El acuerdo del Gobierno, la UIA y la CGT para garantizar el 75% del cobro del salario en las suspensiones de personal sin tareas fue justificado por sus impulsores de la central obrera y criticado por la conducción de la CTA Autónoma y por el líder de la CTA de los Trabajadores, mientras que la CGT Córdoba, sin dar precisiones, cuestionó las situaciones de “flexibilidad laboral y rebaja salarial”.
Héctor Daer, cotitular de la CGT, dijo que el acuerdo "genera certidumbre a toda esta nebulosa de gente que viene de hace 45 días sin trabajar, y que va a continuar así hasta el 10 de mayo”.
El sindicalista afirmó que el entendimiento tripartito “le pone un piso a todas las negociaciones” porque “a partir de ahí se podrá acordar el 100% del salario o lo que fuera, pero ninguna suspensión puede estar por debajo del 75% del salario neto, y esto también obliga a sostener la fuente de trabajo”. “Por lo menos van a tener ingresos y se va a preservar la fuente de trabajo”, agregó.
Aclaró, además, que de acuerdo con lo firmado “quienes hacen home office cobran el 100% del salario, igual que los que tienen patologías y no pueden ir a trabajar”.
“Estos acuerdos van a permitir al país la salida de la crisis –destacó–. De esto, la economía, la sociedad y el país en general salen con un gran acuerdo político, con todos los actores sociales. La salida de la pandemia va a ser también con muchísimo esfuerzo".
Por su parte, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, también defendió el acuerdo para las suspensiones con un piso salarial del 75%: "La situación es compleja. En el Estado nacional se sigue trabajando, pero hay muchas fábricas y comercios que han cerrado totalmente. Desde la CGT hemos señalado un piso porque muchos sindicatos pequeños no tienen fuerza para negociar”, sostuvo.
El dirigente gremial señaló que la empresa que adhiera a este acuerdo “tiene que demostrar que está en crisis para acceder al 75%, y esto sólo dura dos meses”, y advirtió que "la otra opción es que las empresas salgan a despedir gente, que es lo que no queremos”.
Destacó, de todas formas, que “no está descartada la discusión paritaria, depende de cada actividad. La industria alimentaria o farmacéutica están trabajando, y la automotriz o textil están paradas”.
Las primeras críticas al acuerdo UIA-CGT fueron de las dos expresiones en que está dividida la CTA. Por un lado, el líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, alineado con el kirchnerismo, publicó en su cuenta de Twitter el siguiente comentario: “Los empresarios firman acuerdos para la baja de salarios. ¿No será momento de que firmen acuerdos para bajar los precios?”.
Mientras, la CTA Autónoma manifestó su “absoluto rechazo” porque “tiende a la negociación colectiva a la baja, sin condiciones y a colocar al trabajador en estado de indefensión”.
La central que dirigen Ricardo Peidró, Claudia Baigorria y Hugo “Cachorro” Godoy afirmó que “se pretende universalizar una quita del 25% del salario de los trabajadores, sumado a un sistema de subvenciones, donde sectores de empresas concentradas transfieren el pago de salarios al erario público”, con lo cual, cuestionó, “sólo se hacen cargo de una pequeña parte con un costo insignificante en función de sus ingresos y ganancias habituales". "El acuerdo pone en el mismo plano a las pequeñas y medianas empresas que verdaderamente requieren el apoyo del Estado”, añadió.
La fracción combativa de la CTA recordó que no está adherida a la CGT y que las organizaciones que la integran “no están representados por la CGT” ni le dieron “mandato alguno, por lo que nos consideramos en libertad de acción para reclamar lo que los trabajadores y trabajadoras resuelvan”.
Luego de destacar su oposición al gobierno “neoliberal" de Mauricio Macri, la CTA Autónoma advirtió que “la emergencia no es motivo suficiente como para anular la consulta y la participación de otras entidades de trabajadores y empleadores que estamos en condiciones de efectuar aportes para encarar la difícil situación por la que atravesamos” y dijo que así "se concentran las decisiones en unos pocos y se deteriora el sistema democrático”, tras lo cual recordó que los comités de crisis “deben continuar siendo la orientación para lograr consensos en la actividad productiva”.
En las últimas horas también hubo un pronunciamiento de la CGT Córdoba, que, aunque no se refiere específicamente al acuerdo UIA-CGT, puntualizó que “la cuarentena es una cuestión humanitaria para salvar vidas" y consideró que "no puede ser el camino para la flexibilidad laboral y rebaja salarial”.
La regional cordobesa, que lidera José Pihen, indicó que "entiende y apoya” el aislamiento social, preventivo y obligatorio, pero sostuvo que también "es necesario atender la situación de un importante grupo de trabajadores y trabajadoras que están enfrentando, desde el inicio de la cuarentena, un mayor grado de riesgo y esfuerzo cumpliendo con sus actividades laborales”.
Denunció, en ese sentido, que “algunos sectores y empresas modifican condiciones laborales y salariales con el objetivo de mejorar su posición en desmedro de las relaciones laborales y la baja salarial”. Y también hizo hincapié en que es “preocupante la permanente suba de precios que, en forma especulativa, están limitando y perjudicando el poder de compra de los salarios, agravando aún más la situación de los trabajadores y trabajadoras”.
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