Pese a que el presidente Alberto Fernández frenó la polémica compra de alimentos con sobreprecios que estaba destinada a sectores vulnerables a precios mayores a los del mercado, distintos representantes de la oposición e incluso del oficialismo se mostraron muy críticos contra esa maniobra y contra el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que recibió el apoyo del primer mandatario.
La diputada nacional Graciela Camaño fue particularmente dura contra los responsables oficiales del pago de sobreprecios: “Es absolutamente inaceptable y no tiene lugar ninguna excusa haber pagado la mercadería para los pobres con sobreprecios que exceden los precios sugeridos por el propio Gobierno. El responsable se tiene que ir”, escribió en un tuit que apunta, sin nombrarlo, al ministro Arroyo, con quien fue compañero durante muchos años en el Frente Renovador.
Consultada por Infobae, la legisladora de Consenso Federal prefirió no hacer declaraciones sobre el tema. No es la primera vez que Camaño tiene diferencias con Arroyo: en octubre de 2018, la que entonces era jefa del bloque massista en la Cámara de Diputados criticó a sus pares Arroyo, Felipe Solá y Facundo Moyano por haber firmado un documento contra “la persecución judicial a Cristina de Kirchner”. Pocos días después, esos tres legisladores abandonaron el massismo (junto con Fernando Asencio y Jorge Taboada) y armaron una bancada propia que se llamó Red Por Argentina.
Pero Camaño no fue la única que criticó los sobreprecios. En el propio oficialismo, el dirigente piquetero Juan Grabois insistió hoy en sus críticas y dijo: “Quiero ver rodar una cabeza, no puede ser que esto pase impunemente”. Consideró que “fue un error grave y los responsables tienen que pagar las consecuencias. Nos da bronca y dolor porque vemos que faltan los alimentos y cuando llegan son de mala calidad y el Estado los paga más de lo que vale”.
Por su parte, en su cuenta de Twitter, la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, denunció que desde el Gobierno “usan los impuestos para comprar caro y sin control”. Y añadió: “Se pagaron 108 millones de pesos demás en azúcar, aceite y lentejas. El ministro Arroyo dice que eso sucedió porque los fabricantes se le “plantaron”. Entonces, ¿los precios máximos son para la tribuna? Mientras a la mayoría de la gente no le alcanza la plata, los impuestos de los argentinos se usan para comprar caro y sin control. ¡DNU y Emergencia no son sinónimos de vale todo!”.
En otro tuit, la ex ministra le dijo a Arroyo: “De la misma forma que usted le exige al almacenero, retrotraiga todos los precios a los valores que estipuló el Gobierno en el programa precios máximos”.
La diputada nacional Graciela Ocaña, de Juntos por el Cambio, advirtió que el Gobierno pagó 270 millones de pesos por demás en la compra de bienes para atender la emergencia provocada por la pandemia del coronavirus. Advirtió que “ya sea por incompetencia o por los retornos que podrían explicar estos absurdos procesos de compra, el Gobierno actual demuestra tener un manejo dudoso de los procesos administrativos y más preocupante es que esto pase en medio de una pandemia global, dejando en ridículo al presidente Fernández”.
La legisladora señaló que “el Gobierno por un lado establece una política de control de precios en los mercados de cercanía, mientras que por el otro tiene un ministro de Desarrollo Social que compra productos básicos destinados a comedores y merenderos pagando sobreprecios”.
A través de un pedido de informes al ministro Daniel Arroyo, Ocaña dijo que “el Estado abonó más de 270 millones de pesos que podría haberse ahorrado en un contexto en el que ese dinero resulta vital para adquirir otros insumos críticos que precisa el sistema sanitario, como es el caso, por ejemplo, de los reactivos”.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez, del radicalismo de Tucumán, presentó un proyecto de resolución en la Cámara alta para que la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, cite al ministro Arroyo para que brinde explicaciones sobre las denuncias de sobreprecios. “No es posible soslayar la importancia de la rendición de cuentas, la revisión de las decisiones tomadas y la importancia que el Poder Legislativo tiene en estas circunstancias, garantizando que las medidas que se tomen sean dentro del marco de razonabilidad correspondiente”, sostuvo.
El diputado nacional Héctor “Toty” Flores, de la Coalición Cívica de la provincia de Buenos Aires, publicó el pedido de informes presentado por su bloque y anunció que le solicitaron al Presidente "que explique a toda la sociedad por qué pagó un precio superior a los precios máximos por los alimentos para paliar la emergencia. Si habla de cuidar, cuide al país en serio”.
El diputado nacional Waldo Wolff, del PRO de la provincia de Buenos Aires, afirmó que “la única explicación que escuché del Gobierno por los sobreprecios pagados por alimentos es que pagan a 90 días y que hay poca oferta, pero van a mandar policía a fiscalizar comercios de cercanía y pedirle que vendan a la mitad que paga el Estado”. "Sean serios”, pidió a los funcionarios nacionales.
Paula Oliveto, diputada nacional y presidenta de la Coalición Cívica-ARI de la Ciudad de Buenos Aires, informó que la CC presentó un proyecto para que se auditen las compras realizadas por emergencia y que se notifique al Congreso. “El hombre es bueno y si se lo controla, mejor -argumentó-. Estamos revisando el Boletín Oficial para hacer un seguimiento propio de cómo y en qué se gasta la plata de todos. Dicen que la SIGEN auditó las compras de Desarrollo Social y que estableció precios de referencia muy por encima de su valor de mercado -agregó-. Me parece que el síndico general de la Nación debería dar explicaciones de esta maniobra y hacer público su dictamen, si es que existe”.
Otro diputado de Juntos por el Cambio, Gustavo Menna, de la UCR de Chubut, dijo que “estos sobreprecios demuestran que es urgente que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, concurra al Congreso a dar el informe del artículo 101 de la Constitución. Las emergencias no están por arriba de la Constitución. Ya incumplió con asistir en marzo. Hoy queremos más controles que nunca”.
El diputado nacional Alvaro de Lamadrid, de la UCR de Capital, presentó un proyecto de resolución en el que pide al Gobierno un informe acerca de la compra de alimentos realizada por Desarrollo Social. “En la pandemia, el Gobierno pagó sobreprecios en la compra de alimentos. ¿Cómo puede ser? Parecen las cajas CLAP de Maduro”, dijo el legislador, que señaló: “Clausuran supermercados y comercios con precios minoristas más baratos que lo que paga el Estado. Explique esto, Presidente”.
El diputado nacional Diego Mestre, de la UCR de Córdoba y presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara baja, aseguró que exigirá “el máximo de transparencia del mercado en resguardo del interés económico general”, por lo que solicitará informes al Poder Ejecutivo para que se “explique el proceso de compra por encima de los valores de precios cuidados”.
Desde el sector empresarial, también opinó sobre los sobreprecios el empresario Alfredo Coto, que afirmó que en la compra dispuesta en forma directa por Desarrollo Social “no hubo algo raro, pero sí desorden administrativo". "Si me hubieran consultado, yo les había aconsejado si esa compra era viable. Pero me parece que hubo una equivocación”, agregó.
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