La ONG líder en la lucha contra la corrupción a nivel mundial, Transparencia Internacional (TI), exige a los gobiernos de América Latina tomar medidas para minimizar los riesgos de un uso indebido de los recursos públicos destinados a combatir la pandemia del coronavirus y garantizar la transparencia en la asignación presupuestaria para permitir su control.
Los capítulos regionales de TI conformaron un grupo de trabajo para identificar los riesgos de corrupción en medio de la situación de emergencia provocada por el COVID 19. En Argentina, será Poder Ciudadano la organización que enviará mañana el documento elaborado a la Jefatura de Gabinete y a los distintos ministerios. La ONG buscará, además, generar una instancia de diálogo para que las propuestas de Transparencia Internacional sean tenidas en cuenta.
Entre las recomendaciones, se destacan la centralización de la información sobre compras y contrataciones en la emergencia sanitaria, publicada de forma “oportuna, continua y verificable”, en un mismo sitio web específico, abierto a la ciudadanía, donde se expliquen las compras, las excepciones y los fundamentos de cada decisión.
“Una situación de crisis no puede implicar esquivar las herramientas tradicionales para controlar los asuntos públicos. Y si bien hay procedimientos que son alterados por la emergencia y excepciones, los mecanismos de control habituales por parte los diferentes organismos como la SIGEN, por ejemplo, siguen vigentes. Pero además, se tienen que crear herramientas adicionales para transparentar el uso excepcional de recursos públicos, por fuera de los mecanismo habituales”, advirtió Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano.
Secchi agregó, en este sentido, que “al haberse suspendido todos los plazos en la administración pública, el instrumento del Pedido de Acceso a la Información Pública no permite obtener datos en los tiempos previstos por la ley, por lo cual la información debe estar disponible en un lugar específico donde la sociedad pueda ver cómo se usa el dinero y por qué se toman determinadas decisiones”.
Las cinco recomendaciones de TI están detalladas en un documento de 9 páginas denominado “Contrataciones públicas en estados de emergencia”, al que tuvo acceso Infobae, que incluyen, además de la transparencia en la información con datos abiertos, la fundamentación sobre la administración de los recursos ante la emergencia, la rendición de cuentas en tiempo real, garantías para la competencia económica, y el seguimiento al gasto público durante la contingencia, con mecanismos de vigilancia adicional a las medidas extraordinarias que se tomen.
El documento completo con las recomendaciones de Transparencia Internacional a los gobiernos de América Latina
Los ejes del monitoreo del grupo de trabajo
En una conferencia de prensa virtual con los distintos referentes de los capítulos latinoamericanos de TI, Bruno Brandao, de Transparencia Internacional Brasil, precisó los tres ejes en los que se focalizará el monitoreo del grupo de trabajo de TI Latinoamérica: las contrataciones públicas de emergencia, la preservación de acceso a la información publica en un contexto de desorganización del gobierno frente a la crisis y el riesgo de captura del Estado por parte de determinados sectores.
Sobre este último eje, explicó que “ante la situación de emergencia, los gobiernos están respondiendo con una política fiscal expansiva del gasto público, de estímulo económico, que incluyen regímenes especiales, beneficios para determinados sectores y moratoria de impuestos. Pero estas medidas pueden conllevar el riesgo de privilegiar a algunos grupos con más poder de lobby que otros”.
Y si bien calificó como correctas las políticas de aumento del gasto público en un contexto excepcional como el actual, “es de suma importancia la transparencia en el proceso de planeamiento de los estímulos económicos, que debe ser observado con mucha atención por la sociedad civil, los periodistas y el mismo mercado, para lo cual debe poder acceder a información sobre las condiciones de competencia en las contrataciones”.
Por su parte, Eduardo Bohórquez –de Transparencia Mexicana– informó que ya detectaron en la región “las primeras señales de sobreprecios en las compras, al haberse concretado sin respetar los protocolos para las contrataciones”.
Por eso, destacó que es fundamental que “la información de contrataciones públicas y manejos presupuestarios se concentre un solo sitio, para que todos puedan ver cuando se usan gastos adicionales a los previstos y permitir una rendición de cuentas de lo que se está haciendo en tiempo real, y no después que termine el ejercicio fiscal”.
En tanto, Olga de Obaldía –de Libertad Ciudadana de Panamá– señaló que “hay consecuencias importantes al no tener una estrategia nacional para contener oportunismos, evitar la colisión de intereses y un rompimiento de los mecanismos normales de contratación. Si los recursos públicos –que siempre son escasos– se utilizan mal, la atención médica no es la que debería ser o no llegarán todos los recursos previstos”.
Y recordó que el tema no es regional, sino global. “En el caso de la epidemia de ébola hace cuatro años en África, al haberse relajado los procesos que ya de por sí no estaban muy institucionalizados, el costo en vidas fue mayor. Momentos como estos requieren que no se relajen los controles anticorrupción”.
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