algunos dirigentes supusieron que el Gobierno quería beneficiar a la obra social del sindicato de Hugo Moyano luego de que éste cedió el Sanatorio Antártida al gobierno bonaerense para atender casos de coronavirus.

Por entonces, los dirigentes de la CGT protestaron ante Zanarini y éste les prometió que el siguiente mes iba a distribuir los fondos de una forma equitativa e incluso quedó en consultarlos primero. Sin embargo, nada de eso sucedió y en abril se repitió el mismo criterio que habían cuestionado. Por eso la central obrera le envió el lunes pasado una carta al funcionario con una propuesta distinta de reparto del dinero que fue elaborada por los cotitulares cegetistas, Héctor Daer y Carlos Acuña, junto con el secretario de Acción Social, José Luis Lingeri. Este fin de semana, finalmente, se confirmó la marcha atrás de la Superintendencia.

Tanto los $2.800 millones de marzo como los $4.000 de abril que se pagaron no tienen relación con los fondos adicionales que pidieron los sindicalistas para compensar la caída de la recaudación de las obras sociales por la paralización de la actividad económica que trajo aparejada la cuarentena: el Gobierno ya se comprometió a dictar un DNU que establecerá una ayuda multimillonaria, que sería lo que pide la CGT: $45.000 millones en tres cuotas para pagar sueldos y gastos del sistema de salud.

Los fondos cuyo reparto fue cuestionado por la CGT corresponden al Fondo de Redistribución, integrado por los aportes de trabajadores y contribuciones patronales que administra la Superintendencia, está destinado a reintegrarles a las obras sociales las prestaciones médicas de alto impacto económico y de tratamiento prolongado.

Los distintos gobiernos suelen demorar en efectuar los reintegros y esos fondos comenzaron a acumularse hasta llegar a los $15.000 millones que había al asumir el gobierno encabezado por Alberto Fernández.

A mediados de marzo, ante el avance del coronavirus, la central obrera había conseguido que el ministro de Salud, Ginés González García, autorizara a que la Superintendencia les devolviera a las obras sociales unos $4.800 millones que el Estado les debía por reintegros de tratamiento de alta complejidad. De ese total, en marzo se liberaron $2.800 millones y en abril, $4.000 millones.

Si Zanarini no revisaba el reparto de los $4.000 millones, la CGT estaba dispuesta a elevar sus quejas ante el Presidente y el ministro de Salud. En el fondo, hay una relación de poca confianza con el titular de la Superintendencia.

Zanarini es un hombre de confianza de Ginés González García, pero no del sindicalismo. Antes de que Alberto Fernández asumiera la Presidencia, se comprometió a que designaría al frente de la Superintendencia a alguien propuesto por la CGT.

El candidato elegido por la central obrera fue David Aruachán, un médico que provenía de los equipos de expertos sanitaristas de la central obrera, pero imprevistamente el titular de Salud terminó nombrando a Zanarini, que era vicerrector de la Universidad Isalud, y el experto de la CGT fue relegado al cargo de gerente general. En la CGT aseguran que la ruptura del compromiso asumido por el Presidente se debió a la intervención en el tema de Cristina Kirchner.

Seguí leyendo: