La fiscalía pidió juicio oral para Marcelo D’Alessio y otros acusados de formar una banda de espionaje y extorsión

En medio de la pandemia por el coronavirus, el fiscal federal de Dolores Juan Pablo Curi solicitó enviar a juicio oral por asociación ilícita y extorsión al falso abogado Marcelo D’Alessio, junto a dos ex policías bonaerenses, un ex espía y un fiscal entre otros acusados, según revelaron a Infobae fuentes judiciales. Se trata del caso sobre el que pusieron el foco el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Kirchner, porque la exhibieron como una muestra de cómo actúan los servicios de inteligencia en la Justicia.

Actualmente hay cuatro personas detenidas en la causa y la propia Cámara de Mar del Plata llamó a apurar el trámite de juicio oral, pese a que el caso todavía tiene aristas sobre las que no se avanzó y el Ministerio Público y otros acusados cuestionan que la causa siga dirimiéndose en Dolores y no en Comodoro Py.

A fines del año pasado, Ramos Padilla corrió vista a los acusadores para opinar si esta primera parte del caso podía ir a juicio. Algunos querellantes estuvieron de acuerdo, otros no. Sin embargo, ahora llegó el turno del Ministerio Público.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, el fiscal Curi pidió esta semana que enfrenten el banquillo Marcelo D’Alessio, los ex policías Ricardo Oscar Bogoliuk y Norberto Aníbal Degastaldi, el ex agente de inteligencia Rolando Hugo Barreiro, el fiscal de Mercedes suspendido Juan Ignacio Bidone, el asesor en comercio exterior Carlos Alberto Liñani y Eduardo Ariel Menchi, quien se movía como custodio del falso abogado. En el caso, están en prisión D’Alessio, Barreiro y Bogoliuk, mientras que Degastaldi obtuvo el arresto domiciliario.

A criterio del Ministerio Público, se encuentra probado en esta etapa que todos ellos formaron “parte en una asociación ilícita, de manera estable en el tiempo y mediante una estructura organizada en la que cada uno tenía un rol definido que estaba dispuesto a ejecutar cuando fuese necesario”. Desde esa banda, se sostuvo, llevaron delante “múltiples planes delictivos” relacionados con “maniobras extorsivas y coactivas con el fin de obtener réditos económicos de forma ilegítima o procurar que las víctimas prestasen declaración de un modo direccionado en el marco de alguna causa judicial o, bien, ante algún periodista o en algún medio de comunicación”. La banda, sostuvo, funcionó desde mediados de 2016 hasta febrero de 2019, cuando D’Alessio fue detenido.

El fiscal habló de las extorsiones al empresario Pedro Etchebest, quien dio origen a la denuncia después de filmar y grabar a D’Alessio. Pero también a Pablo Barreiro, hijo de un asesor de la familia Kirchner que estaba detenido por la causa de los cuadernos; y de Diego Vestillero, un empresario vinculado a la llamada mafia de los contenedores. En el caso de Barreiro también se aplicó la figura de tráfico de influencias.

Incluyó la “coacción” sobre Gonzalo Brusa Dovat, un ex directivo de la petrolera venezolana PDVSA, y el intento de una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, defensor de Federico Elaskar y del ex directivo de Yaciretá Oscar Thomas.

Por último, Curi promovió que se ventilen en debate oral y público las maniobras de espionaje que se realizaron en torno a los casos conocidos como “Terrorismo Irán”, “Operación Fantino” –los presuntos informes sobre periodistas del programa Animales Sueltos que tenía D’Alessio en su computadora- y la “Operación Jaitt”, una suerte de contrainteligencia que se quiso hacer sobre la fallecida modelo después de su presencia en un programa de Mirtha Legrand en marzo de 2019.

El caso D’Alessio comenzó en enero de 2019, cuando el empresario Pedro Etchebest aseguró que el falso abogado Marcelo D’Alessio le había avisado que había sido imputado por un arrepentido en la causa de los cuadernos y le solicitaba 300 mil dólares para “ayudarlo”. Según la descripción que hizo el fiscal Curi en el pedido de elevación a juicio, D’Alessio le mostraba detalles de sus empresas, sus actividades y sus movimientos migratorios -conseguidos por Bidone- al tiempo que le indicaba que llegaban informe desde Estados Unidos a la fiscalía que lo mencionaban. También le mostraba intercambios de comunicaciones que mantenía el fiscal del caso de los cuadernos.

El falso abogado coordinó un encuentro en Pinamar con el fiscal Carlos Stornelli que se concretó el 8 de enero. Etchebest lo presenció desde lejos. También lo filmó. El 17 de enero Etchebest pagó 100 mil dólares en un hotel de Puerto Madero, al día siguiente otros 5 mil en la confitería Selquet y pactaron un nuevo encuentro para pagar 200 mil. El encuentro no se concretó. La denuncia fue presentada en los tribunales federales de Dolores.

Cuando a D’Alessio le tocó declarar, dijo que fue todo “una cama” y que él estaba haciendo una “operación” que le había encomendado Bogoliuk. A cambio le prometieron nombrarlo director de Asuntos Complejos de la AFI. Habló de un tal “Pablo”. Según el fiscal Curi, “la maniobra en perjuicio de Etchebest fue planificada y llevada adelante por D’Alessio, conjuntamente con Bogoliuk y Degastaldi”. Los datos migratorios fueron aportados por el fiscal Bidone. Liñani se encargó de las extorsiones a Barreiro y Vestillero, y Menchi se movía junto a D’Alessio como una suerte de custodio.

El allanamiento que se hizo en la casa de D’Alessio los primeros días de febrero dio un giro en la investigación. Fue cuando el juez Ramos Padilla se encontró con armas, equipos de comunicaciones y una seguidilla de carpetas y documentos que daban cuenta de una red de espionaje de alcance político, periodístico, empresario y judicial.

Además de las acusaciones sobre Etchebest –que es sobre la que pusieron el foco las defensas de D’Alessio y de Stornelli, al buscar desacreditarlas haciendo hincapié en el denunciante-,el fiscal Curi pidió también llevar a juicio otros hechos que, a su criterio, se encuentran en esta etapa probados, aunque apuntó a seguir profundizando las diligencias.

“Deberá continuarse la investigación respecto de otras maniobras detectadas en el seno de la organización delictiva en relación a las cuales todavía hay medidas de prueba pendiente”, advirtió Curi.

También apuntó a que falta definir la situación procesal de imputados que fueron indagados y tienen falta de mérito. Entre esos casos, aparece el nombre de Leonardo Fariña. Para una segunda etapa, aún resta avanzar sobre más maniobras como las de lavado de dinero, la llamada operación Andujar y el funcionamiento de una mesa de dinero. Y añadió que está pendiente una respuesta a distintas medidas que solicitó, como un entrecruzamiento de datos de telecomunicaciones de las personas indagadas, peritajes de voz y la evaluación sobre maniobras de manipulación en los mensajes de los teléfonos de D’Alessio.

En este escenario, resta precisar qué va a pasará con otros que fueron imputados por el juez, como la ex diputada Lilita Carrió o la legisladora Paula Olivetto, indicaron fuentes judiciales. O un directivo de la AFI que ya se presentó voluntariamente en el expediente, Pablo Pinamonti, para dar su versión de los hechos. Hacia él habían apuntado los ex policías detenidos, Barreiro y el propio D’Alessio.

“Se habrá de formular el presente requerimiento de elevación a juicio parcial primordialmente porque la existencia de personas privadas de su libertad amerita que con la mayor premura del caso se defina su situación de manera definitiva y será en la etapa oral en donde se podrá debatir con mayor amplitud la prueba colectada en esta instancia”, añadió la fiscalía. El juez ahora le preguntará a las defensas si piensan que la investigación está completa y definirá si firma la elevación a juicio oral.

El pedido de elevación fue parcial porque todavía hay una investigación en curso. Además, la Cámara Federal de Mar del Plata todavía no revisó los procesamientos dictados contra el fiscal Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro, para definir si los confirma o los revoca. Por eso no integran la lista de los enviados a juicio oral.

El 13 de noviembre pasado, D’Alessio pidió declarar como arrepentido. El fiscal selló un acuerdo con el detenido para que se convirtiera en imputado-colaborador por algunos hechos que contó. Sin embargo, Ramos Padilla rechazó el último día de 2019 convertirlo en arrepentido. De haberlo conseguido, D’Alessio se hubiera garantizado una condena más baja que la que recibirá si lo encuentran culpable.

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