La Justicia porteña dio un primer paso para investigar la polémica compra de 1.600 barbijos por parte del Gobierno de la Ciudad a la empresa Green Salud, del empresario Ignacio Sáenz Valiente. El fiscal Maximiliano Vence pidió ordenes de presentación en varias dependencias de la Ciudad de Buenos Aires y en la sede de la empresa, que no tenía ningún antecedente de compras al Estado y se había creado en octubre del año pasado.
La Justicia pidió recolectar pruebas en cinco lugares. Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) fueron a Carlos Pellegrini 311, donde funciona la Subsecretaría de Sistema de Salud, la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto, la Dirección General de Recursos físicos en salud, y la Dirección General de abastecimiento en salud.
También hubo operativos en Monasterio 480, 1 piso, donde funciona la Subsecretaría de planificación sanitaria y gestión en red del Ministerio de Salud; en Rivadavia 524, donde funciona la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda; y en Belgrano 836. Allí funciona la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Los agentes del CIJ también fueron a las oficinas de Green Salud. Esa empresa, tal como adelantó Infobae, debutó literalmente con la venta de barbijos a la Ciudad, al menos con organismos oficiales. Este medio consultó con registros públicos y tampoco figuran compras o licitaciones previas con el gobierno bonaerense ni con el gobierno nacional.
Fuentes judiciales destacaron que no hubo allanamientos sino órdenes de presentación con allanamiento en subsidio, es decir un procedimiento en el que se requiere la entrega de material y en caso de una negativa se procede a hacerlo por la fuerza. “En los lugares donde no había nadie se dejó una consigna policial”, explicó una fuente de la investigación.
La firma que vendió 1600 barbijos de la marca 3M a $3000, muy por encima del valor real pese a las condiciones de urgencia, está a nombre de Sáenz Valiente y de una empleada administrativa, Laura Jumerosky, que aparece en otra docena de empresas creadas por ese mismo abogado.
Todas las empresas de Sáenz Valiente llevan la palabra “Green”. No es casualidad: el excéntrico abogado, que heredó la conducción del estudio tras la muerte de su abuelo y de una grave enfermedad de su padre, tiene un apodo muy particular: “El verde”.
¿Por qué? El motivo se remonta a fines de la década del 90’, cuando “El Potro" Rodrigo aparecía en los set televisivos con el pelo teñido de color verde. Sáenz Valiente, por entonces un joven de apenas 20 años, decidió imitarlo y apareció un día en el estudio con ese mismo look. A partir de ese día sus compañeros lo apodaron “El verde” y la palabra “green” apareció en una docena de sociedades.
La empleada administrativa que creó Green Salud junto a Sáenz Valiente también aparece en “Green Digital Services”, “Green Cocktails & Dreams Sa” y “Green Import & Export SA", entre otras empresas.
Durante muchos años, Sáenz Valiente prácticamente no ejerció como abogado. En el estudio muchos empleados todavía recuerdan una anécdota cuando le tuvo que preguntar a su secretaria si estaba matriculado.
Entre la variedad de negocios que tiene, Sáenz Valiente está asociado con Rodrigo Miguel, el hermano del jefe de Gabinete de la Ciudad, y otros socios en una empresa de seguros que tiene sus oficinas en el mismo edificio de Green Salud y también recibió la visita de los efectivos del CIJ.
“Rodrigo nunca tuvo relación con la Ciudad y mucho menos en la compra de barbijos”, destacó una fuente del gobierno porteño. Miguel también es abogado y trabajó en el estudio Sáenz Valiente, pero se fue en 2007 para abrir su propio estudio.
Por la polémica compra, ahora suspendida, tuvo que presentar su renuncia el subsecretario de Administración del Sistema de Salud, Nicolás Montovio, un joven funcionario que tuvo un paso por el ministerio de Seguridad y tenía buenos antecedentes. El jefe de Gobierno Horacio Rodriguez Larreta aceptó su renuncia y ordenó realizar una investigación interna “para garantizar que no hubo perjuicios económicos contra el Estado”.
En el Gobierno de la Ciudad destacan que hubo dos licitaciones desiertas y más de 100 proveedores convocados antes de autorizar la compra directa. Sobre el valor de los barbijos, un comunicado difundido el sábado asegura que “fue al valor mínimo que estaba disponible en el mercado al momento de la compra”.
Llamativamente, luego del escándalo, la empresa de Sáenz Valiente ofreció donar los barbijos a la Ciudad. Sin embargo, fuentes oficiales consultadas por este medio dijeron que el ofrecimiento todavía no se hizo efectivo desde el punto de vista administrativo. La firma también quiere rescindir el contrato cuanto antes.