Intendentes oficialistas y opositores celebran de manera unánime las facultades que les concederá el Gobierno nacional en las próximas horas -vía decreto- para controlar los precios de los pequeños comercios en sus distritos. Por otra parte analizan bajo la lupa la delgada línea entre cuidar el bolsillo de los vecinos y no cortar la cadena de abastecimiento en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
A lo largo de estas dos semanas en la que el grueso de la sociedad se quedó en sus casas, solo saliendo para hacer compras en los comercios de proximidad para abastecerse para sobrellevar la cuarentena, jefes comunales de la provincia de Buenos Aires han recibido innumerable cantidad de denuncias sobre aumentos desmedidos en el precio de productos esenciales: carnes, verduras, lacteos, y artículos de higiene y farmacia como alcohol en gel, lavandina, guantes y barbijos, cuya demanda ha incrementado exponencialmente tras las insistentes recomendaciones de mantener la limpieza de los hogares como mecanismo de prevención del COVID-19.
El Gobierno decidió fijar precios máximos en productos esenciales, y retrotraer los valores de 2.300 artículos a los precios que regían el pasado 6 de marzo. Sin embargo, a partir de fiscalizaciones realizadas por AFIP y Defensa al Consumidor se registró un notable incumplimiento en las tarifas, en su mayoría por parte de comercios de barrios.
Ante la catarata de protestas por parte de los consumidores, los intendentes le plantearon la problemática a Alberto Fernández ya que de acuerdo a la normativa vigente, las autoridades locales solo tienen capacidad de control en materia de seguridad, higiene, bromatología, pero no para casos de comerciantes especuladores o formadores de precios.
“Con ese DNU, lo que vamos a lograr es que los intendentes tengan facultades de aplicar la Ley de Defensa de la Competencia y de sancionar directamente a esos lugares”, anunció el Presidente ayer durante una entrevista con el blog El cohete a la Luna. Pese a las definiciones de Alberto Fernández, a última hora de este domingo los propios jefes comunales no habían sido informados sobre si serían facultados con la aplicación de la ley mencionada por el mandatario o por la Ley de Abastecimiento.
En diálogo con Infobae, Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y vicepresidente del Partido Justicialista bonaerense celebró la decisión adoptada por Nación, ya que “este decreto nos da facultades para intervenir sobre el precio del producto”. Si bien hasta el momento desconocía la letra chica de la normativa que se publicará en el Boletín Oficial en las próximas horas, expresó que de ahora en más podrán “establecer sanciones como hacemos con el resto de las áreas, de distintas escalas, siendo la clausura la sanción máxima”.
Gray graficó las dificultades que tuvieron estas dos semanas los intendentes para hacer cumplir que no haya aumentos desmedidos: “Con Precios Cuidados empezamos a controlar los precios pero no tenemos facultades sancionatorias; luego vinieron los 2 mil productos con valores máximos y empezamos a recibir denuncias de vecinos, pero tampoco tenemos como intervenir sobre el precio”. Por otra parte incluyó la problemática de poder identificar dónde surge el aumento del producto; si es responsabilidad del comerciante, o si éste es una víctima más del productor, el intermediario, o el transportista: “Es una discusión imposible de determinar desde nuestro lugar, porque todos responsabilizan al otro”.
En la misma sintonía habló con este medio el intendente de Juntos por el Cambio, Diego Valenzuela, quien resaltó que Nación intente acomodar la situación dándoles “un rol desde el control”, sin embargo pidió “que haya un análisis de toda la cadena comercial”. “Vemos precios abusivos y no tenemos las herramientas para intervenir, nos encontramos con avivadas del comerciante o del proveedor”, explicó el jefe comunal de Tres de Febrero. Como gesto político, resaltó que desde la oposición “tenemos la predisposición de ayudar, es un tema clave en la cuarentena”. “Los municipios estamos para colaborar porque somos el eslabón mas cercano a los vecinos, después hay que ver cuánto podemos hacer con los recursos municipales que siempre son limitados”, advirtió.
En ese sentido, Valenzuela insistió en la necesidad de analizar toda la cadena comercial ya que “no podemos clausurar livianamente porque nos quedamos sin almacenes en los barrios, hoy el abastecimiento es clave para el cumplimiento de la cuarentena”. “Tenemos que lograr infracciones, penalidades que corrijan las situaciones tratando de evitar que cierren algunos negocios que son clave para el abastecimiento de la gente”, explicó sobre un posible efecto secundario de este decreto.
Por su parte, Jorge Macri, manifestó que “este DNU nos otorga herramientas para que los comerciantes no tengan la excusa de decir que no estamos habilitados para poder controlarlos, nos da un marco de legalidad”. Dado que el AMBA concentra la mayor cantidad de casos de coronavirus del país, los intendentes están sujetos a tres ejes centrales, explicó el jefe comunal de Vicente López: “Prepararnos para las necesidades de salud y atender a la gente; garantizar la alimentación de todos aquellos que no pueden acceder hoy a alimentos y limitar la circulación para evitar el contagio". En ese sentido, el dirigente del PRO apuntó a que "uno de los ejes de trabajo es limitar las avivadas y las picardías de los comerciantes o los distribuidores de alimentos, que muchas veces son más pícaros que los comerciantes”.
Cuestionamientos al DNU
Así como hay comunión entre intendentes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio para respaldar el DNU que les garantizará el control de precios en los comercios, surgen interrogantes entre oficialistas y opositores sobre la necesidad y el modo de aplicación de esta normativa.
El jefe comunal de Cambiemos, Julio Garro, en declaraciones a Infobae, dijo que “con o sin decreto” en La Plata “siempre se controlaron los precios, tanto con la gestión anterior como con la actual, en pequeños y grandes comercios”. “Hay un convencimiento -no solo en momentos críticos como este- de que el abuso va a en contra de la gente, si no es la inflación es la pandemia”, explicó sobre como lleva a cabo su gestión municipal en este aspecto. “Con o sin decreto es la obligación de cada intendente controlar y cuidar dentro de su municipio el control de los precios porque en definitiva le termina impactando a la gente que le toca gobernar”.
Casi en soledad, el macrista Javier Iguacel, de Capitán Sarmiento, se opone a la normativa. Consideró, a través de sus redes sociales, que “la responsabilidad de cuidar los precios” es exclusivamente de Alberto Fernández. Juan Zabaleta, jefe comunal de Hurlingham y de los más cercanos al Presidente, le respondió al ex ministro de Energía de Mauricio Macri: “Que pena que haya algunos que buscan sacar ventajas políticas en esta situación tan difícil. Por suerte, intendentes de todos los espacios nos vamos a hacer cargo de cuidar el bolsillo de la gente”.
Con estricto pedido de no revelar la fuente, un intendente kirchnerista informó que el pasado sábado desde la Gobernación bonaerense le habían anticipado que saldría esta normativa. Si bien respaldó la decisión ya que “ahora tendremos más poder de acción", explicó que “la descentralización de esto es porque el Gobierno nacional no tiene la capacidad de auditar e inspeccionar todo, y también para que los intendentes contemos con esa flexibilidad”. Según el relevamiento que hizo en su distrito, la principal problemática es con la yerba, el aceite, el azucar y lacteos, y responsabiliza directamente “a los formadores de precios”.
Sin embargo, desligó a los almacenes de barrio, sobre quienes principalmente puso la lupa el Gobierno nacional con esta última medida: “No tienen la culpa, te muestran la factura, ves el costo que tienen y no podes matarlos”. En ese sentido cuestionó que “se debería haber hecho lo de los precios mínimos y máximos siendo más específicos entre comercios grandes y chicos”.
Ayer Alberto Fernández cargó directamente contra los comercios más chicos: “¿Por qué los grandes hipermercados pudieron sostener los precios cuando no son precisamente hijos del socialismo?, ¿Por qué pudieron y el pequeño no? Porque está lleno de pequeños comerciantes que especulan con la necesidad de sus vecinos y les cobran lo que no les tienen que cobrar. Eso también pasa. Eso pasa mucho. Y el hecho de que sea chico no lo hace menos ambicioso y eso hay que corregirlo”, cuestionó el mandatario.
“Es muy difícil aplicar una ley general en un sector donde hay tantas diferencias de competitividad”, declaró el intendente kirchnerista quien reveló que en su municipio, el 85% de los productos están a un menor precio que lo que figuran en el listado que publicó el Gobierno. “Si al comercio le das un mínimo y un máximo, te pone el máximo... es obvio que te va a remarcar. Si en 100 productos tenes 85 que están por debajo, sacá la cuenta de si sirve o no publicar una lista donde vas a hacer aumentar los precios”, advirtió.
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