El Club Político Argentino reclamó la apertura de los tribunales y el funcionamiento del Congreso

La institución que preside Graciela Fernández Meijide criticó que continúe “el estado de excepción” en materia legislativa y judicial. “Que los legisladores legislen y la Justicia actúe con normalidad", expresó la entidad

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(Martín Rosenzveig)
(Martín Rosenzveig)

“Ante la prolongación de la situación de excepción, el CPA no puede ignorar que la Constitución establece que el pueblo gobierna por medio de sus representantes y que éstos trabajan en el Congreso. Tampoco se desentienden del saludable sistema de pesos y contrapesos en el ámbito del poder. De ahí la insistencia del CPA en reclamar que el Congreso se habilite y los legisladores legislen y que la Justicia actúe con normalidad", expresó a través de una declaración el Club Político Argentina, entidad que preside Graciela Fernández Meijide.

En concreto, pidió que se le ponga fin a “una feria tribunalicia sine die y que se utilicen para ello todos los medios adecuados de los que dispone el Estado” y agregó que “más que nunca la preservación del Estado de Derecho, que es siempre necesaria, depende del juego institucional que requiere moderación por parte de las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales, de los gobiernos y oposiciones, tanto en el plano nacional como en el de las provincial y municipios”.

El CPA es una organización integrada por intelectuales y dirigentes políticos mayoritariamente vinculados a Juntos por el Cambio, incluso varios fueron funcionarios como el caso de Pablo Avelluto, que fue Ministro de Cultura de la Nación, Jorge Sigal, que fue Secretario de Medios Públicos o Henoch Aguiar, que fue número dos de ARSAT. El ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, asistió varias veces a dar charlas, y también lo hicieron el ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca y la ex ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, entre otros.

Sin embargo, también hubo fuertes críticas a la gestión económica de Mauricio Macri, como pudo reflejarse en una serie de documentos que pusieron el foco en el abultado endeudamiento para financiar una apertura que no terminaba de resolver la crisis de la balanza externa. Desde Juan Llach hasta Guillermo Rozenwurcel, fueron varios los economistas socios del CPA que impulsaron documentos para llamar la atención del gobierno de Cambiemos, sin resultado.

Sabrina Ajmechet, Mariano Caucino, Jaime Durán Barba, José Octavio Bordón, Armando Caro Figueroa, Marcelo Cavarozzi, María Eugenia Estenssoro, Sebastián Katz, Eduardo Levy Yeyati, Emilio Lafferriere, Jesús Rodríguez, José Luis Machinea, Dolores Mora y Araujo, Beatriz Nofal, Marcos Novaro, Gabriel Palumbo, Emilio Perina, Lilia Puig, Luis Alberto Romero, Graciela Romer, Magdalena Ruiz Guiñazú, Agustín Salvia, Facundo Suárez Lastra y Guillermo Yanco son algunos de los casi 300 socios.

En el documento que dio a conocer hoy, el CPA expresó que “la rendición de cuentas del Ejecutivo ante el Congreso, así como la toma de decisiones en materias fiscales y de política exterior, no puede marginalizarse con el argumento de la emergencia”. Y finalizó diciendo que “ésta (la emergencia) es indiscutible, pero la Argentina debe movilizar sus recursos institucionales para dar respuestas a la altura de sus valores republicanos”.

A principio de mes también manifestó su preocupación en otra declaración que tituló “República y pandemia”. “Si en países en guerra los parlamentos pudieron cumplir con su misión, la pandemia no puede ser un obstáculo para el funcionamiento de nuestro Congreso. Hay procedimientos electrónicos como para que sesionen y -si es ineludible la presencia física- se pueden implementar protocolos sanitarios para no poner en riesgo la salud de nuestros representantes. Legislar por DNU expone a la institución presidencial a errores y falta de consensos frente a un desafío que es de todo el país”.

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