Detrás de la vida de miles de argentinos que quedaron varados en el exterior en medio de la pandemia del COVID-19 se entrelazan pujas internas del Gobierno, duros cruces del Estado con las aerolíneas privadas, reclamos de organismos internacionales y enfrentamientos en la misma Cancillería.
Pero prevalece ante todo un único sentimiento extendido: la desesperación de no poder volver a casa y la lucha contra un Estado que muchas veces no tiene siquiera rostro o que no puede resolverlo todo.
Según datos oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, hay 10.000 argentinos varados en distintos países del mundo por la pandemia. Así, el Gobierno contabiliza unos 3.000 argentinos varados en México, 2.500 en Estados Unidos, 400 en Cuba, 100 en Costa Rica, 1.000 en Perú, 2.300 en España, 800 en Italia, 200 en India, 300 en Tailandia, 350 en Australia, 200 en Nueva Zelanda y en Brasil no hay datos oficiales, entre otros casos.
Sin embargo, extraoficialmente tanto las ONG como los diputados opositores o algunos funcionarios de la Cancillería consultados por Infobae sostienen que esa cifra podría trepar hoy a los 18.000 argentinos por un simple motivo: a aquellas personas que quedaron varadas por turismo se le añadieron en los últimos días miles de personas que empiezan a perder sus trabajos en el exterior, se cancelaron sus programas de estudio, la cobertura sanitaria donde se encuentran no los puede atender o simplemente la desesperación se hizo presente y quieren regresar cuanto antes a sus hogares.
El canciller Felipe Solá admitió el miércoles pasado en una videoconferencia ante los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores que la Cancillería hoy no puede asegurar una programación de vuelos para repatriar argentinos “en lo inmediato” porque los acuerdos de pasajes de regreso se negocian cada día con las compañías aéreas y porque el Ministerio de Salud fijó un tope de ingreso diario de 400 argentinos por el aeropuerto de Ezeiza.
Ayer, la Cancillería adelantó el plan de vuelos que se prevé para la semana próxima: el lunes irá un vuelo a Cancún para traer argentinos varados; el martes saldrá otro a Perú; el miércoles irán dos Hércules de la Fuerza Aérea a Ecuador; el jueves otro vuelo a Punta Cana y el viernes saldrá un vuelo a Australia.
Este es el plan de programación de vuelos que puede ofrecer hasta ahora la Cancillería. No más que una semana de previsibilidad.
Pujas de poder
El canciller Solá recibe todos los días cientos de llamados o mails de argentinos varados en el exterior y expulsa bronca hacia el Ministerio de Salud. Desde la cartera que lidera Ginés González García le pusieron un freno. Hasta la semana pasada podían ingresar 300 argentinos por Ezeiza por día y luego pudo extender esa cifra a 400 por día. Por las fronteras terrestres pueden entrar hasta 500 argentinos diariamente.
“No podemos pelearnos todos los días con Ginés y su equipo”, revelaron a Infobae allegados a Solá. Desde el Ministerio de Salud aducen que las normas de incorporación de gente del exterior se mantendrán estrictas y que no habrá más cambios porque ello -razonan- atentaría contra la estrategia de cuarentena obligatoria y la intención de aplanar la curva de contagiados que se impuso el presidente Alberto Fernández en la Argentina.
Además, en el Ministerio de Salud se quejan con Cancillería. “Hay que testear a todos los que llegan, conseguirles alojamiento y controlar la cuarentena”, dijeron. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y el gobierno porteño aseguran que sólo un 5% de los que llegaron del exterior y fueron testeados por COVID-19 estaban contagiados y que dos tercios de ellos eran enfermos asintomáticos. Y Salud puso un grito en el cielo por estos datos, ya que considera que esa cifra es suficiente para una expansión importante del virus.
“Más allá del número de vuelos que vengan, el problema es con la cantidad de gente que llega y con la capacidad sanitaria o de hotelería que tiene el país”, comentó un funcionario de Salud al retrucar los pedidos de Cancillería.
Hay otra pelea latente en el Gobierno ante la problemática de los argentinos varados en el exterior. Solá mantiene una dura disputa con las aerolíneas privadas. El Canciller ya se quejó en varias oportunidades porque las compañías aéreas no quieren hacerse cargo de los pasajes de regreso, no asumen costos y el Estado debe afrontar los gastos. Graficó con números esos datos: el Estado ya pagó 1,1 millón de dólares en vuelos charter de regreso y USD 342.000 en sustentar a 3.500 argentinos varados en el exterior que son considerados vulnerables.
Sin embargo, desde las empresas de aviación tienen otra mirada del asunto. Varios operadores aéreos consultados por Infobae explicaron que el Estado, por medio de la Cancillería o la Administración de Avisación (ANAC), no les aprueba los planes de vuelos para repatriar a sus pasajeros y mantienen casi cerrado el aeropuerto de Ezeiza.
“Las aerolíneas queremos ir a buscar argentinos pero no nos dejan, y cuando hay vuelos avalados por ANAC los listados de pasajeros los definen los consulados argentinos de cada lugar a veces sin respetar los pasajes vendidos”, explicó un operador de una importante compañía aérea.
Es decir, que en muchos casos las aerolíneas se ven superadas por las decisiones políticas, el cierre de aeropuertos en determinados lugares o la imposición del Estado para que vuele Aerolíneas Argentinas antes que nada.
También hay quejas del lado de la empresa con la Cancillería: sostienen que muchas veces su tripulación se expone a contagios de COVID-19 en forma permanente. De hecho, ya hay empleados de Aerolíneas Argentinas que se ofrecen como voluntarios porque muchos de los que tenían que subir a un avión dejaron de volar.
Desde la empresa LATAM Argentina explicaron que entre el 19 y el 26 de marzo han logrado efectuar un total de 67 vuelos repatriación. “Desde el reinicio de las repatriaciones (31 de marzo), hemos solicitado a las autoridades locales, con quienes estamos trabajando, la autorización para la operación de distintos vuelos humanitarios”, dijeron a Infobae. Pero muchas veces los pedidos para ampliar más vuelos se topan con la burocracia estatal.
Pelea en los consulados
El canciller Solá destacó ante los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores que los problemas más graves para repatriar argentinos se encuentran en Europa y en Miami por la situación crítica de la pandemia de COVID-19 que hay allí. Y añadió un dato poco alentador que también desnuda una puja interna con Ginés González García.
“Madrid es un problema serio ya que asusta al Ministerio de Salud”, dijo. Así, explicó que los aviones que vienen de allí traen gente que no tiene síntomas de coronavirus pero muchos manifiestan síntomas arriba del avión en un ambiente de contagio y todo avión es un riesgo. Es decir, que por ahora no se prevén viajes de repatriación a España o Estados Unidos.
Hacia adentro de la Cancillería se vive también un clima de mucha tensión. Los cónsules deben responder requerimientos o pedidos desde Buenos Aires que muchas veces no se ajustan a la realidad local. Los testimonios y reclamos de los varados no reciben siempre respuestas oficiales.
Solá dijo ante los diputados que el 90% de la Cancillería hoy está trabajando para la crisis del COVID-19. Esto es, unos 3.000 funcionarios. Pero los que más expuestos están son los cónsules o embajadores. Están desbordados, con el presupuesto al límite y en la mayoría de los casos no logran encontrar respuestas para dar a la gente desesperada.
Los testimonios de argentinos varados en el exterior sobreabundan con historias de cónsules que los reciben amablemente y les dan respuestas. Pero también hay argentinos que no hacen más que expresar malestar por el maltrato de las embajadas.
El caso de Leonardo Makse es desgarrador. Se trata de un enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que ataca a las neuronas motoras, y se fue a tratar a Estados Unidos. En este momento se encuentra varado junto a su hijo Franco en Miami y desde hace más de dos semanas que están esperando un vuelo de repatriación que nunca hubo. No solo esto. Ya fue censado junto con otras 120 personas con problemas de gravedad por el consulado argentino, pero hasta ahora nadie le dio una respuesta satisfactoria. El problema para Maske ahora es doble: no solo que nadie del consulado le contestó si podrá regresar a la Argentina sino que se encuentra en una de las ciudades de Estados Unidos con mayor riesgo de contagio de coronavirus.
Daniela Heredia reside en Perú y tenía programado desde hace varios meses su regreso a la Argentina con sus hijos por sufrir abuso y maltrato por parte de su ex marido. Cuando quiso regresar a mitad de marzo, en la Cancillería le dijeron que ahora tenían prioridad los turistas argentinos varados. Lo mismo ocurre con más de los 1.000 varados allí.
Recientemente, un grupo de 16 ciudadanos argentinos varados en Indonesia le envió una carta al presidente Alberto Fernández ya que en la embajada argentina los atendieron perfectamente, pero allí adujeron que el regreso al país dependía de “decisiones políticas del Gobierno”.
En México hay un grupo de argentinos varados que subieron un video en YouTube y se quejan porque las autoridades del consulado no les dan respuestas para volver al país. Los testimonios son angustiantes. Hay discapacitados, enfermos y gente que ya no puede sustentarse económicamente.
Elina Castagno se encuentra entre los más de 200 argentinos varados en India y tampoco reciben un instructivo de las autoridades diplomáticas de la embajada. “Hace más de un mes que estamos buscando respuestas aquí en Nueva Delhi y nadie de la embajada da respuestas a nuestros pedidos desesperados de regreso”, dijo Castagno.
En Tailandia se estima que hay más de 300 argentinos varados y tampoco reciben respuestas coherentes de la embajada argentina. Y lo mismo ocurre con los 400 que se encuentran a la espera de una respuesta o un vuelo de regreso desde Cuba. El último vuelo oficial de La Habana fue el que tomaron la vicepresidente Cristina Kirchner y su hija Florencia.
El reclamo internacional
Precisamente el pedido del derecho internacional de regresar al país de origen es el que está en juego en estos momentos en contrapunto con la estrategia del Gobierno de dosificar el ingreso de gente del exterior para no amplificar los casos de contagio de COVID-19.
La diputada radical Karina Banfi explicó a Infobae que desde el radicalismo están pensando en elevar un reclamo internacional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para atender los casos de los argentinos varados en el exterior.
Precisamente, la CIDH emitió una resolución sobre la pandemia mundial en donde expresa en su artículo 60 que se debe “garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno a los Estados y territorios de origen o nacionalidad, a través de acciones de cooperación, intercambio de información y apoyo logístico entre los Estados correspondientes, con atención a los protocolos sanitarios requeridos y considerando de manera particular el derecho de las personas apátridas de retornar a los países de residencia habitual, y garantizando el principio de respeto a la unidad familiar”.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, Mariela Belski acaba de enviarle una carta al canciller Solá donde le transmitió la preocupación por la situación de reportes que recibieron de miles de argentinos varados en el exterior. “Muchas personas que -pese a encuadrar en los casos previstos por la Resolución 62/2020 del gobierno argentino-, no estarían encontrando respuestas de las representaciones consulares locales a sus solicitudes de asistencia”.
En este sentido, desde Amnistía Internacional resaltaron que recibieron reportes de miles de argentinos que han buscado sin éxito el apoyo de las representaciones consulares en los lugares donde se encuentran.
Al drama de la pandemia de COVID-19 se le suma a estos miles de argentinos varados en el exterior la angustia por no poder volver a sus casas. Peor aún: el malestar por ver un Estado que no les da respuestas a sus reclamos.
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