La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, encabezó esta semana la primera ronda de consultas para la redacción de un protocolo que regulará el “ciberpatrullaje”, el monitoreo policial en redes sociales que originó un fuerte rechazo social y cuestionamientos de la oposición. En busca de mayor consenso, Frederic presentó el borrador ante organismos de derechos humanos y ONGs críticas que reclaman la derogación de este tipo de vigilancia virtual.
La propuesta comunicada por Frederic apunta a modificar los decretos N° 174 y N°72 de 2018 a partir de los cuales su predecesora, Patricia Bullrich, “creó” el ciberpatrullaje en Argentina. Según pudo saber Infobae, se busca que el nuevo protocolo rija durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio para las fuerzas nacionales como Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Estará vigente hasta que se presente un proyecto de ley en el Congreso que delimite sus atribuciones.
El texto girado a las ONGs establece un marco normativo específico sobre los límites de la actividad y los procedimientos para su ejercicio. Entre ellos, se fijan los criterios para el monitoreo de fuentes abiertas (Open Source Inteligence-OSINT) y de redes sociales (Social Media Intelligence-SOCMINT), es decir, la información de carácter no privado que circula en Internet y sobre la cual se desarrolla la vigilancia policial 2.0.
El protocolo, además, define el controversial término de “ciberpatrullaje” y la prohibición de que haya una interacción directa de los operadores de las áreas de Ciberdelitos con los usuarios sobre los que se relevará datos. También plantea como principios de actuación la “proporcionalidad” y la “legalidad” en la persecución e investigación de los delitos, el “no afectar el derecho a la libertad de expresión”, el cumplimiento de las leyes de Seguridad Interior y de Protección de los Datos Personales, que garantiza que no se almacene y utilice información sensible de la ciudadanía como sus creencias religiosas, políticas y morales, raza u orientación sexual, entre otras.
En lo concreto, el borrador establece que tampoco se podrá interceptar las comunicaciones telefónicas y de redes sociales privadas, sin que medie una autorización judicial. E instruye que el personal a cargo del ciberpatrullaje tenga una capacitación supervisada por el Ministerio de Seguridad acorde a los estándares de los derechos humanos.
Desconfianza en las ONG
La primera reunión de Frederic fue con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza Alejandro Amor. Allí, se coincidió en que las acciones de ciberpatrullaje se inscriban dentro de las directrices del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Pero el encuentro más ríspido fue el que se produjo el viernes, donde participó la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), que integran el CELS, la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Esas organizaciones emitieron un comunicado donde ratificaron su posición de que “las actividades de inteligencia masiva están prohibidas”, aún cuando giren "sobre el ámbito público”.
De la videoconferencia también asistieron organismos de derechos humanos como la APDH, Amnistía Internacional, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), y ONG’s como la Federación de Carreras de Comunicación Social y Grooming Argentina. Según pudo consultar Infobae entre los asistentes, la mayoría mantuvo sus críticas a la propuesta de protocolo y al Ministerio de Seguridad. Como señal de receptividad, la cartera de Frederic dio plazo hasta el martes próximo para que las distintas organizaciones presenten formalmente sus objeciones y modificaciones.
“Las organizaciones de derechos humanos presentamos muchas preocupaciones y dudas en relación a la práctica y las consecuencias en materia de derechos fundamentales. La ministra dejó en claro que está vigente un protocolo de 2018 y que se pretende reemplazarlo”, sostuvo Beatriz Busaniche, de Fundación Vía Libre.
El intercambio con las entidades de la sociedad civil se produjo luego del controversial caso de Kevin Guerra, un joven de la ciudad bonaerense de Balcarce por hacer un chiste con la palabra “saqueo”. Por primera vez, la ex ministra Patricia Bullrich hizo una fuerte defensa pública de Frederic por utilizar el uso masivo de datos en Facebook o Twitter -como ocurrió con Kevin Guerra-, para prevenir delitos. En la gestión de la presidenta del PRO, unas 68 personas personas terminaron presas por “insultar y amenazar" a Mauricio Macri.
“No es algo que le guste a la ministra. A nadie le interesa que un pibe quede marcado por hacer un chiste”, señalaron desde el Ministerio de Frederic. Al Gobierno le interesan las investigaciones en torno a actividades ilícitas que se pueden cometer durante la pandemia, como la venta de drogas por internet, la comercialización de certificados médicos truchos o el grooming.
Según los voceros de Seguridad, la denuncia contra Kevin Guerra fue impulsada por la Subdirección de Delitos Tecnológicos de Gendarmería en el marco de sus atribuciones. En esa actuación no intervino la Dirección de Lucha contra el Ciberdelito, un área vacante desde el recambio de gobierno. Esa dirección reporta a Valentina Novick, la titular de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad. Novick es la funcionaria del Gobierno que, por organigrama, tiene bajo su órbita a las tareas de vigilancia digital que efectúan las fuerzas federales.
Para evitar situaciones que estén en conflicto con la libertad de expresión y los derechos individuales, en la cartera de Gelly y Obes evalúan que se establezca como método una suerte de “doble chequeo” previo con el ministerio de Seguridad, antes de que se impulse una investigación originada en el ciberpatrullaje. Sin embargo, ese procedimiento protocolar no alcanzaría a las áreas de ciberdelitos de las fuerzas policiales provinciales, lo cual no evitaría futuros abusos de poder e irregularidades.
Lo cierto es que, más allá de las posibles modificaciones al protocolo, la sospecha sobre la cibervigilancia está instalada. Para las organizaciones que integran la ICCSI, la actividad se trata de una práctica ilegal. “El ciberpatrullaje no es una definición jurídica apropiada. De lo que tenemos que debemos hablar es de inteligencia de fuente abierta y eso tiene que ser regulado por ley. Un protocolo no puede regular una práctica que está explícitamente prohibida. No se puede hacer inteligencia de forma generalizada”, concluyó Busaniche.
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