A la pesadilla de la pandemia, el sindicalismo le sumó otra tan inquietante como aquella: la de un Estado con el que siempre tuvo una relación simbiótica y que siempre acudió en su rescate, pero que hoy no responde como esperan sus dirigentes ante una crisis inédita en la que sus propias estructuras están crujiendo por el desplome económico.
En los últimos días se agregó otro componente revulsivo para la disciplina gremial: la rebeldía interna. En la UOM y entre los petroleros, los acuerdos que están por firmarse que contemplan suspensiones con el pago de un porcentaje del salario son cuestionados por seccionales o sindicatos que desafían a quienes impulsan esos convenios, diseñados como una forma de preservar las fuentes de trabajo ante la parálisis de la actividad.
El reflejo del estado de alta tensión que viven los dirigentes sindicales fue la reunión que mantuvo la CGT el jueves pasado por videoconferencia. Unos 20 directivos cegetistas hicieron catarsis y se permitieron descargar quejas inusitadas contra un gobierno de su mismo signo político pero que, a juicio de ellos, no resuelve, demora respuestas, está dominado por las internas y por la desorganización y retacea los fondos necesarios para cubrir un peligroso y creciente déficit en las arcas de los sindicatos y de las obras sociales.
Hay, en el fondo, un conflicto de identidad: el modelo sindical argentino tiene al Estado entre sus pilares constitutivos. Tal como fue ideado por Juan Domingo Perón, los gremios no son nada autónomos del Poder Ejecutivo y requieren de su aval para determinar qué organización es más representativa y será la que recibirá la personería, una decisiva figura que le otorga el “poder de lapicera” para firmar convenios colectivos y para administrar sus propias obras sociales, entre otros privilegios exclusivos (y excluyentes).
El Estado determina a través de sus autoridades de turno qué sindicato es el más representativo, interviene en el control de las elecciones en los gremios, aprueba sus estatutos y administra los fondos de las obras sociales. ¿Cómo enemistarse a fondo con quien tiene semejantes atribuciones? El que llevó al extremo la lógica sindical de establecer lazos permanentes con el poder central fue el líder lucifuercista Oscar Lescano, ya fallecido, que reconoció públicamente algo que muchos de sus colegas no se animan a confesar pero practican: “Fui oficialista de todos los gobiernos”.
Hoy, ese mismo sindicalismo que en sus distintas vertientes no encontraba desde el 10 de diciembre los mejores interlocutores ni las soluciones demandadas en los distintos niveles del Gobierno, está chocando en forma traumática con los límites de este modelo sindical dependiente del poder justo cuando necesita más que nunca de un Presidente que los contenga, les abra puertas, les brinde soluciones y los socorra económicamente.
Abundan los ejemplos. El primero: Alberto Fernández recibió a la CGT (la misma semana en que endiosó a Hugo Moyano) y aceptó su idea de crear un comité de crisis con los funcionarios y los empresarios para analizar la salida de la cuarentena y tratar de amortiguar la recesión de la economía. En su primera y única reunión, los tres sectores acordaron un regreso gradual y controlado a las actividades en sectores paralizados. Sin embargo, el primer mandatario desechó a los pocos días esa propuesta y decretó continuar la rigidez del aislamiento.
El segundo: el ministro de Salud, Ginés González García, tardó cuatro meses y ocho días en recibir a la CGT, y lo hizo cuando el fantasma del coronavirus ya era demasiado corpóreo en la Argentina. Los sindicalistas querían plantearle desde diciembre su inquietud porque las obras sociales seguían sin cobrar unos $15.000 millones que les debía el Estado y que proviene de recursos acumulados de la seguridad social. El ministro liberó 2.800 millones a fines de marzo, pero el reparto privilegió a la obra social de Hugo Moyano (de flamante luna de miel con Alberto Fernández, que lo calificó de “inmenso” y “ejemplar”) en desmedro de otras más numerosas. Hoy, con la recaudación en baja por la falta de actividad y el compromiso de atender a 14 millones de personas, las obras sociales están en peor situación económica que antes y deberán afrontar el pico de casos de coronavirus.
El tercero: el jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, que viene advirtiendo desde diciembre sobre la caída de la construcción, logró la semana pasada una audiencia con el Presidente para presentarle, junto con la cámara empresarial del sector, un plan para reactivar la obra privada en el país y garantizar 100.000 empleos que peligran por el parate de la actividad. La respuesta fue casi un “no”: cualquier decisión pasará primero por el filtro de un comité de seguimiento que integran varios ministerios y que pasará por la lupa de los gobernadores.
El cuarto: el cotitular de la CGT, Héctor Daer, amigo personal del Presidente, ya anunció infructuosamente dos veces en menos de un mes que el personal que trabaja en el área de salud (que representa su sindicato, de Sanidad) iba a poder viajar gratis en el transporte público. La medida tiene el aval del ministro de Transporte, Mario Meoni, pero aparentemente se mantiene trabada en la Jefatura de Gabinete.
Por eso en la videoconferencia de la CGT llovieron las críticas contra el Gobierno y acordaron un comunicado de prensa en donde un par de elogios no pudieron disimular el tono general de aspereza. El texto comienza destacando la "preocupación por la situación social y económica de nuestro país” y asegura que "comprendemos las urgencias, pero vastos sectores sociales siguen esperando la implementación de las medidas que se anuncian: las respuestas deben llegar a tiempo para atender las necesidades y la coordinación de las distintas áreas de gobierno debe funcionar armónicamente”. Y sostiene también que, "compartiendo el objetivo de fortalecer el sistema de salud, resulta imperativo garantizar el financiamiento adecuado de las obras sociales para garantizar la atención de todos los trabajadores”.
La parálisis económica aceleró los problemas para cobrar los salarios en muchas empresas y la búsqueda de alternativas que el propio Gobierno alentó al incluir en el mismo decreto que prohíbe los despidos la posibilidad de pactar suspensiones en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
De esa forma, aunque la norma también prohíbe las suspensiones, las habilita si hay falta o disminución de trabajo y se acuerdan en forma individual o colectiva a cambio de una prestación no remunerativa. Es decir, se impiden decisiones unilaterales de los empresarios y se abren las puertas a una negociación con los sindicalistas.
Por eso, ante la extensión de la cuarentena comenzaron a sucederse los acuerdos de este tipo. El gremio mecánico, SMATA, que ha recurrido tradicionalmente a esos acuerdos en la industria automotriz, ya cerró convenios de ese tipo en casi todas sus ramas con el pago de un 70% de los salarios. La UOM está explorando algo similar y con el mismo porcentaje de retribución. Y dos sindicatos petroleros avanzaron con un convenio de esas características, aunque la suma que recibirán los suspendidos será equivalente al 30% de los salarios.
“No hay trabajo y así se preservan los empleos, incluso con un porcentaje del sueldo”, justifican los dirigentes que promueven estos acuerdos. Pero a algunos se les comenzó a agrietar el frente interno con una fuerte resistencia a que se firme por esas cifras. En la UOM, que podría cerrar su convenio en las próximas horas, se insinuó un frente de rebeldía que alcanzaría a cuatro seccionales de todo el país. Los que se animaron a expresar sus diferencias fueron los titulares de las filiales de La Matanza, Hugo Melo, y de Córdoba, Rubén Urbano.
“Los salarios de los compañeros no son tan altos como para negociar suspensiones”, afirmó Melo al portal El1 Digital al referirse a la situación en la planta de Acindar en La Matanza, tras lo cual advirtió: "No compartimos la idea de que nuestra secretaría nacional firme un acuerdo de esas características porque hay empresas que seguramente tienen la espalda para bancar a los compañeros. Habría que buscar mecanismos de solución y hacer mucho equilibrio con las que no podrían”.
Desde Córdoba, Urbano dijo a Cadena 3: "Pedimos que el acuerdo no sea sólo a partir de que se firme sino a partir de que termine la cuarentena y que las empresas tengan la obligación de hacer el Repro y que ese Repro vaya a los trabajadores sobre el 70% para que puedan cobrar un porcentaje un poco mayor. Hemos pedido esto porque en Córdoba ya hemos estado discutiendo con algunas fábricas autopartistas y estamos acordando un 100% no remunerativo, teniendo en cuenta que existe un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece que tiene que pagar durante lo que dure la cuarentena un 100% remunerativo con todos los adicionales y los descuentos de ley, atento a que las fábricas están sin producir desde antes de la cuarentena”.
En el caso de los petroleros, la inactividad en los yacimientos llevó a Guillermo Pereyra, titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, y a Jorge Avila, del gremio de Chubut, a avanzar con un acuerdo que permitiría que 32.000 trabajadores sean suspendidos y reciban el 30% del salario por 60 días. Pero Pedro Milla, líder de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, junto con los responsables de los sindicatos de Santa Cruz, Tierra del Fuego y del personal jerárquico, se resisten.
“Hemos rechazado esa propuesta porque nos parece una barbaridad -afirmó Milla a Infobae- Podemos relegar un 25 o 30 por ciento del salario, pero no un 60 o 70. Así estaríamos condenando a un certificado de defunción a los trabajadores porque no sabemos si alguno de ellos podrá volver a la actividad”.
La réplica de Pereyra también fue fuerte: “Si no se firma, no se cobra. Sería un acto de irresponsabilidad no firmar el acuerdo”, dijo a este medio al referirse a la resistencia de algunos sindicatos.
Este lunes, a las 14, habrá una videoconferencia en el Ministerio de Trabajo para intentar la firma del acuerdo. ¿Se podrá? ¿Pesará en este tema una cuestión netamente laboral o las diferencias internas que determinaron la ruptura hace doce años de la Federación petrolera, cuando se desafiliaron los sindicatos del sur? ¿Será como dijo Pereyra: “Siempre hemos peleado salarios en todos los frentes pero en esta no hay nada para pelear”?
La crisis tampoco perdona al Sindicato de Comercio. Sólo el 10% de los trabajadores del sector, que pertenecen a los supermercados, tienen plena ocupación, pero el 89% de los empleados se desempeña en empresas chicas y medianas que están sufriendo por la acentuada crisis económica. Ya hubo un acuerdo para los 700 trabajadores de AUSA, impulsado por la comisión interna, que permitirá suspensiones a cambio de un 70% del salario, que se elevará porque se computan los adicionales. Y los líderes del gremio que encabeza Armando Cavalieri ya están hablando con las cámaras que agrupan a las pymes para sondear acuerdos semejantes, mientras esperan una medida que el Gobierno analiza en estas horas: el Estado podría hacerse cargo del pago parcial de los salarios en un esquema de suspensiones temporarias para pequeñas y medianas empresas.
Seguí leyendo: