El juez de Bahía Blanca Claudio Alberto Brun, uno de los magistrados que fue apuntado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y a quien le pidió el juicio político por beneficiar con prisión domiciliaria a un condenado por abuso sexual, decidió revocar su propia resolución y ordenar que Néstor Luis Ibars que había salido de la cárcel el 7 de abril y está condenado a siete años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra una menor que tenía 17 años, vuelva a la cárcel. El hecho fue especialmente aberrante dado que la víctima sufría de retraso madurativo.
La decisión la habría tomado por los incidentes que se generaron con algunos vecinos alrededor de la casa de Ibars en Punta Alta. El objetivo de su retroceso en la medida habría sido resguardar a la familia del condenado. Su decisión fue casi en paralelo al pedido de juicio político. Así se dio una extraña situación, ya que el juez dio marcha atrás en el mismo momento en que se impulsaba el juicio contra él por la decisión que, finalmente, terminó revocando.
Brun es titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca. El pedido de juicio político contra él señaló que incumplió con los deberes inherentes a su cargo debido a que no aplicó “razonadamente” el derecho vigente y no valoró adecuadamente las características particulares del caso.
En términos concretos, el magistrado nunca explicó en detalle las razones por las que consideró oportuno otorgar la prisión domiciliaria al abusador. Además, no acreditó ninguna enfermedad o circunstancia que coloque al condenado en el grupo de mayor riesgo en relación al resto de la población carcelaria y tampoco corroboró que la prisión domiciliaria lo deje en una situación de menor riesgo de contagio.
El juez nunca pidió informes sobre las medidas adoptadas por el Servicio Penitenciario para prevenir los contagios y tampoco solicitó los informes técnicos criminológicos o análisis gráficos de conductas del detenido.
Cabe destacar que al momento de redactarse la denuncia, no se registraba ningún caso de contagio ni sospechoso bajo análisis en la Unidad 19, donde cumplía su condena el abusador.
Como señala el texto de la denuncia, la inexistencia de casos positivos hace que la prisión domiciliaria haya sido otorgada en base a una “lógica ilusoria de la urgencia” o a un “peligro de un peligro” que hasta el momento no se concretó.
La otra falta que denuncian contra el magistrado -probablemente la más grave- fue haber vulnerado el derecho de la víctima a quien nunca notificó ni escuchó como impone la ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, publicada en el Boletín Oficial el 13 de julio de 2017 y reglamentada mediante el Decreto N° 421/2018 del 9 de mayo de 2018.
La joven abusada se había enterado de la liberación de su atacante a través de los medios a raíz del escándalo político que generó la liberación de cientos de detenidos debido a la pandemia.
Sergio Massa, impulsor del juicio político contra Brun y contra otros dos magistrados de la provincia de Buenos Aires, había cuestionado con dureza el desempeño de los juece. “A mí me parece que las penas o las sanciones son para ser cumplidas, porque son el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error que cometió, y cuando aparece una situación que viola esto, se rompe el principio de acuerdo de convivencia social que tenemos los argentinos", indicó
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