En paralelo a la investigación judicial que se inició por la compra irregular de alimentos en medio de la pandemia y más allá del desplazamiento de 15 funcionarios por ese escándalo, el Ministerio de Desarrollo Social prepara una resolución interna para redefinir todo el esquema de compras de insumos destinados a los sectores más vulnerables de la Argentina.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, definió anoche el reemplazo de Gonzalo Calvo, el secretario de Asistencia Crítica que fue expulsado junto con otros 14 funcionarios que estuvieron involucrados en las compras irregulares de alimentos con sobreprecios. En su lugar se designó a Erica Roffler, quien hasta ahora se desempeñaba como jefa de gabinete del Ministerio y antes de estar en el gobierno había trabajado en UNICEF. Esta licenciada en ciencias políticas es una funcionaria de estrecha confianza del ministro.
Pero los cambios que impuso Arroyo van más allá de esa rotación de nombres y apunta a reformas más profundos en su cartera. El ministro de Desarrollo Social junto con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, evaluaron en las últimas horas los detalles de un nuevo mecanismo de compras de alimentos de parte del Estado que tendrá dos ejes centrales: la instrumentación de mayores mecanismos de transparencia con controles internos y la incorporación de productores a la cadena de proveedores con un sistema de pago más acelerado de los insumos requeridos por el Ministerio.
“Después de asumir los errores cometidos y desplazar a los responsables hay que avanzar ahora hacia un mecanismo de mayor transparencia de las compras del Estado para el futuro inmediato”, explicó a Infobae un funcionario de la Casa Rosada que sigue de cerca el tema.
En este sentido, la normativa que prepara el Ministerio de Desarrollo Social contempla un sistema de mayores pasos internos para dar transparencia a las compras de alimentos y otros insumos.
El Gobierno ya estableció por medio de un decreto que no se podrán pagar montos superiores a los Precios Máximos en las compras que realice el Estado en el marco de la emergencia que rige en medio de la pandemia de coronavirus. Y exige que se respeten, en todos los casos, “los precios máximos establecidos por la Secretaria de Comercio Interior”.
Sin embargo, Arroyo cree que a esto habrá que añadir otro sistema de control interno para dar mayor transparencia a las compras. Por lo pronto, se evalúa revisar el sistema de monitoreo de precios máximos que fija la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que fue de donde se desató parte del escándalo de compra de azúcar y aceite a precios por encima de los valores máximos del mercado.
No se descarta incluso la intervención de otro organismo estatal de control para fiscalizar también las compras en el Ministerio de Desarrollo Social.
Por otra parte, ya hay una decisión del presidente Alberto Fernández, Cafiero y Arroyo de sumar a los productores a la cadena de compras del Estado con reembolso de pagos que no sean mayores a los 45 días.
Actualmente, la mayor parte de los productores de alimentos no le venden al Estado porque saben que los pagos se hacen con seis y ocho meses de demora. Allí es donde aparecen los intermediarios que asumen los riesgos de vender al Estado y cobrar a largo plazo aunque con precios superiores a los de la producción.
Buena parte de esta decisión de sumar a los productores en la cadena de compras se resolvió esta semana cuando el Presidente recibió a Luis Pérez Companc, titular de la empresa Molinos Río de La Plata y uno de los empresarios más importantes de la cadena alimenticia. Durante ese encuentro, se analizó la posibilidad de que el Estado pueda comprar alimentos “directamente a los productores y sin intermediarios", a fin de distribuirlos en medio de la pandemia por el coronavirus.
Tras esa reunión, el mismo Alberto Fernández deslizó en su cuenta de Twitter que el Estado “adquiere 12 millones de toneladas de alimentos” que se suelen destinar a comedores escolares y comunitarios, entre otras organizaciones públicas y de la sociedad civil. Y destacó su encuentro con el titular de Molinos.
En la resolución que emitirá Arroyo habrá un compromiso del Estado para pagar a no más allá de los 45 días a los productores que vendan alimentos al Estado. De esta manera, en el Gobierno creen que se ahorrarán costos y se evitarán sobreprecios.
El tema de incorporar a los productores en los procesos de compra también lo habló el Gobierno con el titular de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), Daniel Funes de Rioja, quien evaluó como positiva la propuesta y alertó a la vez al Gobierno sobre problemas de abastecimiento en algunos lugares del país por los retenes y barreras que imponen algunos municipios.
El Ministerio de Desarrollo Social publicó hace 20 días las compras autorizadas de alimentos de primera necesidad —aceite, fideos, azúcar, arroz y lentejas— en el marco de la emergencia sanitaria para abastecer a las familias más vulnerables en medio de la cuarentena obligatoria.
Se trató de “contrataciones directas”, que no están sujetas al Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional. Pero hubo casos llamativos de sobreprecios acordados. Por ejemplo, por la Resolución 156/2020, se adjudicó la compra de envases de aceite comestible mezcla por 1,5 litros cada uno de marca Indigo a la empresa Teylem, por un precio unitario de $166,58. Esto es un 14% más que el precio que se paga en las cadenas de supermercados de ciudad de Buenos Aires, donde el envase de 1,5 litros de aceite de girasol Cocinero, de primera marca, se vende a $145,79.
Por la Resolución 158/2020, se adjudicó la compra de azúcar común en presentación de un kilo marca La Muñeca por $74,97. En los supermercados, el paquete de un kilo de azúcar Ledesma cuesta $59,95. La diferencia es de 25 por ciento. En tanto, por la Resolución 158/2020, se adjudicó la compra de arroz en paquetes de un kilo de las marcas Monarca, Don Bernardo, Chajarí, Valderey o Castellón por un precio unitario de $68,77. En los supermercados, el arroz Lucchetti —primera marca— cuesta incluso unos centavos menos: $68,49.
En el caso de la compra de fideos, en el texto de la resolución se expresaron precios de $84 por unidades de paquetes de 500 gramos, una diferencia de 51% con los precios de los supermercados. Sin embargo, Arroyo destacó que, solo en el caso de los fideos, la diferencia de precios se debe a que los precios autorizados están expresados en kilos, mientras que los paquetes comprados son de 500 gramos. Y que debieron realizar una corrección. Pero admitió el sobreprecio en la compra de aceite y azúcar
En paralelo a esto, el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, empezó una investigación preliminar para definir si avanza con una denuncia penal. Además de analizar los expedientes enviados por Desarrollo Social, el fiscal ya le tomó declaración testimonial a un empresario que produce el aceite de la marca “Indigo” y se lo vendió a las empresas proveedoras del Estado.
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