El Gobierno, la UIA y la CGT acordaron que las suspensiones de trabajadores tendrán una rebaja salarial del 25%

La UIA y la CGT llegaron a un acuerdo con el Gobierno para definir el tope del descuento salarial de los trabajadores suspendidos por falta de tareas: será del 25% del sueldo neto y se plasmará en un decreto o resolución que servirá como orientación para las negociaciones que mantienen empresarios y sindicalistas durante abril y mayo.

El entendimiento, que se cerró luego de intensas tratativas que terminaron esta tarde, permitirá que quienes no tengan tareas como producto de la cuarentena podrán ser suspendidos y cobrarán una suma que no podrá ser menor del 75% del salario, alternativa que ya acordaron en distintas actividades, pero ahora se evitará la actual dispersión de porcentajes de baja de sueldos y este esquema se complementará con el pago del 50% del salario por parte del Estado que fijó el Decreto 376.

Según el texto que firmaron la UIA y la CGT, de cuatro carillas, quedarán excluidos de sus alcances “los trabajadores que hayan establecido con su empleador las condiciones en que prestarán servicios desde el lugar de aislamiento” y también los pertenecientes a los grupos de riesgo, es decir, los mayores de 60 años, embarazadas o con patologías preexistentes.

En el acuerdo se establece que “el monto que los empleadores deberán abonar como prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral en este marco no podrá ser inferior al 75% del salario neto que le hubiere correspondido al trabajador en caso de haber laborado. Sobre este monto deberán realizarse la totalidad de los aportes y contribuciones por la ley 23.660 y 23.661 y el pago de la cuota sindical”.

También prevé que “quienes apliquen este marco normativo deberán mantener su dotación de trabajadores sin alteraciones durante un plazo igual a la vigencia de esta norma”.

El texto consensuado entre las tres partes fue firmado por los representantes de la UIA Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja, y los dirigentes de la CGT Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Antonio Caló, y figuran como participantes de la reunión en la que se llegó al acuerdo los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

El sindicalismo presionaba para que las suspensiones pagas, que se multiplicaron por la parálisis económica que provoca la cuarentena, se pudieran firmar dentro de un acuerdo general que estableciera un tope de rebaja salarial del 20%, pero para el empresariado esa cifra era “inviable”.

Lo que precipitó esta discusión desde hace una semana fue el dictado del Decreto 376, mediante el cual el Gobierno se comprometió a pagar la mitad del sueldo de los trabajadores de las empresas en crisis (hasta un máximo de $33.750 por empleado) y el descuento de las contribuciones patronales.

De esta forma, la CGT planteó el martes pasado que que si el Estado pagará el 50% del sueldo de quienes están hoy sin tareas, el otro 50% podrían abonarlo las empresas para que los trabajadores puedan percibir sus salarios completos. La UIA rechazó esa propuesta porque considera que no sería justo que un empleado que no está trabajando cobrara lo mismo que alguien que está cumpliendo sus tareas. Para intentar una solución, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, propuso entonces que ambas partes y el Gobierno definieran un piso de porcentaje salarial para las suspensiones que se ubique entre el 50% que proponen los empresarios y el 100% que pretenden los gremios.

Las negociaciones se intensificaron luego de que este fin de semana los dirigentes sindicales le comunicaron a la Casa Rosada que bajaban su pretensión del 100% al 80%, pero los negociadores de la UIA desestimaron esa propuesta y volvieron a discutir los términos del acuerdo.

El acuerdo al que se llegó hoy precisamente incluye un punto clave, que dice lo siguiente: “En el caso de que se declare aplicable en una empresa el pago complementario previsto en el Art. 8 del DNU 376/20 y sus normas complementarias, el monto de la asignación complementaria que abone la ANSES –que en ningún caso será inferior al valor de un salario mínimo, vital y móvil– será considerado parte de la prestación dineraria anteriormente ordenada, de manera que el importe a cargo del empleador lo complementará hasta alcanzar el porcentaje establecido”.

La CGT quería que el acuerdo marco fijara una orientación general, sobre todo para los sindicatos más chicos y con menor margen de negociación, pero que delegara la aprobación de las suspensiones en los términos de una negociación con los empresarios dentro de cada convenio colectivo. Ese punto finalmente no fue acordado con la UIA.

Desde que se agravó la crisis económica por la cuarentena se presentaron ante el Ministerio de Trabajo 120 acuerdos de empresas y sindicatos que pactaron suspensiones pagas y la preservación de las fuentes de trabajo, de acuerdo con el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Si bien los despidos y las suspensiones están prohibidas desde el 31 de marzo por el Decreto 329, en la misma norma, al incluir se contempla la posibilidad de que acuerden de manera individual o colectiva las suspensiones a cambio de una retribución no remunerativa si hay falta o disminución del trabajo.

Las suspensiones dentro de este esquema ya fueron firmadas por el sindicato mecánico (con reducciones salariales de entre el 30% y el 40%), los gremios petroleros (que acordaron una rebaja de sueldos del 40%), los empleados de autopistas de AUSA, la industria del calzado, las cadenas de comida rápida, la aerolínea Flybondi y este lunes se sumaron los trabajadores textiles: la cámara acordó con el sindicato que encabeza Hugo Benítez que el personal suspendido cobrará durante tres meses una suma fija que oscila entre los 17.000 y los 20.000 pesos.

El otro tema crucial que la CGT está negociando con el Gobierno tiene que ver con la plata para el sistema de obras sociales. Esta tarde, los dirigentes sindicales redactaron en la Federación de Sanidad una carta dirigida a la Superintendencia de Servicios de Salud en la que piden que este mes se distribuyan “de manera equitativa” $4.000 millones del Fondo de Redistribución, que aquel organismo se aprestaba a repartir con un criterio considerado “discrecional” por algunos gremialistas.

La Superintendencia, encabezada por Eugenio Zanarini, ya había distribuido en forma polémica $2.800 millones en marzo, por lo que, ante la queja de la CGT, el funcionario se comprometió a hacerlo de manera consensuada al mes siguiente. Sin embargo, según el diario Clarín, el nuevo listado de beneficiarios privilegió nuevamente al sindicato de Hugo Moyano y hubo muchos casos de repartos de fondos realizados de manera arbitraria: por ejemplo, la obra social del Personal Superior de Mercedes Benz recibirá $24.281.387, mientras que a la obra social de la UOM, en cambio, le tocarán $25.154.100, aunque los metalúrgicos tienen muchísimos más afiliados. También se benefició a obras sociales chicas que tienen acuerdos con las prepagas, que serán las aliviadas por la llegada del dinero.

A mediados de marzo, ante el avance del coronavirus, la central obrera había conseguido que el ministro de Salud, Ginés González García, autorizara a que la Superintendencia les devolviera a las obras sociales unos $4.800 millones que el Estado les debía por reintegros de tratamientos de alta complejidad, sobre una deuda total que en aquel momento alcanzaba los $15.000 millones.

Las dos primeras cuotas para saldar esa deuda ya ocasionaron una fuerte controversia que, si no se soluciona, derivará en una queja de la CGT ante el ministro de Salud o incluso el Presidente.

Pero la central obrera también está a la espera de que Alberto Fernández dicte el DNU que les otorgaría a las obras sociales una ayuda de unos $45.000 millones, entre cuotas, para cubrir el déficit que genera la caída de la recaudación mensual en la estructura que sostienen los sindicatos.

Ginés González García les confirmó el martes pasado que el Gobierno les daría un auxilio adicional, tal como los había reclamado la CGT, que sería aportada por la Tesorería Nacional, a través del Ministerio de Economía, y se haría efectiva en los meses de mayo, junio y julio para compensar la caída de la recaudación de abril, mayo y junio, ya que se liquida a mes vencido.

Sin embargo, hasta ahora no hay novedades sobre el tema y la demora está poniendo nerviosa a la central obrera: se estima que hay una caída de la recaudación que oscila entre un 50% y un 70%, por lo que hay muchos dirigentes gremiales que están en apuros para poder pagar los gastos de los sindicatos y de las obras sociales, tanto de sueldos como de insumos y mantenimiento.

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