El 80% de los trabajadores del sector privado cobrará el sueldo del mes de abril con la ayuda del Estado. Así lo estimaron los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, durante una videollamada con autoridades de la CGT y de la UIA, en la que cada sector planteó sus dudas y sus reclamos respecto del Decreto 376, que establece un sistema de asistencia salarial para las empresas y una reducción de los aportes patronales, entre otros puntos.
Durante el encuentro, que seguirá probablemente el jueves, se produjo un debate entre los dirigentes sindicales y el vicepresidente 1° de la UIA, Daniel Funes de Rioja: la CGT planteó que si el Estado pagará el 50% del sueldo de las personas que están hoy sin tareas, el otro 50% podrían abonarlo las empresas para que los trabajadores puedan percibir sus salarios completos. Pero el directivo industrial dijo que no sería justo que un empleado que no está trabajando cobre lo mismo que alguien que está cumpliendo sus tareas, por lo que acordaron definir un piso de porcentaje salarial.
Otro momento de tensión se produjo cuando Funes de Rioja destacó las limitaciones actuales de las empresas “después de dos años de recesión”, algo que fue retrucado por un sindicalista, que le recordó que “esos mismos dos años de recesión también afectaron a los trabajadores".
De la videollamada participaron, además de los ministros y de Funes de Rioja, el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, y los cotitulares de la CGT, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), a quienes se sumaron los miembros de la conducción cegetista Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).
La CGT, además, planteó a Moroni y Kulfas su expectativa de que “sea rápida” la inscripción de las empresas para beneficiarse por los alcances del Decreto 376, que contempla el pago por parte de la ANSES del 50% del sueldo neto de los trabajadores, ya que la norma impactará en los acuerdos de suspensiones con rebajas salariales que se están negociando en varios sectores inactivos, como Comercio, construcción, metalúrgicos, mecánicos, gastronómicos, textiles y calzado, entre otros.
Uno de los puntos en discusión fueron estos acuerdos por suspensiones con rebajas salariales que se están firmando en sintonía con el artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo. Para la CGT, como lo planteó esta tarde, los acuerdos de este tipo deberían hacerse “dentro del marco del convenio colectivo de la actividad”, mientras que la UIA opinó que, como lo marca la legislación, son individuales o colectivos pero sin necesidad de estar atado al andamiaje convencional.
En las últimas semanas se multiplicaron las negociaciones entre empresarios y sindicalistas que, ante la imposibilidad de pagar los salarios por la caída de la actividad, permitieron pactar suspensiones con el pago de un porcentaje de los sueldos, con el compromiso de mantener las fuentes de trabajo.
A partir del flamante Decreto 376, algunos sectores analizan rediscutir los acuerdos para pactar el pago de un porcentaje más alto de los sueldos, considerando que el Gobierno se compromete a abonar el 50% de las remuneraciones, con un tope de dos salarios mínimos (unos 33.000 pesos).
La ampliación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que anunció este domingo el Gobierno y que se concretó en el Decreto 376, contempla el pago por parte de la ANSES del “salario complementario”, que equivale al 50% del sueldo neto del trabajador y establece como mínimo una suma equivalente al salario mínimo, que es de $16.875, y como tope la suma de dos salarios mínimos o el total del salario del trabajador registrado.
Además de la reducción de los aportes patronales, también se elevaron los montos de las prestaciones económicas por desempleo a un mínimo de $6.000 y un máximo de $10.000, y se establecieron créditos a tasa cero para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y para trabajadoras y trabajadores autónomos en las condiciones que establezcan la Jefatura de Gabinete y el Banco Central, con subsidio del 100% del costo financiero total.
En la videollamada de esta tarde también se esclareció algo que no está incluido en el Decreto 376: quién se hará cargo de abonar los aportes sindicales y los correspondientes a las obras sociales. Según Moroni, se desprende del texto de la norma que el 100% del aporte para la seguridad social lo deben hacer las empresas.
Los dirigentes gremiales necesitan asegurarse esos pagos para poder pagar los sueldos de los sindicatos y de las obras sociales, que desde que comenzó la cuarentena cayeron más de un 50% en promedio. Hay gremios que mantienen estructuras muy importantes y corren el riesgo de no poder sostenerlas. Por ejemplo, la Federación de Empleados de Comercio, la más numerosa del país, recaudaba mensualmente 2.000 millones de pesos en concepto de aportes sindicales y obra social, y ahora esa cifra cayó un 40%, mientras sigue manteniendo un plantel de 4.000 trabajadores del sindicato en todo el país y una cifra similar que se desempeña en la obra social, OSECAC.
Para las obras sociales el cuadro es más complejo porque el sistema de salud que sostienen los sindicatos atiende habitualmente a 14 millones de personas y será clave para atender el mayor número de pacientes que habrá en el país cuando se produzca el pico de casos de coronavirus.
En la videollamada de esta tarde, Moroni y los sindicalistas acordaron hablar del tema obras sociales en otro encuentro, pero la CGT insistió en el pedido de una ayuda adicional para el sistema. Los dirigentes cegetistas quieren pedir 45.000 millones de pesos en tres cuotas para compensar el déficit en las obras sociales que está generando la abrupta caída de la recaudación.
Por eso la CGT difundió un comunicado de tono crítico el jueves pasado, luego de una reunión de unos 20 dirigentes por videollamada, en el que señaló que "resulta imperativo garantizar el financiamiento adecuado de las obras sociales para garantizar la atención de todos los trabajadores”.
Desde que avanzó la pandemia, la central obrera había logrado que el Gobierno destrabara el pago de 4.800 millones de pesos que les debía a las obras sociales (de un total retenido de 15.000 millones de pesos) en concepto de reintegros por tratamientos de alta complejidad. A fines de marzo, la Superintendencia de Servicios de Salud les pagó 2.800 millones de pesos a las obras sociales y se espera que antes de que termine abril les pague otros 4.000 millones. Pero ahora los sindicalistas insistieron en la necesidad imperiosa de una ayuda adicional. El Gobierno lo está analizando.
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