La Justicia requirió documentación en Desarrollo Social y allanó varias empresas por la polémica compra de alimentos

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó esta tarde un operativo judicial en la sede del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo para requerir documentación vinculada con la millonaria compra de alimentos, pudo saber Infobae de fuentes judiciales. Por pedido del fiscal Guillermo Marijuán, que activó varias medidas de prueba apenas recibió la denuncia de su colega Sergio Rodríguez, también se hicieron cinco allanamientos en las empresas investigadas.

Canicoba firmó una orden de presentación dirigido al Ministerio de Desarrollo Social para obtener la documentación de la compra sospechada. La Policía llegó con el oficio cerca de las 14. Voceros de esa cartera aseguraron a este medio que se recibió el oficio, pero que “aún no se entregó la documentación”.

La Policía también allanó un edificio ubicado en San Martín 66, donde funcionan las oficinas de Teylem y Forain, dos de las firmas adjudicadas. Las dos empresas pertenecen al “Grupo L”, encabezado por el empresario Víctor Luis Lusardi y sus hijos.

Ese grupo empresario, llamativamente, fue invitado a participar con cuatro de sus empresas. Los Lusardi finalmente se presentaron con Teylem y Forain.

Otros allanamientos se realizaron en Paraguay 419, domicilio de la empresa Copacabana; en un estudio contable vinculado con la empresa Sol Ganadera; en la sede de Alimentos Generales SA, en Burzaco; y en una planta de la firma Teylem ubicada en Ciudadela.

Arroyo dijo esta semana que no pensó en renunciar. Hasta ahora tiene el respaldo del presidente Alberto Fernández, que decidió frenar la compra y descentralizar el sistema para que puedan acceder los productores de alimentos. De esa manera, se busca limitar la incidencia de los intermediarios en las licitaciones. Ocurre que de las seis empresas adjudicadas, cinco no eran productores.

Por el escándalo, el Gobierno también determinó, a través de una resolución del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, que todas las compras de bienes y servicios en el marco de la pandemia no podrán superar los precios máximos dispuestos por el propio Estado.

La compra directa de alimentos por 543 millones de pesos generó hasta ahora la renuncia de 16 funcionarios de la cartera que conduce Arroyo, incluyendo al ex director de Compras y Contrataciones, el contador Mariano Rueda, y a Gonzalo Calvo, que estaba a cargo de la Secretaría de Asistencia Crítica.

Este lunes, el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, presentó una denuncia ante el juez de turno para se investigue la responsabilidad que podría haber tenido cada uno de los funcionarios que intervinieron en la compra directa, incluyendo al propio Arroyo, y también la eventual responsabilidad de las empresas.

Rodríguez sostuvo que hubo una compra dirigida a un grupo reducido de empresas que están “en manos de dos o tres grupos de oferentes”. También dio por probado que hubo sobreprecios en todos los rubros y un perjuicio patrimonial para el Estado.

Apenas recibió la denuncia, Marijuán comenzó a tomar medidas de prueba. Ayer, el fiscal pidió tres allanamientos luego de que la Policía Federal detectó que se estaba trasladando documentación en un auto de color bordó desde la sede de la firma Copacabana, en Berutti al 2300.

La Policía detectó los movimientos mientras hacía tareas de inteligencia que le había ordenado el propio fiscal. El auto fue seguido durante todo su recorrido y terminó en Monte Grande. Cuando llegó a su destino, comenzaron los allanamientos.

Fuentes de la investigación dijeron a este medio que dentro del auto se secuestraron remitos y facturas de la empresa Copacabana, que iba a cobrar $188 millones por la polémica compra directa de alimentos.

En una vivienda de San Fernando, la Policía encontró las mismas cajas que se habían retirado unas horas antes de las oficinas de la calle Berutti y hasta bolsas del mismo azúcar que iba a ser vendido al Estado. “Dentro de las cajas había documentos que hacen al giro comercial de Copacabana”, confirmó una fuente judicial.

Anoche hubo un tercer allanamiento en un domicilio de Acassuso, pero no tuvo valor para la investigación porque sus dueños ya no pertenecen a la empresa investigada.

Copacabana comparte domicilios y directores con Nomerobo SA, una de las once empresas convocadas por el Ministerio que conduce Daniel Arroyo. Pese a su nombre sugestivo, Nomerobo SA registra decenas de licitaciones ganadas en los últimos años. Todas con la cartera que conducía Carolina Stanley y ahora está en manos de Arroyo.

La firma de la familia Assisa fue adjudicada en todos los rubros. En el caso del aceite, le iba a vender al Estado la botella de 1,5 litros de la marca “Indigo” a $166,58 a pesar de que el productor de ese aceite declaró ante la Justicia que el precio era de $96, incluyendo los impuestos y el traslado. Copacabana también iba a vender 340.000 kilos de fideos semolados, de azúcar, de arroz y de lentejas.

De las 11 empresas propuestas inicialmente por el área que estaba a cargo de Gonzalo Calvo, se invitó formalmente a participar a 10. Se excluyó a “Los Agro Andino” sin motivos. De esas 10, solo se presentaron seis, que finalmente fueron adjudicadas.

El fiscal Rodríguez analizó la composición de las diez empresas invitadas y concluyó que aparecen tres grupos empresarios: los dueños de Copacabana, el Grupo L, y la familia Toscano, dueños de Alimentos Generales y Sol Ganadera.

Para el fiscal, no hubo competencia entre las firmas y esa situación provocó que el Estado comprara por encima de los precios de referencia de la SIGEN. “Cuando se traspasa el velo de los nombres societarios se advierte que en realidad se estaba invitando a tres o cuatro manos por decirlo de algún modo”, escribió Rodríguez.