La tensión escaló en pocas horas y se multiplicó por debajo de la superficie de la política nacional. La discusión pública sobre la excarcelación de presos para reducir el hacimiento en las cárceles y así evitar un posible contagio masivo, volvió a tensar la cuerda entre los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof, y la oposición representada por Juntos por el Cambio tanto a nivel nacional como provincial.
En la tarde del miércoles el Presidente y el gobernador de Buenos Aires se pusieron de acuerdo para emitir un mismo mensaje en las redes sociales. Un contenido similar, un responsable común y un enemigo político calcado. Fernández y Kicillof aclararon que el Poder Ejecutivo no dispone la libertad de los presos y que el Poder Judicial es el que decide las excarcelaciones. Además, y aunque no lo hicieron en forma explícita, cuestionaron a la oposición por entender que está actuando en forma irresponsable entorno a la discusión por la salida de los presos.
“Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida”, dijo el jefe de Estado. Kicillof fue más escueto pero siguió la línea del mensaje presidencial: “Les pido la máxima responsabilidad con este tema tan delicado. No agreguemos más temores a la población”. Un mensaje coordinado. Directo al riñón opositor.
La publicación conjunta, con apenas algunos minutos de distancia, tiene un costado simbólico. La hicieron tres días después del paso en falso que dio el Presidente al habilitar una hora de esparcimiento en todo el país - con el fin de flexibilizar la cuarentena - sin avisarles antes a los gobernadores. Esa descordinación obligó a Kicillof utilizar todo el domingo para negociar contrarreloj - antes de que se publicara el decreto - con los intendentes, darle un nuevo marco a la medida en el interior bonaerense y emitir un comunicado junto a los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires explicando los motivos por los que no llevarían adelante la disposición presidencial en la totalidad de los distritos de las provincias.
El foco del conflicto sobre la liberación de presos está puesto sobre la provincia de Buenos Aires donde, según información de la Procuración a la que accedió Infobae, y luego de un polémico fallo de la Cámara de Casación bonaerense, se concedió a la excarcelación de un número estimado de 1.400 detenidos alojados en prisiones y comisarías.
El pedido del juez Víctor Violini, para otorgar prisiones domiciliarias a los presos que son parte de la población de riesgo debido a un posible contagio masivo de COVID-19, rompió la tensa calma que existía entre el oficialismo y la oposición en este último mes y medio marcado por el avance de la pandemia en el país y el trabajo conjunto para enfrentarla.
Tanto a nivel nacional como provincial los referentes de Juntos por el Cambio hicieron saber su descontento por la medida judicial y le pidieron al oficialismo que aclare su posición. Desde el PRO, en una carta firmada por Patricia Bullrich y Jorge Macri, entre otros, aseguraron que “los presos tienen que cumplir sus condenas y los que tengan preventiva seguir detenidos hasta tanto desaparezcan los peligros procesales que justifican que estén encarcelados”. En ese mismo documento apuntaron contra el Presidente y advirtieron que ratificaba “la liberación indiscriminada de los presos generando una indebida presión sobre la justicia”.
Esa acusación del partido que lidera el ex presidente Mauricio Macri se hizo pública luego de que el jefe de Estado se haya mostrado a favor de las “libertades restringidas” a través de dispositivos electrónicos que puedan controlar a los detenidos afuera de las cárceles. Esa mirada volvió a replicarla ayer cuando afirmó que “es conocida” su oposición a “ejercer la facultad del indulto”, pero aclaró que en “Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales”.
En Buenos Aires la primera en patear el tablero fue la senadora bonaerense de Juntos por el Cambio Felicitas Beccar Varela, que en un audio de WhatsApp denunció que el Gobierno buscaba liberar presos para formar “patrullas que amenacen jueces y expropien el capital”. Esa acusación, que no fue aprobada por sus pares en la Legislatura, obligó al ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak a responder a través de sus redes sociales que "no hay un plan para liberar detenidos” durante la pandemia de coronavirus.
El ida y vuelta entre el oficialismo y la oposición se profundizó en el terreno bonaerense cuando el ministro de Seguridad, Sergio Berni dijo: “Si dependiera de mí, no sale ningún preso”. Las voces de Berni y Alak expresaron la mirada del gobierno bonaerense sobre la situación y evitaron que Kicillof avance hasta la primera línea de batalla y se haga cargo del discurso oficial. Un ejercicio que el Gobernador no había hecho a principio de año cuando enfrentó a la oposición durante la discusión por la ley impositiva. En esta oportunidad se resguardó, fue más cauto y bajó el nivel de confrontación.
Desde el gobierno provincial respaldaron a los dos ministros que salieron a dar la batalla dialéctica y advirtieron que con sus declaraciones habían expresado la postura oficial. Kicillof no quiere una salida masiva de presos para cumplir penas domiciliarias, pero sabe que esa medida depende exclusivamente del Poder Judicial. “Quisiéramos que la Justicia busque mejores alternativas. Pero no es nuestra responsabilidad determinar quienes salen, cómo lo hacen y en qué lugar siguen cumpliendo la pena”, explicó a Infobae un ministro que tiene contacto diario con el Gobernador.
En La Plata sostienen que de lo que se tienen que hacer cargo como Poder Ejecutivo es de la superpoblación en las cárceles y reconocen que el hacimiento de presos es un problema vigente que, con la llegada de la pandemia, puede agigantarse en apenas unos días. Por eso entienden que la Justicia debe buscar la forma para reorganizar a los internos de los penales mientras el coronavirus esté vigente. “No queremos que haya más espacio en las cárceles para que puedan estar más cómodos, sino que no estén amontonados en un metro cuadrado porque eso multiplica el riesgo de contagio”, advirtieron.
En el seno del gobierno bonaerense están convencidos que la revolución que se generó con las excarcelaciones y la creciente repercusión pública de los últimos dos días es un “plan orquestado por Cambiemos” y basado en un problema real que es la superpoblación carcelaria. ¿El objetivo? Generar temor entre los habitantes de la provincia, embarrar el escenario político y generar mayor tensión en la sociedad bonaerense.
Según entienden el brazo ejecutor de ese plan es el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, a quien relacionan con el sector político que responde a la ex gobernadora María Eugenia Vidal. La mano del procurador la ven en el pedido de la mayoría de los defensores generales bonaerenses, que le enviaron una carta a Kicillof reclamándole que conmute penas a los presos condenados a los que se les agote la pena este año y a aquellos que tienen sentencia firme, no exceden los cinco años de prisión y están cumpliendo el requisito temporal para acceder a la libertad condicional.
En los últimos días el Procurador, jefe de los fiscales y de los defensores, tomó distancia de esa carta y dijo que “no es justa” la salida de los presos y consideró que había que ocuparse “solamente de los grupos de riesgo”. En el gobierno provincial no confían en su opinión pública y creen que esa carta de los defensores fue para generar presión sobre Kicillof, el único, como representante del Poder Ejecutivo, que podía tomar la decisión de indultar. En la gobernación descartan por completo esa opción. “Axel no va a conmutar ninguna pena”, aseguran.
En la vereda opositora la mirada es totalmente diferente. Cargan las tintas sobre el juez Victor Violini por “abrir las puertas de las cárceles”, lo vinculan al kirchnerismo y advierten que su decisión está amparada por el Gobierno. En el armado de Juntos por el Cambio en la provincia prevalece la idea de que Kicillof pretende bajar la población carcelaria en un 30%. Que ese era el plan que tenían antes de la pandemia y que el coronavirus sirvió como excusa para lograrlo.
En el reducto opositor solo están de acuerdo con las excarcelaciones y la aplicación de detenciones domiciliarias a los presos que estén condenados por delitos menores y sean parte de los grupos de riesgo. Se manifiestan en desacuerdo con aquellos que estén dentro de esos grupos pero hayan sido condenados por delitos graves. “Que los reubiquen dentro del penal”, sostienen. Los límites son diferentes para todos los actores políticos. Sin embargo, el arco político, sin distinción de bandera políticas, ha puesto el rayo de luz más nítido sobre el accionar de la Justicia.
La confrontación pública se trasladó a los subsuelos de la política bonaerense, donde oficialistas y opositores se acusan mutuamente por la liberación de presos. En la superficie, la relación entre Axel Kicillof y los intendentes opositores sigue siendo amena. Hay un diálogo fluido. La colaboración mutua para enfrentar el coronavirus se mantiene vigente. Existe una relación normal. Casi normal.
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