Con el dictamen del procurador Eduardo Casal en contra y la presunción de que la Corte no responderá por la positiva al pedido de declaración de constitucionalidad para una sesión virtual, Cristina Fernández de Kirchner pidió a los senadores del Frente de Todos y a los funcionarios del Senado que avancen en la organización de una sesión virtual. Su intención es que se traten tres proyectos: el que impulsa Máximo Kirchner, su hijo y jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, para gravar a las grandes fortunas excepcionalmente por el COVID-19 y modificaciones del Impuesto a las Ganancias para que las grandes empresas no se beneficien con descuentos según la inflación pero en cambio que se suavice el impuesto para las Pymes.
En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, avanzó entre este lunes y martes en conversaciones con jefes de bloques de la oposición para una sesión vía teleconferencia en Diputados, cámara de origen para las iniciativas tributarias que no pueden ser reguladas ni modificadas por decretos presidenciales.
A diferencia de la Vicepresidenta, que buscó aval de la Justicia, para Massa está claro que el Congreso puede modificar su reglamento y sesionar a distancia. Hace un mes que intenta instrumentar la mecánica. La demora le sirvió de excusa para amigarse con Graciela Camaño, una de las pocas dirigentes del Frente Renovador que se distanció del tigrense tras la conformación del Frente de Todos. La diputada nacional del Interbloque Federal quedó encargada de redactar modificaciones al reglamento de la Cámara de Diputados. Conocedora de cada vericueto legal, Camaño considera “una intromisión inadmisible” el pedido de interpretación del reglamento que hizo Cristina Kirchner a la Corte. “El artículo 14 de Diputados y el 30 del Senado nos habilita”, se la oyó repetir estos días.
De eso habló Camaño con Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, mientras Massa insistía con Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO; José Luis Ramón, de Unidad y Equidad; Carlos Gutiérrez, vice de Eduardo ‘Bali’ Bucca en Consenso Federal; Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino y el misionero Ricardo Wellbach del Frente Renovador de la Concertación.
Según supo Infobae, el PRO estaría más dispuesto a una sesión que la UCR y encargó a Pablo Tonelli y Silvia Lospennato un proyecto de modificación del reglamento. Además ambas fuerzas políticas exigen que no se traten sólo las iniciativas kirchneristas y garantías informáticas. Y les agradaría que más allá de los oficios de Camaño se tuviera en cuenta la iniciativa de Tonelli-Lospennato.
Ritondo coincidió con Massa en que ya está probada la eficiencia del RENAPER para identificar a las personas a través de su foto, lo que aplicaban con el derecho de admisión en las canchas de fútbol tanto él como Patricia Bullrich en los operativos de Seguridad de la gestión Cambiemos. Massa se comprometió a avanzar con el secretario Parlamentario, Eduardo Cergnul, y el secretario General, Juan Manuel Cheppi, en la seguridad del sistema informático, computadoras encriptadas y otras cuestiones tecnológicas que lleven tranquilidad a la población para un debate de estas características y para que los 257 legisladores tengan conectividad cuando haya sesión. Hasta ahí, pareciera haber consenso con leves divergencias. Sin embargo Ritondo pidió que, mientras organizan una sesión a distancia, avancen con una sesión presencial en el CCK (siempre lo mencionan por sus siglas y nunca lo llaman Centro Cultural Kirchner) o en el Centro de Exposiciones de la ciudad de Buenos Aires.
“Armemos una sesión presencial, modifiquemos lo que haya que modificar y luego avancemos”, le propuso Ritondo a Massa. E insistió, como lo hizo el viernes en la reunión virtual con Alberto Fernández, en reclamar que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dé su informe en Diputados. El funcionario ya envió una carta al Senado, cámara en la que afirmó le corresponde presentarse por el sistema de rotación. En nombre de Cristina el Secretario Parlamentario, Marcelo Fuentes, respondió 16 días después sin poner fecha a la sesión informativa ni habilitar el proceso para que oficialistas y oposición elaboren las preguntas según marca la Constitución.
Desde el Senado Cristina Kirchner hoy dio otra clara señal de lo que quiere. El senador José Mayans y la senadora Anabel Fernández Sagasti, presidente y vice del bloque, presentaron una nota ante el máximo tribunal afirmando que por la emergencia y el aislamiento social obligatorio no se puede sesionar en forma presencial.
Desde Diputados, fueron y vinieron mensajes entre la Presidencia de la Cámara y el interbloque de Juntos por el Cambio. Camaño dio sus argumentos: la comisión de Petición, Poderes y Reglamentos tiene que emitir dictamen con el nuevo reglamento y un manual de funcionamiento del plenario telemático mientras que en Labor Parlamentaria, comisión donde están todos los presidentes de bloques que en el último mes tuvo varias reuniones por teleconferencia, se los aprobaría ad referendum de la votación de todos los diputados en la primera sesión. Y finalmente en esa primera sesión se pondría a consideración de todo el cuerpo el reglamento modificado. Después, habría sesión a distancia con las medidas de seguridad que se hayan tomado.
A diferencia de Diputados, donde tanto la gestión de Julián Domínguez como la de Emilio Monzó, dejaron bien equipada el área de informática, en el Congreso reconocen cierto atraso en la Cámara alta.
Pero, más allá de las diferencias tecnológicas, en Diputados habría más chances de avanzar en acuerdos políticos a pesar de que el oficialismo no tiene ni quórum ni mayoría propia como sí tienen los senadores del Frente de Todos. En el Senado, el peronismo no necesita negociar votos excepto en iniciativas que requieran dos tercios o respaldo político como fue la renegociación de la deuda. En el marco de la pandemia, Cristina Kirchner no consensuó ninguna medida. De hecho la semana pasada la oposición le reclamó sesionar y manifestó su rechazo al pedido frente a la Corte que hizo sin consultar. Lo calificaron como “improcedente”.
En Diputados, Massa volvió a hablar esta tarde con el PRO sobre la modalidad de una sesión. Incluso está dispuesto a que empiecen a tratarse los DNU que por la emergencia firmó el presidente Alberto Fernández. Lo que no pudo compartir con los referentes de la oposición son los tres proyectos del kirchnerismo más duro sobre los que sólo hay declaraciones periodísticas y ningún borrador por escrito.
El impuesto a las grandes fortunas no se aplicaría a empresas sino a personas, unas 12.000 que excepcionalmente pagarían un tributo destinado a atender el impacto por el COVID-19.
El ajuste por inflación en Ganancias es económica y simbólicamente una pelea del kirchnerismo con la gestión de Mauricio Macri a quien apuntan por haber “beneficiado a los amigos”. Se votó en diciembre del 2017 y promovió el retorno del ajuste por inflación impositivo. El artículo 65 de la Ley 27.430 modificó el artículo 95 de la ley de impuesto a las Ganancias y estableció que se aplique un ajuste en el ejercicio fiscal cuando se verifique un porcentaje de variación del índice de precios IPIM cuando durante tres años anteriores al cierre del ejercicio liquidado fuera superior al 100%. Un año después, en diciembre del 2018, la Ley 27.468 dispuso un régimen de transición por el que el ajuste sería aplicable en caso de que la variación de ese índice, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios, superara un 55% para el primer año, un 30% para el segundo y finalmente un 15% para el tercer año.
De todos modos, una vez más, las fuentes consultadas afirmaron que “está en estudio” y no pudieron dar precisiones sobre las modificaciones impulsadas al respecto.
Si hubiera, la primera sesión en Diputados no sería antes de las próximas dos semanas.
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