Un ejemplo, contado en primera persona, ratifica los enormes sobreprecios que iba a pagar el Estado nacional en la millonaria compra de alimentos por la crisis del coronavirus. La empresa santafesina que produce el aceite de la marca “Indigo” le confirmó a Infobae que vendió ese producto a 96 pesos. Sin embargo, el Estado iba a pagar entre 158 y 166 pesos, según la resolución 156 del Ministerio de Desarrollo Social, publicada en el Boletín Oficial del lunes pasado para ratificar otra resolución anterior.
“Nosotros le vendimos a Copacabana a casi 96 pesos, con impuestos incluidos, la botella de 1,5 litros de aceite mezcla de la marca Indigo”, reveló a este medio Martín Tanoni, gerente comercial de la empresa Tanoni Hermanos. Y agregó: “Es un precio normal que tiene coherencia con nuestra lista de precios”.
Sin embargo, Copacabana SA, de la familia Assisa, le iba a vender al Estado un total de 340 mil unidades de ese mismo aceite a $158,67. Un 64% de ganancia solo por actuar como intermediario y asumir los costos de venderle al Estado.
La operación con la empresa Copacabana nunca se concretó. “Está caída, no se retiró la mercadería y tampoco la cobramos”, apuntó Tanoni, integrante de una empresa familiar que tiene más de 50 años y produce tres marcas de aceite, entre otros productos.
El empresario también confirmó que Copacabana y Sol Ganadera, otra de las empresas que aparece en la polémica licitación de los alimentos frenada por el presidente Alberto Fernández, son clientes históricos de Tanoni Hermanos.
La licitación que hizo el ministerio que conduce Daniel Arroyo y le costó la cabeza a varios funcionarios expuso un sistema perverso donde los productores de alimentos casi nunca tienen relación directa con el Estado: le venden a empresas intermediarias, que pueden esperar largos meses para cobrar. “Son los vivos de siempre, conocen los tiempos del Estado y tienen espalda para grandes compras”, describió un ex funcionario de Desarrollo Social.
De las seis empresas elegidas por esa cartera, cinco son intermediarias, no producen alimentos. Y una de esas cinco empresas, Forain SA, parte del poderoso “Grupo L”, de la familia Lusardi, se dedicaba a la limpieza de edificios y de espacios públicos.
Los sobreprecios fueron más evidentes en el rubro del aceite. De los $96 pesos que cuesta la botella “Indigo” de 1,5 litros, las empresas le sacaban diferencias de casi un 80 por ciento.
El artículo 3 de la resolución 156 establece que se iban a pagar más de 164 millones para la compra de aceites repartidos entre tres empresas. Sol Ganadera tenía previsto vender 340 mil unidades de “aceite comestible mezcla, en presentaciones de 1,5 litros, marca INDIGO” a $157,80. En tanto, Copacabana iba a vender la misma cantidad de unidades a $158,67. Y la empresa Teylem, una de las empresas de la familia Lusardi, ofrecía el mismo producto a $166,58 por lo que iba a cobrar un total de $56.637.200.
Los precios de todos los productos estaban muy por encima de los precios máximos recomendados por el Estado. A través de la resolución 158/2020, se adjudicó la compra de azúcar común (en presentación de un kilo marca La Muñeca) por $74,97. En los supermercados, el paquete de un kilo de azúcar Ledesma cuesta $59,95.
Otro ejemplo: se adjudicó la compra de arroz en paquetes de 1 kilo de las marcas Monarca, Don Bernardo, Chajarí, Valderey o Castellón por un precio unitario de $68,77, cuando en los supermercados el arroz de una primera marca como Lucchetti cuesta unos centavos menos: $68,49.
El escándalo provocó la renuncia de Gonzalo Calvo, un ex funcionario de Almirante Brown que estaba a cargo de la Secretaría de Asistencia Crítica. También se fueron funcionarios de menor rango. Pero todavía están en la mira Laura Alonso, a cargo de la Secretaría de Inclusión Social, y la abogada Cecilia María Lavot, responsable de la Secretaría de Gestión Administrativa.
Alonso pertenece a La Cámpora y tiene llegada directa al diputado Máximo Kirchner. Lavot, en cambio, responde a Carlos Castagneto, quien fue viceministro de Desarrollo Social de Alicia Kirchner y actualmente está en la AFIP. “Calvo no podría haber hecho nada solo”, asegura un ex funcionario que conoce el funcionamiento del ministerio que conduce Arroyo.
El escándalo de los alimentos derrumbó el negocio de unos pocos y expuso un sistema que atraviesa a distintos gobiernos en las últimas dos décadas.
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