Por qué se cayó el DNU para estatizar el sistema de salud y cuáles son los planes del Gobierno para los próximos días

Descartado por ahora eI DNU de la discordia, que ya estaba redactado y a la firma del Presidente para establecer de “interés público” a los recursos sanitarios y que tengan “finalidad pública y distribución pública” durante la emergencia por la pandemia, lo que está elaborando el Ministerio de Salud es una resolución para acelerar la homologación de profesionales médicos y paramédicos extranjeros y un sistema para que se pueda monitorear la disponibilidad de camas hospitalarias de terapia normal e intensiva, para que asegurar que nadie quede privado de atención en caso de que lo necesite.

No fue esta una buena semana para Alberto Fernández. En Olivos, desde donde en medio de la cuarentena se gobierna a la Argentina, se comenta que fue Vilma Ibarra quien frenó lo que ya era un hecho. La Secretaria Legal y Técnica le avisó al Presidente que detrás de esa disposición iba a venir una ristra de demandas contra él una vez superada la pandemia y el decreto se dejó de lado.

Ayer sábado por la mañana hubo una reunión de varias horas en el Ministerio donde se trabajó para encontrar una manera para brindar la información de un modo práctico, que pudiera servir para que la autoridad sanitaria -llegado el caso- facilite que la emergencia llegue a cada rincón, asegurando una prestación igualitaria y de calidad, dejando el sistema de salud en capacidad para seguir prestando servicios una vez concluida la pandemia.

Por Salud, estuvo el secretario de Calidad de Salud, Arnaldo Medina, ex vicerrector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, de Florencio Varela, quien arrancó en la emergencia recorriendo las provincias donde se proyectaron los hospitales modulares. En representación de los privados, tampoco estuvieron los principales dirigentes de las cámaras, sino José Sánchez y Guillermo Lorenzo, de la UAS. En nombre de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo encargado de regular la actividad, Néstor Porras.

Finalmente, los privados lograron una mesa para analizar los recursos sanitarios y también financieros e impositivos para enfrentar la emergencia sanitaria, hablando no solo de protocolos que tengan en cuenta la salud de los profesionales, sino también la necesidad de importar algunos insumos. Desde ambos lados del mostrador se aseguró que brindarán la información que se les solicite porque “como dijo el Presidente, las salas de situación son las que nos permitirán estar online”.

Los ánimos se calmaron. Los empresarios lograron lo que querían. Aseguran que desde el 15 de enero, cuando la OMS publicó el protocolo para el diagnóstico de 2019-nCoV (así se lo llamó técnicamente entonces), venían pidiendo una reunión con las autoridades nacionales para saber cómo tenían que prepararse, qué debían esperar, de qué modo se iba a coordinar. Pero no lograron que nadie los convocara.

Claro que Argentina vive una emergencia. Aunque siempre llamó la atención que referentes claves del sector privado de la salud ni siquiera hayan logrado una comunicación telefónica con Ginés González García. ¿Por qué el ministro se escondía? ¿No quería tomar más demandas? ¿Temía reclamos de fondos, que claro que existen? ¿Esperaba encontrar un piso a la crisis para poder organizarse?

En Salud, sin embargo, lo niegan. “Puede ser con alguno, pero en general hablamos con todos, siempre y tenemos la mejor relación”, le aseguró un funcionario a Infobae. Se quejó, además, de que hay intentos de aumentar cuotas y aranceles, lo que es inadmisible en este momento. Y puso de ejemplo el caso de una cámara de anestesistas de San Juan, que ya expresó su pretensión de aumentar el 100% de sus honorarios.

Vale destacar que cuando se habla del sector privado de salud, no se está hablando de prepagas, sino de 30 millones de argentinos que son atendidos por prestadores hospitalarios, odontológicos y de los más diversos diagnósticos que están distribuidos en el país y ofrecen servicios para el conjunto del sistema que no es público.

A grandes números, solo hay 6 millones de personas que tienen cobertura en las prepagas, de las cuales 4.500.000 millones son afiliados corporativos y apenas un millón y medio tiene ese seguro en forma individual o familiar. Luego está la gran obra social de los jubilados y pensionados, el PAMI, que tiene 6 millones afiliados, y hay 18 millones que reciben salud a través de las obras sociales sindicales y provinciales (incluyendo el IOMA, de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo). Estas 30 millones de personas son atendidas por los prestadores privados.

Lo suelen decir desde Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Entidades de la Salud (UAS) hasta Jorge Cherro, titular de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (ADECRA): el 70% de los argentinos reciben atención a través de esa compleja red de servicios privados y solo 30% lo hace a través del sistema público, que incluye los hospitales e institutos de diagnósticos nacionales o provinciales y los centros de atención primaria de la salud (CAPs), o distintas formas de ofertas de cercanía a la población, como el caso de las 17 UPAs, mayoritariamente distribuidas en el conurbano bonaerense.

No se necesitaba ser un experto para anticipar que con el nuevo virus detectado vendría una fenomenal presión sobre el sistema de salud. Con información todavía escasa, la mayoría empezó a proveerse de protocolos para enfrentarlo, conversando con los responsables locales de la Salud, capacitando al personal y proveyéndose de los elementos más urgentes (respiradores, camisolines, cofias, antiparras y barbijos). Los primeros casos en la Ciudad de Buenos Aires dan claras muestras de que el sistema local ya estaba preparado, si no en la cantidad que pronostican las estadísticas, en el tipo de atención que exigía.

Quizás por eso hubo estupor cuando empezó a trascender que el Gobierno preparaba ese famoso DNU para declarar de “interés público” a todo el recurso sanitario de la Argentina. “No vamos a discutir la propiedad, podrá ser estatal o privado, pero creemos que tiene que tener un comportamiento igualitario para todos los argentinos”, había dicho el miércoles por la tarde en una videoconferencia que realizó ante la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados.

Diez días antes, el ministro había dicho algo más genérico al respecto en una entrevista televisiva. “Vamos a garantizar el trato igualitario en materia de salud”, fueron más o menos sus palabras. ¿Quién puede estar en contra? En la Argentina, en rigor, la salud está garantizada no solo en la fría letra de la Constitución Nacional sino en la oferta concreta donde las diferencias son más de hotelería que de provisión. “El Programa Médico Obligatorio garantiza el tratamiento más sofisticado a todo el que lo necesita”, explican en el mundo privado.

Claro que “hubo terror en algunos estamentos políticos”, aseguran en la Cámara de Diputados, mientras ponen el foco en Axel Kicillof, calificado como un “inexperto gobernador de un territorio que no conoce”, y en Máximo Kirchner, presidente del bloque Frente de Todos de la Cámara de Diputados.

Se cuenta que el hijo de la Vicepresidenta recorre obsesivamente los hospitales de la primera y tercera sección electoral, para conocer de primera mano cuáles son los recursos que de verdad cuenta la Provincia. No les cree a los intendentes. Está convencido de que dicen que tienen recursos de los que carecen. De hecho, fue por su consejo que la Nación cerró el acuerdo con el Sindicato de Camioneros para que la totalidad de las camas (330, dijo el Gobernador bonaerense) sean preparadas como terapia intensiva para uso de los bonaerenses. La semana pasada, Infobae contó que la mismísima Cristina Fernández de Kirchner se ocupó de llamar uno por uno a los distritos del Gran Buenos Aires para pedir precisiones de camas y recursos sanitarios.

“Duplicaron la capacidad de terapia intensiva de la Provincia”, dijo aliviado Kicillof en el acto que se hizo en la semana en el polémico Sanatorio, una confesión a la que ningún intendente se había animado. Hubo uno que dijo que en su distrito tenía una disponibilidad de 800 camas para tratamientos intensivos, una mentira flagrante. Gestionar en estos tiempos no es para cualquiera. “Me alisté en el Ejército y se declaró una guerra, así que ahora no puedo quejarme”, comentó un funcionario sobreviviente de sucesivas batallas en el Estado.

Cuentan en el Gobierno que la empatía que el Presidente alcanzó con Horacio Rodríguez Larreta se debe a la precisión que le manifiesta en cada dato que le brinda, sobre los asuntos más variados, y siempre sin mentir ni mentirse. “Tiene la administración en un puño. Decide y se pone en marcha”, le comentó Alberto a un amigo, mientras se quejaba de la propia.

Nada más alejado a lo que sucede en Nación. La diputada Graciela Ocaña no salía de su asombro porque, para el pedido de informes que el bloque Juntos por el Cambio de la Comisión de Salud que dio González García, se informó que “recién el 18 de marzo se contrataron los 42.500 kits para determinar COVID-19, cuando se lo viene prometiendo hace dos meses" y "la Jefatura de Gabinete dispuso el 26 de marzo un incremento del presupuesto del sistema de testeo para que se puedan adquirir 500.000 tests para determinar COVID.19, todavía no se sabe cuándo los van a comprar ni mucho menos cuándo estarán disponibles”. “Todo se esta haciendo excesivamente lento en la administración pública”, dijo la ex ministra de Salud.

Algo de eso debe haber, por eso lo primero que hizo el Presidente cuando escuchó los cacerolazos es convocar para la mañana siguiente a Rodríguez Larreta para saber si él tenía algo que ver con la protesta, como si temiera perder con un aliado en estos tiempos de guerra. “De ningún modo, Alberto, es obra de algunos gurkas de nuestro espacio, pero nadie que esté vinculado a mí”, le aseguró el Jefe de Gobierno. Compungido, Fernández le contestó: “Te creo, yo también tengo gurkas, hay unos que quieren que estatice Techint”.

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