El pacto UIA-CGT para rebajas salariales acelerará las suspensiones, pero la crisis atomizará los acuerdos

¿Se acelerarán ahora algunas negociaciones clave para suspender trabajadores que estaban congeladas a la espera del acuerdo entre la UIA y la CGT? No necesariamente. Lo pactado entre ambas partes con el Gobierno ayuda porque brinda un marco de orientación y el tope del 25% de descuento salarial para los trabajadores suspendidos por falta de tareas, pero no soluciona todos los problemas que trae aparejado el parate económico por la pandemia.

De por sí, de las tratativas más importantes que quedaron suspendidas a la espera de este acuerdo, sólo el de la UOM con las cámaras empresariales se reflotó en las últimas horas. Pero la crisis del sector metalúrgico es tan profunda que nadie se anima a pronosticar nada: el 80% de las empresas están paralizadas desde hace 40 días (y lo estarán por otros diez días más) y la mayoría se concentra en los cordones urbanos que tardarán más tiempo en volver a la actividad.

El sindicato que lidera Antonio Caló abandonó las negociaciones cuando ya estaban convenidas las suspensiones con el pago del 70% del salario. Ahora tendrá un piso superior, del 75%, aunque la incógnita es cuántas pymes podrán cumplir con un compromiso de esas características, por más que el Gobierno haya salido al rescate con un programa para pagar el 50% de los sueldos.

Lo que está sucediendo en Comercio es distinto porque el gremio que encabeza Armando Cavalieri no había avanzado en ningún acuerdo general de suspensiones y ahora ni siquiera tiene previsto reunirse con las cámaras del sector: el 89% de las empresas de la actividad son pequeñas y medianas, por lo que los dirigentes gremiales imaginan tratativas “artesanales” con cada una para determinar cuánto estarán en condiciones de pagar más allá del piso salarial del 75%.

El problema se presentará en los casos en que la crisis de una empresa obligue a flexibilizar el acuerdo, ya que el texto firmado por la UIA y la CGT establece que si las partes firman por el 75% de rebaja salarial la homologación será un trámite express (“en forma automática”), pero si es por debajo de esa cifra, lo convenido será evaluado por el Ministerio de Trabajo para verificar si realmente está “de acuerdo con la situación del sector o de la empresa”.

Un alto dirigente de la UIA advirtió a Infobae que el acuerdo con la CGT “es un marco ideado para los que pueden adherir, no es un marco mandatorio. Y para adherir tienen que hacerlo las partes, sea empresa y sindicato o cámara y sindicato. Si no adhieren, no estarán comprendidos en sus alcances. Y si su cámara adhiere y los arrastra, tendrán que presentar su propio acuerdo según el artículo 223 bis o un Procedimiento Preventivo de Crisis. Esto no afecta los acuerdos que ya están firmados y se puede pactar en términos distintos porque hay situaciones mucho más complejas”.

La referencia que hacía el directivo industrial es a uno de los últimos puntos del acuerdo UIA-CGT, que dice: “El mecanismo abreviado aquí previsto no será de aplicación para la situación de quienes hubieren ya acordado o acuerden en el futuro otros criterios de suspensión”.

¿Qué significa? Que el acuerdo brinda un marco que no excluye la posibilidad de pactar en otros términos si los números de una empresa le impiden siquiera llegar al tope salarial del 25%, aun considerando que el programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), creado por el decreto 376, prevé que el Estado pague la mitad de los sueldos a los trabajadores del sector privado (con un tope de 33.750 pesos) y la reducción de los aportes patronales, entre otros puntos.

Así, el Gobierno brinda otra herramienta para que empresas y trabajadores puedan afrontar las consecuencias recesivas de la pandemia, así como otro recurso fue habilitar en el decreto 329, que prohíbe los despidos, la posibilidad de acordar suspensiones con el pago de una prestación no remunerativa tal como fija el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

En la Casa Rosada deslizan que los acuerdos de este tipo que ya hayan sido homologados pueden retrotraerse si hay consenso de las partes para replantearlo según lo pactado por la UIA y la CGT. Para los empresarios, se trata de una variante imposible desde el punto de vista legal.

Políticamente, el acuerdo firmado con la UIA le permite a los dirigentes de la CGT recuperar terreno y mostrar capacidad de gestión justo en el momento en que la cuarentena obligatoria está amortiguando la emergencia sanitaria por el coronavirus, aunque está empezando a arrasar con la economía, la producción, las empresas, los salarios y las fuentes de trabajo.

Además, para la central obrera también significa un enorme alivio económico porque podrá evitar que siga cayendo de manera tan drástica la recaudación de los sindicatos y de las obras sociales: el texto del acuerdo menciona específicamente que sobre el monto del 75% del salario neto que le hubiere correspondido al trabajador en caso de haber cumplido tareas “deberán realizarse la totalidad de los aportes y contribuciones por la Ley 23.660 (de obras sociales) y 23.661 (que crea el Sistema Nacional del Seguro de Salud) y el pago de la cuota sindical”.

Para que la felicidad sindical sea completa, falta aún que Alberto Fernández firme el DNU que establecerá una ayuda adicional para las obras sociales justamente con el fin de compensar la baja en la recaudación mensual, que, según se estima, sería entre un 50% a un 70%.

En las últimas horas, la CGT recibió la confirmación de que la norma tan esperada sigue el derrotero normal en los despachos oficiales. Lo que aún no sabe es si el Gobierno aprobó el monto reclamado por los sindicalistas: $45.000 en tres cuotas (mayo, junio y julio), fondos que, prometen en el Ministerio de Salud, serán repartidos de manera transparente a cada obra social en función de la baja en la recaudación que figura oficialmente en los registros de la AFIP.

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