El Gobierno inyectará $20.000 millones para salir de la cuarentena y reactivar el trabajo de la economía informal

En paralelo a la atención de la emergencia alimentaria para los sectores vulnerables de la Argentina que ya se puso en marcha, el Gobierno empezó a diseñar un “camino de salida de la cuarentena" con un fondo especial de 20.000 millones de pesos destinado a programas de capacitación, créditos y compra de maquinarias para aquellas personas de la economía informal.

“Estamos atendiendo fuertemente a los sectores desprotegidos en cuanto a la cobertura de alimentos pero también ya pensamos un plan para armar una salida ordenada con trabajo de esta cuarentena”, explicó hoy a Infobae el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

De esta manera, el Gobierno buscará atender a unos 4,5 millones de personas que se encuentran en la economía informal a quienes se asistirá en adelante con créditos para comprar maquinaria, capacitación en diferentes oficios y elaboración de proyectos de la economía popular.

Esta etapa de atención del Ministerio de Desarrollo Social que apunta a ir saliendo de la cuarentena de manera escalonada y reforzando la economía informal se terminará de acordar mañana en una reunión de Arroyo con sus pares de todas las provincias.

Según el ministro de Desarrollo Social, “la idea es ir estableciendo un camino de salida paulatino y ordenado que les permita a los que hacen changas y a la gente que está en el trabajo informal contar con herramientas y fondos para tener trabajo después de esta parálisis de la economía que hubo por el aislamiento social obligatorio destinado a frenar el coronavirus”.

Arroyo confirmó así que los 20.000 millones de pesos que se inyectarán en lo inmediato en estos proyectos de capacitación, generación de empleo y créditos se irán coordinando en aquellos distritos donde empiecen a flexibilizar la cuarentena. Es decir, todo dependerá de la situación particular de cada provincia o municipio.

Se estima que los sectores de la economía informal como los textiles, cartoneros, la construcción en pequeña escala y el sector de reciclado de basura serán los primeros que empezarán a salir de la cuarentena. Son estos los sectores de la economía informal a los que pretende financiar el Gobierno.

Este fue también uno de los mayores reclamos que escuchó el presidente Alberto Fernández la semana pasada luego de un encuentro que mantuvo en Olivos con una veintena de dirigentes de movimientos sociales que le trasladaron preocupaciones y quejas por los efectos de la cuarentena obligatoria. Allí el jefe de Estado se comprometió a reforzar la ayuda social y se mencionó la creación de un fondo para la economía popular que aún no se materializó.

Parte de esta estrategia de salida ordenada de la cuarentena en el trabajo informal que implementará el Ministerio de Desarrollo Social lo habló Arroyo con los intendentes del conurbano bonaerense de la tercera y primera sección electoral. Pero se irá trabajando con el resto de los intendentes y gobernadores del país.

En paralelo, desde el Gobierno destinaron desde hoy un refuerzo de $7.000 millones para incorporar un adicional de $4.000 y $6.000 para los beneficiarios de la tarjeta Alimentar.

Se trata de una ayuda extra que anunció el presidente Alberto Fernández la semana pasada y que busca atender a 1,1 millones de personas que tienen la tarjeta Alimentar y 400.000 que no la tienen pero que recibirán ese ingreso por medio del programa Asignación Universal por Hijo (AUH).

Arroyo destacó que la atención alimentaria en los barrios creció de 8 millones de personas a 11 millones que hoy reciben alimentos a raíz de la cuarentena y de la crisis social que se vive en medio de la pandemia de COVID-19.

A la vez, desde el Ministerio de Desarrollo Social se abrió en estos días otra compra de alimentos por parte del Estado con un nuevo esquema de precios máximos mayoristas como referencia y un sistema de seguimiento del proceso bajo la plataforma ComprAr que permitirá, aseguran, establecer un mecanismo más transparente de compra. Esto se hizo luego del escándalo de sobreprecios en la compra de alimentos para sectores desprotegidos que hizo la cartera de Arroyo y que investiga la Justicia.

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