La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un nuevo pedido de prisión domiciliaria del ex represor Raúl Antonio Guglielminetti. Con el voto de los camaristas Javier Carbajo y Gustavo Hornos, el máximo tribunal penal rechazó la solicitud que se suma a la que fuera también denegada el pasado 21 de abril de 2020.
Guglielminetti está cumpliendo una pena de 25 años de prisión que se le impuso por su intervención en 25 casos de privación ilegal de la libertad agravada y en 21 casos de imposición agravada de tormentos, cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención conocido como “Automotores Orletti”.
Los camaristas Carbajo y Hornos –además de la gravedad de los hechos por los que Guglielminetti fue condenado– tuvieron especialmente en cuenta que los informes médicos y socio-ambientales, junto con otras constancias incorporadas al expediente digital, demuestran que sus patologías son correctamente atendidas.
Según esta documentación, el ex represor se encuentra debidamente aislado en la unidad penitenciaria en donde cumple la condena y, señalaron los magistrados en su fallo, su derecho a la salud durante la pandemia de COVID-19 está garantizado.
La Sala IV se pronunció en la causa de manera remota utilizando la plataforma virtual del Sistema Informático de Gestión Judicial y los jueces suscribieron el fallo con el nuevo sistema de firma electrónica que reemplaza la firma en el formato papel.
El centro clandestino de detención “Automotores Orletti” estaba ubicado en la calle Venancio Flores 3519, en el barrio porteño de Floresta, y funcionó entre el 11 de mayo y el 3 de noviembre de 1976. El lugar era conocido como OT18 y los grupos de tareas lo llamaban “El Jardín”. En la década del 90 “Automotores Orletti” volvió a funcionar como un taller mecánico hasta que en 2006 la Legislatura porteña lo declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación para garantizar su preservación a fin de incorporarlo a la memoria histórica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El caso de Guglielminetti no es el primero de un ex represor que pide un beneficio judicial debido a la pandemia. En los últimos días se conocieron más de un centenar de solicitudes similares. Ya lo habían hecho, entre otros, Mario Durquet, quien cumple condena en Mar del Plata, y Miguel Etchecolatz, detenido en la cárcel de Ezeiza por delitos de lesa humanidad.
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