Quién es quién en el plan que está en marcha para liberar presos masivamente

En la provincia de Buenos aires, el Servicio penitenciario está alerta. El fin de semana, los jefes hicieron inspecciones en las unidades clave, por temor a que se desaten motines y mandaron a agentes a recabar información. Ellos están haciendo un verdadero trabajo de inteligencia. La mayoría cree que la paz firmada con los presos de Devoto, penal que están en la órbita del Servicio Penitenciario Federal, mantendrá en suspenso las rebeliones programadas en la provincia hasta el jueves, fecha de vencimiento del acta y cuando se dará a conocer qué puntos del acuerdo se van a cumplir.

Por de pronto y como muestra de buena voluntad, el domingo liberaron a Francisco Ignacio Salas, que estaba detenido en Devoto y los agentes lo custodiaron hasta su domicilio en un lote de Capilla del Señor a la altura del kilómetro 74. Mejor llegada a casa, imposible: auto con chofer y dos custodias, un gasto exagerado que sale de los impuestos pero que aluden que debe hacerse así por el aislamiento.

Pero el proceso comenzó mal, porque el acuerdo fue firmado violando una de las primicias del manual del buen carcelero: no se debe negociar bajo presión.

No es una demanda inocente que los encarcelados pidieran elevar el número de presos que deben cumplir prisión domiciliaria de 1.350 a 1.600. En la diferencia incluyen homicidas porque para ellos no cuenta el delito que cometieron, sino la vulnerabilidad al COVID-19.

Por otra parte, hay una curiosidad entre los firmantes del acta. El secretario de Justicia, Juan Martín Mena, está entre los acusados en el juicio que se hará por la firma del Memorándum con Irán y entre los delegados de los presos, hay un múltiple homicida con cuatro asesinatos en su prontuario.

Pero esta es una parte de una historia que se inició con la gente más allegada a Cristina Kirchner, aunque la ex presidente no está presente ni apoya esta situación que parece no conformarla. Una de las caras visibles es la del ex juez Eugenio Zaffaroni vinculado a la Comisión de la Memoria que preside Roberto Cipriano García, este último fue quien llamó públicamente a los presos “compañeros prolibertad”. Por supuesto, los presos estrenaron sus celulares, enviando audios con la arenga de García.

Los integrantes de la Comisión albergan la idea de que los presos pueden ser parte de una fuerza revolucionaria si se canaliza su violencia hacia una sociedad más justa. Los abogados de esa organización fueron los que presentaron miles de recursos para liberar detenidos vulnerables al COVID-19.

Los primeros logros fueron la liberación de algunos presos por pedido de la Comisión de la Memoria. Dos de los que consiguieron prisión domiciliaria son violadores de un chico de 8 años y de una nena de 6 años. Los dos violadores viven cerca de los violados. Uno es vecino y el otro está radicado a cincuenta cuadras del domicilio de su víctima.

El juez que les concedió la liberación fue Victor Violini, un apellido que en estas circunstancias parece una condena del destino. El hombre integra en soledad una sala de Casación, fue oficial de policía y se recibió trabajosamente de abogado. No había alcanzado los puntos suficientes en el examen final. Pero su adhesión al kirchnerismo le facilitó la vida profesional y comenzó a ejercer la profesión. Es el responsable de que los presos hayan recibido celulares que conectan a todas las cárceles para preparar un plan de motines, si las liberaciones no llegan al nivel que quieren, es decir a casi toda la población carcelaria.

Violini, un férreo defensor de las libertades, no cumple con sus deberes: todavía no presentó su declaración jurada patrimonial como lo exige la ley.

La paradoja, es que fue ayudado en su momento por actual ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak y ahora están en veredas opuestas porque en el gobierno bonaerense no aprueban ninguna de sus medidas tomadas por el juez.

El otro motor es Andrea Casamento, fundadora de la Asociación de Familiares de Detenidos de Cárceles Federales (ADAF) que está casada con Alejo Fernández preso en Devoto y uno de los firmantes del acta. La mujer fue premiada por su defensa de los derechos de los detenidos.

Sus conexiones políticas parecen infinitas según el relato que le hace a los presos, es allegada a Mena, el secretario de Justicia, a varios intendentes de la provincia de Buenos aires, entre ellos Pablo Zurro, el intendente de Pehuajó, un defensor de la llegada de los médicos cubanos al país.

Casamento quiere sumar delegados en cada cárcel y hace públicas sus relaciones con el poder. Alejandro Alagia, que fue fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, de estrecha relación con la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y cercano a la vicepresidente de la Nación. Casamento es profesora en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo que fundó Hebe de Bonafini y donde estuvo involucrado Sergio Schocklender.

Ella habría arengado a los delegados de los penales de la provincia para que comiencen a presionar para armar una verdadera mesa de diálogo como la del penal de Devoto, ignorando que esa mesa ya existe oficialmente y sesionó por primera vez el miércoles 22 en la Unidad 48 de San Martín, un establecimiento que aloja a delincuentes con penas severas. No hubo avances en los diálogos, pero los presos saben que el Servicio Penitenciario Bonaerense no tiene la intención de liberar a los 2.300 internos con riesgo de contraer el Corona virus, porque 1.100 son de alta peligrosidad. Ellos están opuestos a las decisiones individuales de Violini y las frenaron por ahora, ya que debe consultar a un comité integrado por jueces y funcionarios policiales y del Servicio Penitenciario bonaerense.

Por el otro lado, Violini tiene un problema: hay jueces encarcelados que le recuerdan a diario favores recibidos. Entre ellos, está César Melazzo detenido en Ezeiza. También le demandan ayuda ex policías y sindicalistas. “Hay un verdadero pase de facturas”, señaló un ex juez que no quiso ser nombrado.

Lo cierto es que la pandemia dejó al descubierto una alianza entre los abolicionistas más puros y los que buscan beneficios políticos y económicos. El problema más grande es que en los juzgados de ejecución federales y de la provincia, priman los jueces abolicionistas.

Un ex jefe penitenciario teme que, si triunfa la asonada de los presos, haya problemas. “No olvide que en la primera línea de fuego están los guardia cárceles que están muy nerviosos. Luego los siguen los policías y los gendarmes y en la última línea están los ciudadanos que pueden ser víctimas de los homicidas y de los ladrones liberados”.

Fotos: Adrián Escandar, Franco Fafasuli

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