En paralelo al nuevo esquema de cuarentena controlada que dispuso el presidente Alberto Fernández, en los últimos días creció la preocupación en el Gobierno por el incremento de casos de violencia institucional y abusos de policías federales o provinciales en los operativos de control del aislamiento social en todo el país.
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, ya había alertado a sus pares de todas las provincias sobre la necesidad de “evitar todo tipo de maltrato, violencia u hostigamiento policial a las personas por el cumplimiento de la cuarentena". Pero en los hechos la advertencia no surtió efectos: en las últimas semanas hubo 13 causas de policías federales involucrados en situaciones de violencia institucional. En total, dos efectivos fueron pasados a disponibilidad y 31 agentes fueron separados de sus lugares de operación mientras se avanza en investigaciones por lo ocurrido en la calle.
Una situación de incremento de abusos policiales se da en las provincias donde creció exponencialmente esta situación. Y el tema se dialogó también entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores en la videoconferencia que mantuvieron la semana pasada antes de definirse la tercera fase de la cuarentena obligatoria en todo el país.
“Hay mucha preocupación y no vamos a permitir que los operativos de control de la cuarentena queden empañados por unos violentos. Ya fuimos claros en esto, lo advertimos y no habrá concesiones”, dijo tajante a Infobae un allegado a la ministra Frederic.
El tema de la violencia institucional generó tanta preocupación en la Casa Rosada que el Ministerio de Seguridad decidió incluir en la línea 134 de denuncias para los que no cumplen la cuarentena un espacio dedicado a volcar allí las denuncias de violencia institucional de las policías.
Ayer, la ministra de Seguridad mantuvo una videoconferencia con los jefes de Protección Civil de todas las provincias, otro encuentro con intendentes de la región norte. Antes había hablado con los ministros de Seguridad, a quienes alertó sobre la necesidad de poner un freno a los abusos policiales en las redadas callejeras para controlar el aislamiento social. En todos los casos se alertó sobre este aumento de la violencia institucional y en los próximos días habrá otra videoconferencia de Frederic con sus pares de seguridad para remarcar este tema.
Frederic expresó a los ministros provinciales que “si bien estamos en una situación excepcional, esto no debe dar lugar a atropellos de las fuerzas. La conducción de éstas implica instruir a la policía para que tenga cuidado de no avanzar sobre derechos y garantías constitucionales. Se debe evitar todo tipo de maltrato, violencia u hostigamiento a las personas”.
Según pudo saber Infobae, en la Casa Rosada también están en alerta por el aumento de casos de violencia institucional de policías provinciales de Chubut, la ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Jujuy, la provincia de Buenos Aires, San Luis y Mendoza. En todos esos distritos hubo diferentes expresiones de abuso de autoridad y violencia de las policías locales hacia personas que estaban circulando en la calle sin permisos en plena cuarentena.
El caso de San Luis es el que más alertó a la ministra Frederic. Es que allí se registró el caso de una mujer a la que detuvieron en la calle supuestamente por incumplir la cuarentena y dos días después apareció muerta en la celda de una comisaría.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo de Horacio Pietragalla Corti ya tiene una denuncia en marcha contra policías de Tucumán que pedían coimas para liberar detenidos que no habían cumplido la cuarentena. Pero hay más casos de policías provinciales en situación de abuso de autoridad que están bajo investigación de esa misma dependencia nacional.
Por otra parte, se supo que Amnistía Internacional envió una carta al Ministerio de Seguridad para pedir explicaciones por el aumento de la violencia institucional en las policías. También esta organización mundial reclamó reforzar la implementación de los estándares internacionales de derechos humanos a los que debe ajustarse el ejercicio de las competencias de las fuerzas de seguridad en todo el país.
“Independientemente de la excepcionalidad del actual contexto de emergencia sanitaria, el ejercicio de las atribuciones otorgadas a las fuerzas de seguridad debe ser siempre en el marco del respeto absoluto a los derechos humanos de todas las personas y dicho ejercicio debe estar acompañado de una debida rendición de cuentas de sus acciones”, señaló a Infobae Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. La carta que envió esta organización a la ministra Frederic aún no obtuvo respuesta alguna.
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